El proyecto de ley fue presentado por la diputada entrerriana de Blanca Osuna. En los fundamentos, reveló un informe de IDESA que relató que en las auditorías llevadas a cabo por el organismo “el resultado fue un maltrato sistemático a personas con discapacidad, con largas esperas y suspensión arbitraria de beneficios”.
Después de la abrupta salida de Diego Spagnuolo de la Agencia Nacional de Discapacidad, la diputada nacional Blanca Osuna presentó un proyecto de ley para exigirle al nuevo interventor de ANDIS que se restituyan las pensiones no contributivas por invalidez laboral dadas de baja a partir de auditorías denunciadas por diversos organismos por los irregulares procedimientos a partir de los cuales se llevaron a cabo.
En segunda instancia, la iniciativa solicita la suspensión temporal de las auditorías en todo el territorio nacional, hasta tanto se garantice que los procedimientos aplicados respeten plenamente los derechos de las personas con discapacidad, conforme a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
El proyecto de ley encabezado por la diputada entrerriana fue acompañado con las firmas de Esteban Paulón de Encuentro Federal; y Jorge Araujo Hernández, Jorge Romero, Nancy Sand, Ricardo Herrera, Natalia Zaracho y Sabrina Selva de Unión por la Patria.
Sobre la suspensión de las auditorías, Osuna explicó que “dichos procesos no pueden realizarse mediante modalidades que vulneren los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, ni que omitan los ajustes razonables que exige su participación efectiva”, y aseveró: “La única argumentación aparente de las auditorias de ANDIS es la motosierra”.
El proyecto de Blanca Osuna fue acompañado por sus compañeros de bloque y por Esteban Paulón.
Luego, se sustentó en la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad y profundizó que “establece en su artículo 28 el derecho de las personas con discapacidad a una protección social adecuada, y que cualquier medida administrativa que pudiera implicar la pérdida o suspensión de beneficios debe instrumentarse con salvaguardas suficientes que eviten la vulneración de derechos”.
Amparó, además, su proyecto en el informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) que reveló que “la ANDIS implementó el plan de auditoría utilizando instrumentos muy rudimentarios. “Aparentemente se enviaron citaciones de manera masiva y sin un criterio estratégico para que los beneficiarios se presenten en oficinas públicas y el resultado fue un maltrato sistemático a personas con discapacidad, con largas esperas y suspensión arbitraria de beneficios”, sumó.
El proyecto de ley tiene giro a las comisiones de Discapacidad y Asuntos Constitucionales. La primera está en manos del diputado massista Daniel Arroyo y la otra está a cargo de Nicolás Mayoraz, quien se encuentra cumpliendo su rol de convencional constituyente en la provincia de Santa Fe.