El bloque de Unión por la Patria consiguió que otras bancadas acompañen una modificación de la ley procesal laboral.
Una extraña alianza entre los bloques de UP, el desprendimiento de libertarios agrupado en Unión Renovación y Fe y los monobloques del Frente de Izquierda de los Trabajadores constituyó la mayoría para aprobar la discutida normativa que modifica la fórmula para establecer las indemnizaciones laborales en la provincia de Buenos Aires.
Los radicales y aliados que conforman los bloques de la UCR+CF y Acuerdo Cívico solicitaron autorización para abstenerse, mientras que los bloques del PRO, CC, LLA y los monobloques de BA Libre y Libre se pronunciaron en contra.
El proyecto de ley presentado por la diputada de UP Maité Alvado busca modificar el artículo 48 de la Ley 11653, de los Tribunales de Trabajo bonaerenses, que tienen a su cargo la administración de la justicia laboral.
La idea propuesta en la iniciativa pretende eliminar el postulado que establece la tasa activa, del Banco de la Provincia de Buenos Aires, para determinar los intereses que se adicionan a las indemnizaciones laborales al momento del pago.
La iniciativa que deberá ser considerada en el Senado, tras su aprobación en diputados, contó el respaldo del Ministerio de Trabajo bonaerense, y de abogados y magistrados laboristas con actuación en el ámbito provincial.
Se propone que la tasa activa de la entidad bancaría pública sea reemplazada por el índice del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), reglamentada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) más una tasa pura del 6% anual, desde la fecha de exigibilidad del crédito hasta el pago efectivo; tasa que se utiliza por la Justicia Federal y otros Estados provinciales, y cuenta con una relación “más realista” con la inflación.
La modificación cobra impulso al considerarse que en los 4 o 5 años que duran los juicios laborales en la provincia el cobro de la indemnización se devalúa debido a la alta inflación imperante, más teniendo en cuenta que el monto compensatorio tiene una dependencia mucho mayor a su tasa de interés.
Por el lado del PRO, el legislador de Olavarría Martín Endere coincidió sobre el argumento opositor repetidos por todos, inclusos por aquellos que se abstuvieron, de “inconstitucionalidad” del proyecto sobre indemnizaciones laborales.
“Es importante traer a colación el antecedente de la ley 14.399 de 2012 en el que se trató la modificación del artículo 48 de la ley de procedimiento laboral. Allí se estableció la Tasa Activa como factor de actualización de los créditos laborales. Dicha ley fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia en 2013”, dijo Endere.
La conducción del bloque de UP en un pasaje de la sesión.
“Entendemos que la voluntad es modificar una situación en la que se venían deteriorando los créditos laborales de los trabajadores, pero la iniciativa genera el efecto contrario al que se busca, que es la dilación de los procesos por su carácter de inconstitucional. Las soluciones a la problemática de la aplicación de la tasa pasiva en las indemnizaciones están en mano del Congreso Nacional”, puntualizó el diputado PRO.
Por otra parte, la abstención del bloque Acuerdo Cívico (UCR+GEN), fue comunicada por el tandilense Matías Civale, “nos vamos a abstener, entendemos la voluntad de los diputados oficialistas y compartimos la iniciativa de acompañar a los trabajadores despedidos, pero la coyuntura actual del país nos obliga a ser cuidadosos con las legislaciones que ataca directamente a las micro, pequeña o mediana empresas (MiPymes)”.
El otro espacio que se abstuvo en la votación fue el bloque UCR + Cambio Federal, conducido por Diego Garciarena, que si bien valoró “el espíritu” de la iniciativa también sostuvo que la misma puede llegar a ser considerada “inconstitucional” y fundamentó su abstención que “no es competencia” de la legislatura provincial establecer esta cuestión sino del Congreso de la Nación.
“La primera cuestión que quiero mencionar es que el proyecto es constitucional”, aclaró la autora del proyecto y miembro informante del oficialismo Maité Alvado y consideró que existe un “vacío legal” en el cual Nación legisla sobre lo que no le corresponde.
“No podemos delegar la facultad de legislar a los jueces, ellos tienen la facultad de interpretar y aplicar las normas que nosotros escribimos. No tenemos la misma Corte Suprema que en 2013 declaró inconstitucional la ley anterior. Los criterios pueden cambiar. ¿Acaso no podemos volver a discutir algo que tuvo en fallo en contra hace 10 años? El objetivo no es agravar ni duplicar la indemnización como muchas veces se quiso malinterpretar, es actualizar el monto y, en definitiva, emparejarlos a los niveles inflacionarios”, sentenció Alvado en su discurso ante el recinto de diputados.