El diputado del Pro presentó un proyecto que reemplaza la indemnización por despido por un fondo individual, flexibiliza las modalidades de contratación y elimina la personería gremial exclusiva. Apunta a reducir costos y formalizar empleo, pero anticipa polémica sindical.
El diputado nacional de Pro Gerardo Milman presentó en la Cámara baja un ambicioso proyecto titulado “Reforma Integral del Régimen Laboral para la Formalización y el Empleo”, que plantea cambios de fondo en la Ley de Contrato de Trabajo (20.744) y en la Ley de Asociaciones Sindicales (23.551).
La iniciativa crea el Contrato Único de Trabajo (CUT), una modalidad optativa para empleadores y trabajadores que garantiza aportes previsionales, obra social y demás beneficios, pero elimina la indemnización por despido prevista en el artículo 245, reemplazándola por un fondo individual de cese laboral. Este fondo sería alimentado por el empleador con un aporte mensual equivalente al 8% del salario bruto y de libre disposición para el trabajador al finalizar la relación laboral “por cualquier causa”.
El CUT podrá ser por tiempo determinado o indeterminado, con jornada adaptable dentro de los límites legales (8 horas diarias o 48 semanales), y convivirá con los contratos actuales durante un período transitorio de cinco años, con incentivos fiscales para su adopción.
El texto también incorpora nuevas figuras contractuales:
■ Contrato por proyecto, con duración máxima de 12 meses (renovable una sola vez).
■ Contrato temporal, para actividades estacionales, de hasta 6 meses.
Ambos incluyen aportes previsionales y obra social, pero no indemnización por finalización a término.
En materia sindical, Milman propone libre afiliación y desafiliación, eliminación de la obligatoriedad de aportes salvo consentimiento expreso, competencia sindical plena y fin de la personería gremial exclusiva, habilitando múltiples asociaciones representativas por sector o empresa.
El proyecto también incorpora un procedimiento de conciliación administrativa obligatorio previo a la vía judicial, con un plazo máximo de 30 días para resolver conflictos, y fija que los juicios laborales no podrán extenderse más de 180 días hábiles. Además, plantea digitalizar todos los registros laborales y que el Estado financie programas de capacitación y reconversión para mejorar la empleabilidad.
En sus fundamentos, Milman sostiene que la legislación vigente “se ha convertido en un entramado legal que ahoga la iniciativa privada, desincentiva la contratación y perpetúa una economía dual”, y cita a la OCDE para argumentar que la rigidez normativa y los altos costos de despido fomentan la informalidad.
Defiende que el nuevo sistema no busca quitar derechos, sino “proteger al trabajador y no al puesto de trabajo”, en línea con modelos internacionales como el seguro de cesantía en Chile, la flexicurity danesa o la reforma laboral de Nueva Zelanda.
El legislador afirma que la reforma permitirá “aumentar la tasa de formalización, incrementar la movilidad laboral, reducir la litigiosidad y mejorar la competitividad”, y que se trata de “un paso hacia una Argentina donde la libertad de trabajar y de contratar sea real, no retórica”.