La diputada nacional presentó un proyecto para crear una comisión especial que analice el impacto fiscal del Decreto 682/2025, que eliminó por 90 días los derechos de exportación agroindustriales. Denunció posibles maniobras especulativas y pérdidas millonarias para el Estado.
Convertida en una filosa adversaria de La Libertad Avanza desde que dejó ese bloque y formó junto a otros exlibertarios la bancada “Coherencia”, la diputada nacional Marcela Pagano acaba de presentar un proyecto de resolución para crear una comisión investigadora en el ámbito de la Cámara de Diputados, con el objetivo de analizar las consecuencias económicas, fiscales y sociales del régimen de retención cero establecido por el Decreto 682/2025. La medida, dictada por el Poder Ejecutivo el pasado 22 de septiembre, eliminó por 90 días los derechos de exportación para el complejo agroindustrial.
Cabe recordar que este año ya se crearon en el ámbito de la Cámara baja dos comisiones investigadoras: una para analizar lo sucedido con la supuesta estafa con la criptomoneda $LIBRA y la más reciente para analizar las consecuencias de la circulación de fentanilo contaminado.
Según la iniciativa, la comisión estará integrada por 21 miembros designados por los distintos bloques parlamentarios y tendrá un plazo de 180 días para producir informes, dictámenes y conclusiones. Su presidencia quedará en manos de un legislador propuesto por el principal partido de oposición.
Entre sus objetivos, la comisión deberá estimar los recursos no percibidos por el Estado, verificar el cumplimiento de la Ley 26.351 —que exige acreditar la tenencia física del grano antes de declarar exportaciones— e investigar posibles maniobras especulativas o concertaciones de precios por parte de grandes operadores del comercio exterior.
En los fundamentos del proyecto, Pagano —quien llegó al Congreso por La Libertad Avanza pero hoy actúa como diputada independiente— cuestionó la legalidad del decreto, al recordar que la Constitución Nacional reserva al Congreso la potestad exclusiva de crear, modificar o suprimir tributos. “La materia tributaria es indelegable”, subrayó, citando fallos de la Corte Suprema que limitan la vigencia del artículo 755 del Código Aduanero, norma que habilita al Ejecutivo a fijar alícuotas sin intervención parlamentaria.
La diputada denunció que, tras la publicación del decreto, se registraron en apenas dos días Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior por 7.000 millones de dólares, lo que implicó una pérdida fiscal estimada en 1.540 millones de dólares. El 80 % de lo declarado correspondió al complejo sojero, que capturó el 92 % del beneficio. Además, siete grandes empresas concentraron casi el 90 % de las exportaciones inscriptas.
Pagano advirtió que la mayoría de las operaciones no implicaban embarques inmediatos: solo el 9 % de los envíos está previsto para octubre, mientras que el resto se concretaría a lo largo de 2026. Esto, según la legisladora, permitió a las agroexportadoras declarar ventas sin contar con el grano, aprovechando precios FOB bajos y comprando la mercadería más adelante a valores descontados. “Los productores apenas vieron subir el precio interno de la soja un 15 %, cuando la eliminación del 26 % de retenciones justificaba un aumento cercano al 35 %”, señaló.
La comisión investigadora podrá recibir denuncias, solicitar informes y documentación, y promover acciones judiciales si detecta delitos o mal desempeño. “Es imprescindible que el Congreso ejerza su rol de control y evite que una delegación inconstitucional y un vacío de supervisión generen pérdidas fiscales de semejante magnitud”, concluyó Pagano.