La Comisión de Legislación Penal recibió a José Russo, quien participó de la elaboración de un nuevo cuerpo normativo en Neuquén, y a Mario Fernando Ganora, de la Fundación La Alameda.
La Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, que preside Patricia Bullrich (Unión Pro) avanzó este martes en la ronda de exposiciones sobre la reforma del Código Procesal Penal.
El Cuerpo recibió al diputado provincial José Russo, miembro de la comisión que elaboró un nuevo cuerpo normativo en Neuquén, y a Mario Fernando Ganora, vicepresidente de la Fundación La Alameda.
Russo, quien además preside la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura local, contó la experiencia en su provincia, donde el nuevo Código Procesal Penal rige desde el 14 de enero de este año, luego de que el PEN planificara durante dos años su implementación.
Indicó que la redacción contó con “un asesoramiento de juristas importante” y que también fue creada una comisión de seguimiento “para corregir las anomalías que se vayan detectando”.
El legislador explicó que en Neuquén ya se realizaron “cinco juicios por jurados” que generaron “un impacto popular que llama la atención”. En este sentido, precisó que la selección del jurado se realiza una vez al año y con el fin de juzgar “los casos de mayor trascendencia social”.
Russo también apuntó que el nuevo Código “pone énfasis en el rol de la víctima, que tiene el derecho de exigir la participación en el proceso penal”. Además, dijo, “el Ministerio Público Fiscal debe hacerse cargo de la protección de los bienes y la vida de la víctima”, que “también debe ser informada sobre los avances y retrocesos” de la causa.
Además señaló que “la recolección de las pruebas recae en manos del fiscal” y agregó que “los expedientes no existen más” ya que “todos los registros son videos y grabaciones”.
A su turno, Ganora consideró que el juicio por jurados “es una herramienta de la democracia” que debe incluirse en el Código Procesal Penal y no en una ley especial, pero alertó que este mecanismo “puede estar distorsionado por prejuicios de clase y de género”.
Por eso, consideró que en los casos de trata de personas con fines de explotación sexual –a los que se aboca La Alameda-, el jurado no debería tener una composición “exclusivamente masculina”, sino que tendría que incorporar una “mirada de género” para evitar caer en “prejuicios” de este tipo.
Además, aportó que, tal como indica la nueva Ley de Trata de Personas, “no puede haber acuerdos conciliatorios entre la víctima y el victimario” que terminen dejando impune el caso, y consideró que esto debería estar contemplado en la reforma procesal penal.
