Argentina, con su vasta extensión y riqueza en recursos naturales, enfrenta un desafío crucial: actualizar su marco legislativo para garantizar seguridad nacional, energética y el desarrollo económico.
La sociedad argentina se caracteriza por el multiculturalismo que nos permite una convivencia pacífica en nuestro país, de distintas religiones e inmigrantes provenientes de distintos continentes. Sociedad donde “sus socios” suscribimos a diario, ese contrato social fundacional llamado Constitución Nacional que nos permite tener reglas y normas de convivencia y elegir nuestros representantes en el Congreso Nacional.
Entender que legislación tenemos actualmente y cuál es nuestro cuadro de situación, nos permitirá proyectar que país queremos en los próximos 5, 10 o 20 años. Un gran desafío se enfrenta el nuevo Congreso Nacional a partir del 10 de diciembre de 2026, porque debe brindar las herramientas correctas que permita el desarrollo del país y actualizar leyes obsoletas.
El mundo conoce el potencial de la República Argentina, somos el octavo país en el mundo en extensión geográfica, con recursos de oro, plata, cobre, litio, uranio, tierras raras, recursos pesqueros y una extensión importante de hectáreas para siembra de cultivos, que nos posiciona con grandes perspectivas de crecimiento en los próximos años.
Esa potencialidad a modo de ejemplo, se traduce en que cada empleo nuevo registrado en una empresa minera en un yacimiento, genera como mínimo tres o cuatro puestos indirectos que impactan en los servicios y proveedores mineros que requieren esos yacimientos. Esas pequeñas ciudades en altura necesitan, cientos de camiones diarios de combustible, alimentos, materiales de construcción, repuestos, maquinaria, cientos de viajes de combis para realizar los traslados del personal y cientos de camiones para bajar la producción, además de construcción de infraestructura de caminos, puentes y tendido eléctrico.
Esa potencialidad, además, es conocida por actores geopolíticos, como CHINA, EEUU, CANADA, AUSTRALIA, JAPON que tienen presencia en nuestro país, a través de empresas agropecuarias y mineras que tienen sus casas matrices radicadas en esos países y necesitan nuestros recursos.
El cobre está prácticamente todo vendido, pero sigue enterrado por falta de las políticas públicas necesarias que permita a las empresas mineras comenzar una producción que puede durar 50 años o más.
Chile exporta minerales por la suma de 60.000 millones de dólares por año y Argentina no llega a 6.000, con la misma Cordillera. ¿Es un problema del clima y la altura?. Claramente NO, responde a falta de seguridad jurídica, previsibilidad y cuestiones coyunturales con la economía que todos conocemos que asusta a cualquier inversor extranjero si no puede ingresar dinero o egresar utilidades.
Las últimas DPDN – Directivas de Políticas de la Defensa Nacional-, en breve se espera una actualización de las mismas, establecen un hilo conductor respecto a la mirada que debe tener la Defensa Nacional sobre los recursos naturales. No podemos analizar la Defensa Nacional sino entendemos antes que es la Seguridad Nacional.
Las leyes que integran la Seguridad Nacional son tres leyes fundamentales, la ley de Defensa Nacional 23554, la ley de Seguridad interior 24059 y la ley de Inteligencia 25520.
El Congreso Nacional en el año 1988 con la sanción de la ley 23554, estableció las bases jurídicas, orgánicas y funcionales para la preparación, ejecución y control de la defensa nacional. Instituyendo que la Defensa Nacional es la integración y acción coordinada de todas las fuerzas de la nación para la solución de aquellos conflictos que requieran el empleo de las fuerzas armadas, en forma disuasiva o efectiva, para enfrentar las agresiones de origen externo.
El texto normativo afirma que la finalidad es garantizar de modo permanente la soberanía e independencia de la Nación Argentina, su integridad territorial y capacidad de autodeterminación; proteger la vida y la libertad de sus habitantes.
En ese sentido sustenta que la defensa nacional se concreta en un conjunto de planes y acciones tendientes a prevenir o superar los conflictos que esas agresiones generen, tanto en tiempo de paz como de guerra, conducir todos los aspectos de la vida de la nación durante el hecho bélico, así como consolidar la paz, concluida la contienda. Aclarando que existe una diferencia fundamental que separa a la Defensa Nacional de la Seguridad Interior y que esta última se regirá por una ley especial.
A su turno, el Congreso Nacional en el año 1991 con la sanción de la ley 24059 de Seguridad Interior estableció las bases jurídicas, orgánicas y funcionales del sistema de planificación, coordinación, control y apoyo del esfuerzo nacional de policía tendiente a garantizar la seguridad interior. Definiendo como seguridad interior a la situación de hecho basada en el derecho en la cual se encuentran resguardadas la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías y la plena vigencia de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal.
