Después de aplazar el tratamiento de los convenios internacionales con Francia y Austria para otra sesión, el Senado aprobó con 54 votos afirmativos y 6 negativos el proyecto de declaración contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para que aplique la Ley de Emergencia en Discapacidad, luego de haberla promulgado pero con su implementación en "suspenso" hasta tanto el Congreso determine fuente de financiamiento.

La iniciativa fue presentada por el radical Martín Lousteau, con el acompañamiento de otros senadores de distintos bloques.

Al presentarlo en el recinto, el porteño recordó que tras el veto a la norma, "tanto en Diputados como en Senadores se insistió con más de dos tercios dejando firme esa ley". Y criticó que Francos diga que "no la va a aplicar, a pesar de lo que le han dicho de manera reiterada ambas cámaras del Congreso".

"Esto es inédito, nunca pasó algo así", enfatizó y destacó que la ley no solo tuvo un "enorme consenso político y parlamentario", sino de toda la sociedad. En este sentido, "es un atropello muy grande al sistema republicano que se diga que no se va a aplicar una ley sancionada", insistió Lousteau.

El radical afirmó que "lo más grave de esa lesión institucional es la lesión que se le hace a la sociedad". En tanto, sobre Francos y los considerandos del decreto 681/25, cuestionó que "solo provee excusas" y "parece que ignora su rol". "No puede elegir cuáles leyes ejecuta y cuáles no", apuntó y señaló que "como no tenemos presupuesto hace dos años, todo lo que el jefe de Gabinete está haciendo es reasignar partidas".

Al comparar esta situación con el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo sobre Régimen Penal Juvenil, el legislador indicó que en el artículo 51 de ese texto se prevé que "el jefe de Gabinete deberá disponer la reasignación de las partidas correspondientes".

En el cierre, Lousteau sostuvo que "es importante que el jefe de Gabinete aplique rápido la ley porque la gente con discapacidad está desesperada. En el presupuesto se volverá a discutir todo, pero lo que tiene que hacer es aplicarla".

Al avalar el proyecto, el jefe de Unión por la Patria, José Mayans, expresó: "Acá tenemos un problema en la falta de interpretación por parte del presidente de lo que es el Estado de Derecho. Cuando el presidente hace esto genera una gran inseguridad jurídica. Las democracias se fortalecen con el cumplimiento de la Constitución y las leyes".

"¿Quién va a venir a invertir en Argentina si el presidente se levanta mal un día, o la hermana, y te cambian las reglas de juego por decreto? Inclusive, anulan leyes y contradicen la Constitución. Entonces, esto no es un Estado de Derecho, esto es lo más parecido a una dictadura. Prácticamente anula el Parlamento y esto es lo que se conoce como un que golpe de Estado", lanzó.

El formoseño confirmó el acompañamiento a la declaración "que es atenuada, porque en realidad lo que correspondería es una moción de censura al jefe de Gabinete o una remoción a su cargo, por incumplimiento de la Constitución e incumplimiento a los deberes de funcionario público. Esta es una advertencia que hacemos".

A continuación, se pasó a votar la habilitación del tema y resultó con 58 votos a favor, 9 en contra y ninguna abstención.

El texto de la declaración

El Senado de la Nación declara su rechazo al Decreto 681/2025 del Poder Ejecutivo de la Nación, publicado en el Boletín Oficial el pasado 22 de septiembre de 2025, el cual, amparándose en una pretensa imposibilidad legal de reasignar las partidas presupuestarias del ya dos veces prorrogado Presupuesto Nacional, decide atribuirse competencias legislativas y suspender la ejecución de la insistida Ley N° 27.793.

En primer lugar, cabe destacar que la propia Ley facultó expresamente en su Artículo 19 al Jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las ampliaciones y modificaciones presupuestarias tendientes a asegurar el financiamiento de las medidas adoptadas y, asimismo, especificó que tales reestructuraciones no podían realizarse con la reducción de los créditos correspondientes a la finalidad "Servicios Sociales".

Esta disposición dista de ser inusual. Sin ir más lejos, el año pasado el Poder Ejecutivo Nacional envió a la Cámara de Diputados el Proyecto de Reforma del Régimen Penal Juvenil (Exp. P.E. 64/24) -firmado por el Presidente de la Nación, el Jefe de Gabinete de Ministros, la Ministra Patricia Bullrich y por el Ministro Cúneo Libarona- que en su Artículo 51 establece que "...al efecto de su implementación durante el ejercicio presupuestario correspondiente al año de su entrada en vigencia, deberá disponer la reasignación de las partidas correspondientes para el cumplimiento de sus disposiciones".

Asimismo, cabe destacar que hace dos años no se aprueba un presupuesto nacional por decisión del propio gobierno, que impidió su tratamiento, por lo que desde entonces las partidas se asignan discrecionalmente. El propio Jefe de Gabinete, en la reconducción del presupuesto anterior, subestimó los recursos que recibiría el Ejecutivo durante el 2025, lo que le dejó un margen de discrecionalidad aún mayor.

Por tanto, este Senado reclama que el Jefe de Gabinete dé cumplimiento al Artículo 19 de la Ley 27.793 y reasigne las partidas presupuestarias que sean necesarias para cumplir con ella, del mismo modo en que preveía hacerlo con la Ley de Régimen Penal Juvenil. Incumplir la ley sancionada e insistida por este Honorable Congreso implica un incumplimiento de sus funciones constitucionales y la privación de los derechos de uno de los segmentos más vulnerables de la sociedad argentina, al que la Constitución Nacional nos ordena específicamente proteger.

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