El proyecto propone modificar la Ley de Educación Superior para que cada institución establezca sus requisitos de admisión, complementados con procesos de nivelación, sin mecanismos excluyentes. La iniciativa reabre el debate sobre la autonomía universitaria y el rol del Estado.
El diputado Ricardo López Murphy presentó un proyecto de ley que apunta a modificar el artículo 7° de la Ley de Educación Superior (24.521), con el objetivo de devolver a las universidades la facultad de fijar sus condiciones de ingreso. La propuesta establece que todas las personas que aprueben la educación secundaria podrán acceder a carreras de grado “en tanto cumplan con las condiciones que cada universidad o instituto universitario establezca”.
El texto aclara que el ingreso deberá complementarse con procesos de nivelación y orientación profesional y vocacional, pero advierte que “en ningún caso debe tener un carácter selectivo excluyente o discriminador”. De esta manera, se busca garantizar la igualdad de oportunidades sin afectar la calidad académica.
En los fundamentos, López Murphy señala que la reforma de 2015 (Ley 27.204) limitó la autonomía universitaria al quitarle a las instituciones la posibilidad de definir sus propios criterios de admisión. “Este proyecto busca remediar esa situación”, afirma el legislador, quien reivindica la tradición de autonomía consagrada en la Constitución Nacional y en la histórica Reforma Universitaria de 1918, que garantizó a las universidades la capacidad de autogobernarse sin injerencias externas.
“La autonomía universitaria tiene raíces profundas en nuestro país y es un principio que debemos preservar”, subraya el texto, que también cuestiona la intervención estatal en cuestiones que considera propias de cada institución. Para López Murphy, la regulación actual homogeneiza criterios y desconoce la diversidad de realidades académicas y territoriales.
La iniciativa promete reabrir el debate sobre el equilibrio entre el derecho al acceso irrestricto y la necesidad de asegurar estándares de calidad en la educación superior. De aprobarse, cada universidad recuperaría la potestad de definir sus requisitos, aunque bajo la obligación de implementar mecanismos de nivelación y orientación que eviten la exclusión.
