El diputado de Unión por la Patria presentó un proyecto de resolución y afirmó que “la aplicación derivó en un escenario de concentración de beneficios y pérdida significativa de recursos fiscales, sin que el Estado implementara mecanismos adecuados de control”.
El diputado nacional Eduardo Valdés (Unión por la Patria – CABA) presentó un proyecto de resolución para solicitarle al Poder Ejecutivo Nacional que, a través del Ministerio de Economía, la Secretaría de Bioeconomía, la AFIP y el Banco Central, remita al Congreso un informe detallado y pormenorizado sobre la implementación del decreto 682/2025 que fijó la alícuota del Derecho de Exportación en 0 % para determinadas mercaderías del complejo agroindustrial.
“Si bien el objetivo declarado del decreto fue incentivar la liquidación de divisas y fortalecer las reservas internacionales en el corto plazo, distintos analistas han advertido que su aplicación derivó en un escenario de concentración de beneficios y pérdida significativa de recursos fiscales, sin que el Estado implementara mecanismos adecuados de control”, detalló el legislador de Unión por la Patria en los fundamentos.
La iniciativa encabezada por Eduardo Valdés fue acompañada con las firmas de Daniel Gollán, Agustina Propato, Marcela Passo, el neuquino Pablo Todero, la riojana Hilda Aguirre, la chubutense Eugenia Alianiello, el fueguino Jorge Araujo Hernández y los correntinos Jorge Romero y Nancy Sand, todos de Unión por la Patria.
Además, el autor del texto remarcó que “el presidente dijo que quería fortalecer las reservas, pero en realidad regaló recursos públicos”. “Lo que debería haber ingresado al Tesoro terminó engordando las cuentas de un puñado de exportadoras”, señaló Valdés, quien también agregó que “fue una maniobra a medida de los grandes jugadores. Miles de productores quedaron mirando desde afuera y el fisco perdió, según estimaciones, más de 1.500 millones de dólares en retenciones”.
Del mismo modo, Valdés denunció en los fundamentos que “la falta de requisitos como la tenencia efectiva del grano al momento de registrar las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) facilitó prácticas especulativas que ya habían sido advertidas en episodios históricos, y que motivaron la sanción de la Ley Martínez Raymonda”. “La ausencia de controles y revisiones adecuadas no solo implicaría una pérdida recaudatoria, sino también un quiebre de equidad en la política pública”, aseveró.
En ese sentido, el diputado nacional indicó: “Queremos saber nombres y montos. Queremos saber quién se benefició y cuánto perdió el Estado”, y concluyó que “es claro que el presidente gobierna para las grandes cerealeras y no para el pueblo argentino”.
Los informes detallados que Valdés le solicita al Poder Ejecutivo incluyen nómina completa de las empresas exportadoras que registraron Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) acogidas al beneficio de alícuota 0 % dispuesto por el decreto; fecha de presentación de cada DJVE y volumen total declarado por empresa; el detalle del tipo de mercadería exportada bajo el régimen y las posiciones arancelarias correspondientes; y el monto total de retenciones no percibidas por el Estado como consecuencia directa del beneficio, discriminado por empresa exportadora, entre varios puntos más.