El proyecto busca simplificar el acceso a la portación de armas de fuego para quienes ya están inscriptos como legítimos usuarios, mediante un sistema de control permanente, trazabilidad y revocabilidad inmediata.
El diputado nacional Gerardo Milman presentó un proyecto de ley que propone modificar el régimen vigente de portación de armas de fuego, con el objetivo de facilitar el acceso a quienes ya están registrados como legítimos usuarios y cumplen con los requisitos legales, psicofísicos y de antecedentes.
La iniciativa, titulada “Ley del Usuario Responsable de Armas de Fuego”, plantea sustituir el artículo 35 de la Ley Nacional de Armas y Explosivos N° 20.429 e incorporar un nuevo artículo 35 bis, que establece condiciones específicas para acceder a la portación. Entre ellas, haber renovado al menos una vez la condición de legítimo usuario, no tener procesos penales en trámite ni sanciones disciplinarias, aprobar un curso de actualización en uso racional de la fuerza y cumplir con las normas de almacenamiento y transporte del arma.
La autorización, según el proyecto, se inscribirá en el Registro Nacional de Portaciones de Armas de Fuego (RENPAF), será personal e intransferible, y tendrá una vigencia de dos años, renovable previa reevaluación. La Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) podrá revocar la portación ante cualquier incumplimiento.
En los fundamentos, Milman señala que el régimen actual, vigente desde la década del 70, genera una duplicación de controles y trámites para usuarios que ya están bajo inspección estatal, lo que deriva en una burocracia “sin sentido racional”. El proyecto busca racionalizar la gestión, optimizar recursos de la ANMaC y fortalecer la seguridad pública mediante un sistema informatizado y trazable.
Además, se destaca que la propuesta no amplía el número de armas en circulación, sino que reconoce la trayectoria de los usuarios que cumplen con la ley. El texto cita modelos internacionales como los de Suiza, República Checa, Italia, Estados Unidos y Uruguay, donde se combinan controles estatales con reconocimiento del usuario responsable.
“La sanción de esta ley permitirá modernizar una norma de más de 50 años, adaptándola al siglo XXI y al paradigma de usuario responsable y control estatal inteligente”, concluye el proyecto.
