Se llevó a cabo la primera reunión informativa entre Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento para plantear modificaciones a la Ley 26.122. Plazos, la Comisión Bicameral y qué temas fueron los puntos desarrollados. UP reclamó por el dictamen de la visita libertaria a Ezeiza.
Las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento mantuvieron este miércoles una reunión informativa para comenzar a dar tratamiento a los proyectos que buscan reformar a la Ley 26.122 que establece el régimen legal de los decretos de necesidad y urgencia, delegación legislativa y promulgación parcial de leyes.
La reunión responde a un emplazamiento votado en la sesión especial del miércoles pasado, cuando la Cámara de Diputados ratificó el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario. El pedido fue encabezado esa tarde por el diputado nacional Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal – Córdoba) en el recinto y aprobado por votación de signos.
El encuentro se extendió por más de dos horas y media, al cabo de las cuales se acordó continuar la próxima semana con invitados. Pero teniendo en cuenta la cantidad que podrían ser convocados, diputados de la oposición pidieron adelantar la hora de convocatoria. Dejando claro que el oficialismo no tiene interés en acelerar el debate, el titular de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, recordó que ese era el horario que había sido acordado en el emplazamiento y se mantuvo entonces el de las 17 como hora de inicio para las reuniones sucesivas. Que serían la próxima semana, con el objetivo de dictaminar en la siguiente.
Al respecto, Mayoraz aclaró que no nada obligaba a que debieran dictaminar ese día. Y desde el Pro se pronunciaron también porque el debate no sea apurado y que por el contrario se escuche a todos los especialistas que se deban escuchar.
Sobre más de una decena de proyectos puestos a consideración, el diputado Agost Carreño defendió su texto y aportó que “es bastante restrictivo”, y planteó modificaciones sobre la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo: “Que pase de 16 a 24 integrantes, que siempre esté constituida y funcionando, con plazos de 60 días para que se expidan las cámaras, con control de modificación sobre (los cambios a) leyes de fondo y que se esté acompañado por el acta de la reunión de ministros”.
También, propone que, con el rechazo de una Cámara, los decretos pierdan vigencia y que “se puedan aceptar modificaciones”. “Es una oportunidad de elevar la calidad institucional y no es en contra de ningún presidente, si no a favor de la República”, agregó Agost Carreño, quien sumó que “es inadmisible que tenga más valor un DNU que una ley y es dañino para la democracia, que entre en vigencia con una sola aprobación”.
Nicolás Mayoraz condujo la reunión del plenario. (Foto HCDN)
Al igual que varios integrantes de la oposición dialoguista sugirió tomar como boceto al modelo de Brasil, el cual llama “medida provisoria” a los decretos del Poder Ejecutivo Nacional y regla que si no son tratados en los primeros 120 días, se derogan. También, le aclaró al oficialismo: “¿Por qué ahora? Porque hay predisposición de varios bloques y a partir del DNU 70 se despertaron incógnitas”.
Criticó, además, que medidas que se bajaron de la Ley de Bases estén saliendo por decreto de necesidad y urgencia; al igual que varios dialoguistas fue crítico del DNU 70/2023: “No hubo en la historia uno tan extenso”; y cerró: “No podemos permitir que un presidente derogue por DNU los cambios buenos de cualquier gobierno”, y con esto “vamos a lograr calidad institucional”, concluyó.
Luego, el jefe de bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, catalogó al debate como “el debate más interesante de los que pasamos por el Congreso desde 1994”, y anticipó que las próximas reuniones serán en presencia de constitucionalistas. Igual que todos los integrantes de la oposición dialoguista aclaró que “no es una ley en contra de Javier Milei”, si no que “es pensando en los futuros presidentes que le puedan gustar o no a otros”. Irónicamente, mencionó a Axel Kicillof, Juan Grabois y Patricia Bullrich.
