En un contexto de creciente preocupación por el equilibrio de las cuentas públicas, la diputada nacional Paula Omodeo presentó un proyecto de resolución que apunta a reforzar la responsabilidad fiscal dentro de la Cámara de Diputados. La iniciativa propone modificar los artículos 65 y 123 del Reglamento interno, con el objetivo de garantizar que los proyectos de ley incluyan estimaciones claras del gasto público que implican y que sean evaluados técnicamente antes de su tratamiento.

El proyecto establece que la Comisión de Presupuesto y Hacienda deberá remitir obligatoriamente a la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) aquellos proyectos que prevean un gasto superior a 10.000 salarios mínimos por ejercicio fiscal. La OPC, creada por la Ley 27.343, deberá expedirse sobre la razonabilidad de las estimaciones incluidas en los fundamentos de cada iniciativa.

Además, se incorpora la exigencia de que todos los proyectos de ley presentados por diputados incluyan en sus fundamentos si implican una nueva erogación o un incremento del gasto público, una estimación del monto involucrado y la fuente de financiamiento correspondiente. Aquellos que no cumplan con estos requisitos no podrán ser girados a comisión.

“Pareciera que hay una verdadera vocación de los legisladores por garantizar derechos y mejorar los servicios del Estado, pero muchas veces se omite evaluar los costos de estas medidas”, señala Omodeo en los fundamentos del proyecto. Y advierte: “El pueblo argentino ve gravemente amenazado su bienestar por esta herencia de irresponsabilidad fiscal”.

La diputada tucumana remarca que en los últimos diez años se presentaron más de 23 mil proyectos de ley en la Cámara baja, la mayoría sin estimaciones de gasto. “No podemos seguir desconociendo el impacto fiscal de las normas que proponemos y votamos”, concluye.