El espacio que lidera Elisa Carrió presentó un escrito ante el juez Daniel Rafecas para que se allane la propiedad de Luciano Pantano y Ana Conte en Villa Rosa, Pilar. También solicitaron medidas de seguridad alternativas para preservar los bienes del inmueble.
Después de haber presentado una denuncia contra Claudio “Chiqui” Tapia, la Coalición Cívica, a través del legislador Facundo Del Gaiso y el dirigente Matías Yofe, le pidió al juez federal Daniel Rafecas que disponga de manera inmediata el allanamiento de la propiedad de Luciano Pantano y Ana Conte, ubicada en la localidad de Villa Rosa en Pilar.
En el escrito, los denunciantes plantearon que, de manera alternativa o complementaria al allanamiento, se disponga una consigna policial permanente en todas las entradas y salidas del inmueble. La medida, remarcaron, tiene como objetivo controlar el movimiento de bienes y garantizar que no se produzca la sustracción de elementos mientras se realizan las pericias correspondientes.
La presentación realizada por Yofe, titular de la CC en Pilar, y Facundo del Gaiso no se limita a pedir el allanamiento de la propiedad en Villa Rosa, sino que se enmarca en una causa más amplia impulsada por Elisa Carrió y la Coalición Cívica. Según la denuncia, Luciano Pantano y Ana Lucía Conte habrían actuado como testaferros de Tapia en la adquisición de un predio de más de 105.000 metros cuadrados en Pilar.
El inmueble bajo investigación cuenta con instalaciones de gran lujo: pista de entrenamiento para caballos, un haras con ejemplares árabes y pura sangre, helipuerto, automóviles de colección y múltiples espacios deportivos. Los denunciantes remarcaron que el nivel de inversión es incompatible con los perfiles económicos de Pantano y Conte, quienes no tendrían capacidad financiera para justificar la compra.
En particular, señalaron que Ana Lucía Conte fue monotributista hasta 2012, percibió el Ingreso Familiar de Emergencia durante la pandemia y luego se jubiló. Pero en 2022 habría pasado a figurar como accionista mayoritaria de la empresa Real Central SRL, la firma que adquirió la propiedad. Por su parte, Pantano es dirigente del Club Almirante Brown y titular de la Asociación Civil Argentina de Futsal y Fútbol Playa, lo que lo vincula directamente con el mundo del fútbol y, por extensión, con Tapia.
El juez Daniel Rafecas, inicialmente a cargo, se declaró incompetente y derivó la causa al fuero Penal Económico, donde quedó en manos del juez Marcelo Aguinsky. Rafecas argumentó que se trata de una maniobra de naturaleza “eminentemente económica y financiera”, vinculada a posibles operaciones de lavado de dinero.
La Coalición Cívica sostiene que la operación constituye una estrategia de ocultamiento patrimonial para dar apariencia lícita a bienes que en realidad pertenecerían a Tapia. De allí surge la relación directa: Pantano y Conte serían los intermediarios que habrían permitido al presidente de la AFA adquirir y mantener una propiedad de lujo sin que figure a su nombre.