Un grupo de 15 diputados de Unión por la Patria presentó un proyecto que impulsa una regla fiscal estructural, limita la deuda en moneda extranjera y aplica controles al ingreso de capitales financieros, con el objetivo de dotar de mayor previsibilidad y estabilidad a la política macroeconómica.
El proyecto que quedó pendiente de tratamiento en la primera sesión extraordinaria celebrada el miércoles de la semana pasada fue el denominado Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, que prohíbe el déficit fiscal y la emisión monetaria sin respaldo. Además, exige equilibrio o superávit fiscal en el Presupuesto y aumenta las penas para funcionarios que incumplan esta restricción. También se lo conoce como “regla fiscal”.
Precisamente en ese sentido, diputados de Unión por la Patria presentaron un proyecto que establece una nueva regla fiscal anticíclica, un límite a la deuda externa y controles a los capitales especulativos, con el objetivo de fortalecer la estabilidad macroeconómica.
Este proyecto de Itai Hagman busca instaurar un marco permanente de estabilidad fiscal y sostenibilidad externa. La iniciativa, registrada bajo el número 7037-D-2025, propone modificaciones a las leyes 24.629 y 25.152 y fue girada a las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas.
El proyecto establece que el resultado fiscal primario estructural de la Administración Nacional deberá ser “equilibrado o superavitario”, calculado según ingresos ajustados por ciclo económico y otros factores extraordinarios. La Oficina Nacional de Presupuesto será responsable de su estimación anual.
Además, introduce un componente anticíclico: en períodos de recesión el gasto primario deberá crecer al menos 0,6% real y, en fases de crecimiento superior al 3% del PBI, su expansión no podrá exceder el 90% del aumento de los recursos. Los autores afirman que esta regla busca evitar políticas procíclicas que profundicen crisis o aceleren desequilibrios.
Uno de los puntos centrales es la limitación del endeudamiento en moneda extranjera. Según el texto, el stock consolidado de deuda bruta en divisas del Gobierno nacional y del Banco Central no podrá superar el 30% del PBI. Si ese umbral fuera excedido por factores externos, quedaría prohibida la emisión neta de nueva deuda en moneda extranjera.
La propuesta incorpora también restricciones al ingreso de capitales financieros especulativos, imponiendo un plazo mínimo de permanencia de 180 días y la posibilidad de exigir encajes no remunerados en dólares, administrados por el BCRA.
Para garantizar el cumplimiento de la regla estructural, el jefe de Gabinete deberá informar al Congreso cualquier reasignación de partidas cuando la recaudación o el gasto se aparten de lo previsto. En paralelo, la Oficina de Presupuesto del Congreso elaborará informes trimestrales sobre la ejecución fiscal y el grado de cumplimiento de las nuevas disposiciones.
El proyecto incluye además una cláusula de escape que permitiría flexibilizar temporalmente los objetivos fiscales ante desastres naturales, crisis severas o situaciones extraordinarias que afecten la actividad económica, siempre con autorización del Congreso.
En los fundamentos, los legisladores sostienen que la Argentina padece una “larga inestabilidad macroeconómica” alimentada por políticas erráticas y reglas fiscales demasiado rígidas o incumplibles. Inspirados en experiencias de Chile, Colombia, Perú y Brasil, afirman que una regla de resultado estructural y mecanismos anticíclicos permitirían dotar de previsibilidad a la política fiscal sin imponer ataduras excesivas a los gobiernos.
El texto lleva también las firmas de Germán Martínez, Cecilia Moreau, Pablo Yedlin, Victoria Tolosa Paz, Strada, Selva, Carlos Castagneto, Jorge Mukdise, Claudia Palladino, Andrea Freites, Cristian Andino, Ana María Ianni, Agustín Rossi y Hadad.