La diputada nacional presentó un proyecto para replicar a nivel nacional el programa cordobés que facilita a jóvenes sin experiencia acceder al mundo laboral mediante entrenamientos, incentivos a PyMEs y selección por sorteo público.
La diputada nacional Natalia de la Sota presentó en la Cámara de Diputados el proyecto de ley “Programa Primer Paso Argentina”, una iniciativa que propone crear un esquema nacional para facilitar la transición de jóvenes desocupados sin experiencia al empleo formal. El programa toma como base la experiencia aplicada en la provincia de Córdoba y plantea dos modalidades: entrenamiento (hasta 12 meses, sin costo para el empleador) y contratación por tiempo indeterminado con incentivos fiscales y subsidios temporales.
El programa está dirigido a jóvenes de entre 16 y 30 años desempleados y sin experiencia laboral relevante, así como a personas con discapacidad o trasplantadas sin límite de edad que se encuentren desocupadas. Para participar los postulantes deberán inscribirse, acreditar residencia en el país, no estar percibiendo jubilaciones o ciertas ayudas sociales (salvo excepciones reglamentarias) y no haber tenido empleo registrado continuo en los seis meses previos; los menores requerirán el consentimiento de su representante legal.
Para evitar conflictos de interés y usos indebidos, el proyecto excluye como beneficiarios al cónyuge, conviviente y parientes hasta segundo grado del capacitador, y limita la adhesión de empresas que hayan incurrido en despidos masivos. Además prohíbe sustituir trabajadores registrados por beneficiarios del programa.
Las empresas que puedan adherir (micro, pequeñas o medianas según la Ley 24.467) deben estar registradas y sin obligaciones previsionales exigibles, no estar en el REPSAL y garantizar instalaciones, condiciones de higiene y seguridad y el respeto de regímenes disciplinarios. El proyecto establece cupos máximos de beneficiarios según tamaño de la empresa —por ejemplo, 1 beneficiario para firmas de 1 a 5 empleados; 2 para 6 a 10; 3 para 11 a 25; hasta 20% del plantel para 26–50; y hasta 10% para más de 50 empleados—, aunque la modalidad de contratación indefinida queda sin cupo.
Las modalidades previstas son dos:
Entrenamiento: prácticas de hasta 12 meses que no generan relación de dependencia con el capacitador ni con el Estado; el beneficiario recibirá una asignación estímulo no remunerativa que no podrá ser inferior al 100% del Salario Mínimo Vital y Móvil; el Estado garantiza cobertura de ART. La jornada máxima será de 20 horas semanales (no más de 8 diarias).
Contrato por tiempo indeterminado: si el empleador incorpora al beneficiario, podrá descontar del sueldo neto del empleado el beneficio percibido por el programa por un máximo de 12 meses; además gozará de una reducción del 100% de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino por hasta 12 meses.
La selección de beneficiarios se realizará por sorteo público a cargo de la Lotería Nacional, mediante sistema informático y con fiscalización notarial, sobre la base de las inscripciones válidas y las empresas habilitadas. La Autoridad de Aplicación (la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social o el organismo que la reemplace) podrá aumentar cupos en zonas de vulnerabilidad, priorizar equidad de género y protección de personas con discapacidad, y establecer sanciones para empresas que incumplan.
En materia de financiamiento, el proyecto prevé recursos provenientes del Fondo Nacional de Empleo y aportes del Tesoro Nacional, según las normas vigentes. La Autoridad de Aplicación tendrá a su cargo la coordinación con organismos nacionales y provinciales, campañas informativas y la publicación periódica de estadísticas y resultados.
En los fundamentos, De la Sota plantea que el desempleo juvenil y la precariedad laboral exigen políticas activas: recuerda el antecedente del Programa Primer Paso implementado en Córdoba desde 1999 —iniciativa asociada a su padre, José Manuel de la Sota— y subraya que esa experiencia “mejoró la empleabilidad” y tuvo mayor impacto positivo entre mujeres jóvenes. “El mejor camino para superar la pobreza es el empleo de calidad”, señala la diputada como eje del proyecto.
La iniciativa plantea reglas claras para evitar usos abusivos y busca combinar formación práctica con incentivos a las PyMEs para la generación de nuevos puestos de trabajo genuinos.