La Corte Suprema de Justicia exhortó recientemente al Congreso a que designe un defensor del Pueblo, un cargo vacante desde hace 16 años. A raíz de ello, el diputado nacional Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) recordó dos proyectos que ya presentó para atender esta situación institucional.

El primero de ellos propone modificaciones a la Ley 24.284 con el objetivo de agilizar los mecanismos de designación y garantizar la cobertura de la vacancia. “Debemos arbitrar los medios a efectos de subsanar dicha falencia, ya que la designación del defensor del Pueblo resulta en definitiva el resultado de un acuerdo político, pero no podemos permitir que siga vacante un órgano de control que la Constitución consagró expresamente en 1994”, advirtió.

La iniciativa también incorpora la figura de un defensor Adjunto por Vacancia Prolongada, que asumiría provisoriamente las funciones por un plazo máximo de un año, a fin de evitar la parálisis del organismo.

El segundo proyecto busca reconocer la legitimación procesal activa de los defensores del pueblo provinciales y municipales para que puedan litigar ante la justicia federal en defensa de derechos colectivos y difusos.

“Nos encontramos ante un aspecto de suma trascendencia que debe ser normado atento el vacío normativo actual”, fundamentó Agost Carreño y explicó: “La propuesta contribuye al fortalecimiento institucional por cuanto el reconocimiento de esta facultad potencia a las defensorías como garantes de la legalidad y protectores de derechos fundamentales, en línea con los estándares internacionales de protección de derechos humanos y con la propia jurisprudencia de la Corte Suprema”.

De esta manera, el legislador cordobés plantea no sólo saldar la deuda de designar un defensor del Pueblo de la Nación, sino también dotar a las defensorías locales de herramientas para garantizar la plena vigencia de los derechos colectivos.