Por último, La ley de Inteligencia Nº 25520 modificada por la Ley 27.126 establece que la Inteligencia Nacional es la actividad consistente en la obtención, reunión, sistematización y análisis de la información específica referida a los hechos, riesgos y conflictos que afecten la Defensa Nacional y la Seguridad Interior de la Nación.
Debemos preguntarnos ¿si actualmente estas leyes protegen la integridad de la población, los territorios, recursos naturales estratégicos de nuestro país resguardando su seguridad de ataques militares o amenazas híbridas definidas como aquellas tácticas, técnicas y procedimientos no convencionales e irregulares, mezclados con actos terroristas, propaganda y conexiones con el crimen organizado?
Después del levantamiento carapintada de semana santa del año 1987, -todos recordamos la frase del presidente Ricardo Alfonsín expresando… “Felices Pascuas. La casa está en orden”-, fue sancionada en el año 1988, la ley de Defensa Nacional.
Los legisladores que conformaban el Congreso Nacional ese año y con justa razón, entendieron que las fuerzas armadas debían estar controladas por el poder político y así lo plasmaron en la norma que sancionaron y mantuvieron ajustadas durante varias décadas sus partidas presupuestarias, para que no puedan desarrollar sus capacidades militares o dejando al instrumento militar al borde del colapso, un buque averiado originó la trágica pérdida de compatriotas en la explosión del ARA San Juan.
Pensar en leyes que incluyan las amenazas híbridas, sin distinción de su origen, que impulsen mejoras en la interagencialidad hacia un concepto más integral de Seguridad Nacional, actualizando las leyes de Defensa Nacional, Seguridad Interior e Inteligencia bajo supervisión del poder político, (Poder Ejecutivo y Congreso Nacional), deviene procedente
Las fuerzas armadas y las fuerzas federales, pueden perfectamente colaborar en el terreno ante el avance del crimen organizado trasnacional, como lo hace Brasil, el poder ejecutivo en ese caso puede disponer de los recursos humanos, militares y policiales de forma integral.
Por último, considero de suma importancia, la ley Nº 25.367 sancionada el 22 de noviembre del año 2000, que estableció la creación del Departamento de Emergencias Coordinada que centraliza las denuncias, al momento de la sanción de la norma, el mecanismo de comunicación era exclusivamente por llamados telefónicos y hoy 25 años después sigue siendo igual. Llamados al 911.
Muchas veces por situaciones de peligro inminente resulta necesario enviar un mensaje de texto antes que un llamado, inclusive hoy les resulta imposible denunciar con la normativa actual a denunciantes con dificultades de comunicación oral, con hipoacusia, sordera o mudez, ampliar los distintos canales de comunicación es pensar en ellos también.
Realizar la denuncia del hecho guardando silencio, sin necesidad de vocalizar, es un hecho de importancia ante la presencia de extraños en las cercanías de la denunciante, como ser los casos de violencia doméstica, o aquellos que se encuentran en una situación de peligro que les impide hablar en voz alta explicando la situación.
En Uruguay, desde el 2016, un aplicativo llamado “Emergencias 911” permite realizar las comunicaciones con la central indicando cuatro ítems (Policía, Bomberos, Tránsito y Violencia Doméstica) y un botón anti pánico, permite acceder a la geolocalización del denunciante para una más rápida respuesta a la emergencia.
En México una aplicación similar permite alertar a las autoridades de diversas emergencias, enviar notificaciones de las mismas a familiares e incluso, notificar de sismos de magnitud a los ciudadanos por parte de las autoridades. En este caso el aplicativo permite notificar a las autoridades de la emergencia e ilustrar la misma con fotos, audios o videos.
En España un aplicativo My112 (su número de emergencias) permite acceder a la geolocalización del denunciante y enviar fotos. Las autoridades envían alertas a aquellos que tengan la app, ante situaciones peligrosas (como ser una fuerte nevada).
En Estados Unidos el sistema de alerta temprana se utiliza para hechos catastróficos de la naturaleza o la activación de la alerta Amber, ante la desaparición de un menor.
Compartimos empresas de telefonía como movistar y claro con Chile, donde ya funciona el sistema del Senapred del otro lado de la cordillera con éxito, estimo que la viabilidad técnica en nuestro país es procedente.
Nuestro país necesita crea un sistema nacional de anticipación y respuesta ante una emergencia generando una herramienta de gestión que permitirá al Estado no sólo recibir llamadas, o mensajes al 911 sino además comunicar la inminencia de un peligro en un área determinada, incendios, terremotos, tormentas, inundaciones, nevadas, o la desaparición de un menor enviando mensajes a los teléfonos celulares en un área geolocalizada determinada.
Las alertas tempranas son herramientas esenciales para mejorar la seguridad ciudadana, salvar vidas es la prioridad. Leyes obsoletas, necesita un Congreso Nacional que permita realizar en el próximo período parlamentario actualizaciones y mejoras legislativas.
No hagamos siempre lo mismo si queremos tener resultados diferentes.