A través de un proyecto, la senadora Mónica Silva reclamó explicaciones al Poder Ejecutivo y advirtió que “estamos ante una pérdida varias veces millonaria”.
La senadora nacional Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro) solicitó este miércoles al Poder Ejecutivo Nacional que informe sobre la impresión de más de 200 mil pasaportes defectuosos, explicitando períodos y lugares en que fueron distribuidos, como así también cuánto será el costo que tendrá el Estado en la reposición de los documentos a los ciudadanos afectados.
A través de un proyecto de comunicación, la legisladora señaló que “estamos ante una pérdida varias veces millonaria porque el número de pasaportes mal hechos supera los 200 mil”, y expresó que espera “recibir respuesta” de lo ocurrido.
Al fundamentar su iniciativa, la rionegrina aseguró que “resulta indispensable contar con información clara y detallada sobre: las causas técnicas del error; la cantidad de documentos comprometidos; los períodos de emisión y las delegaciones involucradas; las medidas de control aplicadas; los mecanismos de reemplazo implementados; el costo económico que significa esta falla para el erario público; y las acciones legales o contractuales iniciadas contra la empresa proveedora”.
Silva centró su reclamo en siete ítems donde se establezca las causas del error, la cantidad exacta de la emisión que resultó defectuosa, períodos y lugares en que fueron distribuidos, como así también “cuál fue el procedimiento de control de calidad aplicado antes de su distribución y por qué no se detectó la falla con anterioridad”.
Otro planteo apunta a saber cuáles son las acciones implementadas “para identificar, notificar y reemplazar los pasaportes afectados tanto en territorio nacional como en el exterior”, y cómo se informó a la población sobre el defecto del documento.
El costo de reposición de los pasaportes es otro de los requerimientos de la senadora, que además busca conocer “los mecanismos de compensación, si los hubiera” y saber si “se exigieron al proveedor responsable por los perjuicios ocasionados, y quién es el proveedor del material defectuoso”.
Finalmente, la legisladora patagónica planteó que medidas se adoptaron “para evitar que se repitan fallas de esta naturaleza en la emisión de documentos oficiales”.