La Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo se reunió este miércoles en el Salón Arturo Illia del Senado de la Nación para continuar con el proceso de selección del Defensor del Pueblo de la Nación y del Procurador Penitenciario. El encuentro fue presidido por el senador radical Daniel Kroneberger, con la diputada Margarita Stolbizer como secretaria.

Durante la reunión, se aprobó —a mano alzada— la nómina de 38 preseleccionados para el cargo de Defensor del Pueblo y 7 para el de Procurador Penitenciario, quienes deberán presentar su plan de trabajo en un plazo de 48 horas. Las audiencias públicas con los candidatos comenzarán el próximo 29 de octubre, y serán televisadas para garantizar transparencia, publicidad y acceso ciudadano, según destacó la senadora Anabel Fernández Sagasti (Unidad Ciudadana).

Kroneberger celebró el avance del proceso, al que calificó como “una respuesta a los argentinos, que es una deuda de la política”, y subrayó que se trata de un procedimiento “transparente, en tiempo y forma”. Recordó que se inscribieron 76 postulantes para la Defensoría y 17 para la Procuraduría, y que se recibieron avales e impugnaciones, entre ellas una que fue rechazada por “carecer de fundamentos sólidos”.

Durante el encuentro, se oficializó también el reemplazo del diputado Juan Manuel Pedrini por su par Matías Molle, ambos del bloque Unión por la Patria.

La diputada libertaria Lilia Lemoine (La Libertad Avanza) cuestionó el proceso, al considerar que “se está bufonizando” para acelerar la designación del defensor del pueblo en un contexto en el que el oficialismo no cuenta con el tercio necesario en ambas cámaras. Criticó la presencia de candidatos vinculados a la política y la justicia, y sostuvo que “el proceso está mal” por no respetar la Constitución, el federalismo ni el derecho democrático.

En respuesta, Stolbizer defendió la legitimidad del procedimiento, destacando que “ha sido celebrado por numerosas organizaciones de la sociedad civil que reclamaban su apertura desde hace años”. Afirmó que se buscará garantizar “la máxima calidad posible” en la terna final, priorizando la idoneidad y la trayectoria en derechos humanos.

Por su parte, Fernández Sagasti remarcó que “es una responsabilidad de los legisladores que no haya Defensor hace quince años”, y denunció que “el gobierno intentó frenar el proceso por motivos políticos e institucionales”. Reivindicó el compromiso de su bloque para que los candidatos seleccionados representen “la mejor expresión de la institucionalidad argentina”.