El régimen de incentivo para grandes inversiones ya acumula iniciativas por más de USD 34.000 millones. Energía y minería concentran el interés, con un giro hacia el cobre en el cierre del año.
Argentina aprobó el primer proyecto de cobre bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que ya suma ocho iniciativas admitidas por un total de USD 16.285 millones. El informe “RIGI & Escenarios Globales”, elaborado por el Centro de Estudios de Gobernanza Global (CEGG) de la Universidad Austral, detalla que se presentaron 20 proyectos por USD 34.422 millones, con fuerte predominio de los sectores energético y minero.
Según el relevamiento, el 65% de las propuestas corresponden a minería y el 33% a energía. Entre los proyectos aprobados se destacan el oleoducto Vaca Muerta Sur, un buque flotante de licuefacción de GNL, parques solares y eólicos, desarrollos de litio en Salta y Catamarca, el proyecto de cobre Los Azules en San Juan, y una planta industrial de Sidersa en Buenos Aires.
En el cierre del año, se observa un viraje hacia proyectos mineros de gran escala, especialmente de cobre, con dos nuevas iniciativas de Glencore en San Juan y Catamarca. También se suma un avance en infraestructura logística con la Terminal Multipropósito Timbúes, en Santa Fe.
El informe advierte que América Latina concentra más de un tercio de las reservas globales de litio, cobre y plata, en un contexto de electrificación global que impulsa la demanda de minerales críticos. Además, señala que la demanda de petróleo y gas podría estabilizarse antes de 2030, mientras Asia mantiene un consumo creciente.
Sofía del Carril, directora ejecutiva del CEGG, destacó que “el RIGI está recibiendo proyectos en sectores estratégicos que hoy atraen la atención global, como la energía y la minería”. Y agregó: “Argentina debe construir un perfil confiable para sostener y aumentar el flujo de inversiones”.
Entre las recomendaciones del informe figuran acelerar las aprobaciones de proyectos en evaluación, priorizar el cobre y el midstream energético, fortalecer los encadenamientos locales, y mejorar la coordinación Nación–Provincias para garantizar trazabilidad y licenciamiento social. También se subraya la necesidad de resolver cuellos de botella logísticos y avanzar en esquemas de financiamiento de infraestructura.