El Tribunal confirmó la pérdida del derecho a financiamiento público para una elección, tras comprobar que el partido contrató espacios radiales y televisivos disfrazados de entrevistas periodísticas durante la campaña de 2023.
La Cámara Nacional Electoral resolvió sancionar al Partido Demócrata Cristiano de la Ciudad de Buenos Aires por violaciones al régimen de publicidad electoral durante las elecciones primarias de 2023. La decisión, tomada por unanimidad por los jueces Daniel Bejas, Alberto Dalla Via y Santiago Corcuera, confirma la pérdida del derecho a recibir fondos públicos para campañas por el término de una elección, según lo previsto en el artículo 62 inciso e) de la ley 26.215.
La sanción se basa en la contratación de espacios en radio y televisión que fueron presentados como entrevistas periodísticas, pero que en realidad constituyeron publicidad electoral paga. El Tribunal consideró que esta práctica no solo infringe la prohibición expresa de adquirir tiempo en medios para promoción electoral, sino que además distorsiona la equidad de la competencia, otorga ventajas indebidas y confunde a los electores.
“La concertación dirigida a utilizar una actividad periodística para promover candidaturas, encubriendo su carácter oneroso, agrava la entidad de la ilicitud cometida”, señala la sentencia, que también cita jurisprudencia internacional que califica estas maniobras como “fraude a la ley”.
El partido alegó que recurrió a estas contrataciones por problemas técnicos con los espacios gratuitos asignados por la Dirección Nacional Electoral, y que se trató de “un servicio de difusión a través de periodistas particulares”. Sin embargo, el Tribunal rechazó estos argumentos, destacando que las facturas presentadas incluían rubros explícitos como “Publicidad para campaña de Diputados del Partido Demócrata Cristiano”.
La Cámara también advirtió sobre los desafíos que presentan las redes sociales y plataformas digitales, donde las posibilidades de realizar propaganda encubierta “se multiplican exponencialmente”. En ese sentido, alertó sobre el uso de influencers, cuentas falsas, contenido patrocinado disfrazado de orgánico e inteligencia artificial como herramientas que pueden afectar la transparencia del proceso electoral.
Desde 2018, el Tribunal impulsa iniciativas para mitigar estos riesgos y preservar la equidad en las campañas. La sentencia reafirma que el voto informado requiere comunicaciones claras, imparciales y verificables, y que la propaganda encubierta vulnera ese principio fundamental de la democracia.