En relación al tema Aerolíneas Argentinas y el interés del Gobierno nacional de privatizarla a través de un DNU, López opinó que “crear empresas por decreto también está mal”. “Entendemos que cualquier oficialismo se va a resistir, pero está la oportunidad de juntar 129 en Diputados y 37 en el Senado”, auguró.
Por otro lado, la diputada nacional Silvana Giudici (Pro) criticó a los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner por la creación de esta ley, y añadió: “Cuando digo que el kirchnerismo trajo esta ley para violentar las instituciones de la democracia, les cuento que los DNU fueron absolutamente inconstitucionales”. En ese punto, mencionó a las modificaciones de la alícuota de la soja, uso de reservas y la salida de Martín Redrado del BCRA, entre otros decretos de esa época.
Llamó, también, al uso de decretos en connivencia con esta ley como “la tiranía de las mayorías”. Sin dar expresarse sobre el rechazo o el acompañamiento, cerró: “Miran la película de un solo lado, tienen que verla de manera completa porque antes proponíamos derogar esa ley que convirtió a este Congreso en una escribanía”. “¿Por qué no fue antes?”, cuestionó.
Luego, el diputado nacional Juan Brügge (Encuentro Federal – Córdoba) aportó: “Debo decir que no es un problema de quien dictó más DNUS, si no que estamos en presencia de una mala ley para beneficiar los Ejecutivos de turno porque con esta ley el Congreso se borró”. “Esta ley invierte el rol del Congreso y se lo entrega al Poder Ejecutivo”, señaló.
El cordobés pidió incluir su proyecto al temario, pero se encontró con la negativa de Nicolás Mayoraz, presidente de Asuntos Constitucionales, quien explicó que se trataba de una reunión especial por haber sido emplazada. “estamos legitimados ( a incorporar proyectos) como representantes del pueblo”, contestó Brügge.
La diputada radical Carla Carrizo propuso tres cuestiones para “dar equilibrio” a la gobernabilidad, y mencionó: “Tiempo acotado, dos cámaras para derogar y límites en los temas”, este último punto fue en detrimento del DNU 70/23, el cual modificó un centenar de leyes.
“No es quitar capacidad de gobernar, sino quitarle el monopolio de arbitrariedad acotando el tiempo y las materias (una por vez) para legitimar rápido”, agregó y le envió un mensaje al presidente Milei: “No me gusta cuando denosta la Constitución Nacional del 94 y le pido que empiece a reivindicar los grandes acuerdos políticos de este país”.
Del lado de Unión por la Patria, la diputa entrerriana Carolina Gaillard (Unión por la Patria – Entre Ríos) expresó que “la Constitución Nacional es concreta y taxativa en que el Poder Ejecutivo Nacional no puede legislar”. Y cargó contra el 70/23: “Demuestra el uso desmedido e irracional, y es inconstitucional”.
En ese punto, se refirió a la cantidad de leyes derogadas por ese decreto y le sugirió a toda la oposición “ponerse de acuerdo” para que en la próxima sesión en el recinto de la Cámara de Diputados sea derogado.
A tres meses del viaje de seis diputados libertarios a la Unidad Penitenciaria de Ezeiza para encontrarse con genocidas condenados por delitos de lesa humanidad, Unión por la Patria, en voz de Paula Penacca, le reclamó a las autoridades de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento por la resolución del dictamen tratado a principios de septiembre.
Paula Penacca al traer al debate la cuestión de la excursión al penal de Ezeiza. (Foto: HCDN)
Entre gritos e interrupciones, Nicolás Mayoraz, presidente de Asuntos Constitucionales, mostró su malestar ante la irrupción con el tema del bloque opositor, pues no era parte del temario del día. La diputada camporista continúo con la lectura del reclamo y luego, fue avalado por Esteban Paulón y más tarde, por el radical Fernando Carbajal .
En tanto, la presidenta de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, Silvia Lospennato, no se manifestó al respecto durante las dos horas y media que duró la reunión plenaria.