En el marco de una reunión conjunta de las comisiones de Justicia, Seguridad, Asuntos Constitucionales, Legislación del Trabajo y Presupuesto, los diputados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires firmaron el dictamen favorable para la creación del Servicio Penitenciario porteño y su correspondiente Régimen Jurídico.

El encuentro estuvo conducido por los diputados que presiden las cinco comisiones: Inés Parry (UCR-Ev), Gimena Villafruela , Paola Michelotto (VxM) , Matías Barroetaveña (UP) y Hernán Reyes (CC ARI).

Este proyecto, sumado al dictamen elevado la semana pasada sobre la Ley de Ejecución de la Pena, completaría la creación del primer sistema penitenciario propio de la Ciudad, iniciativa que consolida un paso clave en el proceso de autonomía porteña y en la transferencia de competencias penales. Según los textos del proyecto, el objetivo es garantizar un modelo de custodia segura, impulsando políticas modernas de tratamiento, reintegración social y reducción de la reincidencia, profesionalizando al personal, tanto en la mejora de las condiciones laborales como en el establecimiento de controles internos y externos.

La iniciativa contempla la creación de la Agencia Penitenciaria y de Reintegración Social, un organismo civil, desconcentrado, especializado y auxiliar del Poder Judicial, dependiente del Ministerio de Justicia de la Ciudad, que se organizará bajo los principios de legalidad, seguridad y tratamiento, debido proceso, respeto por los derechos humanos, ética pública, transparencia y rendición de cuentas.

Su personal se dividirá en dos cuerpos: por un lado, el “cuerpo de Agentes de Seguridad Penitenciaria: fuerza civil armada enfocada en seguridad, prevención, protección y custodia” y, por el otro, el “cuerpo de Agentes de Reintegración Social: personal civil profesional, técnico y administrativo enfocado en tratamiento progresivo, educación, trabajo, salud mental, vínculos familiares y Plan de Vida de las personas privadas de libertad”.

Además, el texto crea dos órganos de control desconcentrados del Ministerio de Justicia. Una oficina de Transparencia y Control Externo, que promoverá programas de prevención de la corrupción y una Defensoría del Personal, destinada a defender los derechos humanos y garantías del personal de la Agencia, con plena autonomía funcional y legitimación administrativa.

Complementariamente, se establece una Comisión Especial de Seguimiento en la Legislatura porteña que estará integrada por los presidentes de las comisiones intervinientes.

Respecto de la reunión, Parry concluyó señalando que “este dictamen es un paso fundamental para consolidar la autonomía penal de la Ciudad y construir un sistema penitenciario moderno, profesional y que promueva la reintegración social y disminuya la tasa de reincidencia”.