En un país como la Argentina, en el que la fuga de capitales es tan marcada, resulta previsible que todos los gobiernos desde la vuelta de la democracia hayan buscado impulsar un blanqueo de activos. Tarde o temprano, cada administración que llegó al poder desde 1983 impulsó una ley de esas características, con mayor o menor eficacia.

Algunos lo intentaron demasiado tarde, como Fernando de la Rúa, cuando el poder se le escurría de las manos y andaba a los manotazos para ver de qué manera podía hacerse de dólares que le permitiesen mantener la vigencia de la convertibilidad.

Hubo excepciones como Néstor Kirchner, que en sus cuatro años de gestión no tuvo necesidad de impulsar una norma de esas características, pero su esposa compensó al promover dos blanqueos, uno por cada período de gobierno que tuvo.

El Gobierno provisional de Eduardo Duhalde hizo muchas cosas durante su breve mandato, pero no tuvo blanqueos, mientras que Mauricio Macri ha impulsado el suyo bien temprano, a la mitad de su primer año de gestión.

Por más antipático que parezcan los blanqueos, no pueden hacerse cargos contra los presidentes que han impulsado este tipo de medidas. Las crisis recurrentes, sumadas a la fuga de capitales constante y las necesidades de caja de la economía doméstica son razones más que suficientes para justificar estas decisiones. Y no solo aquí en la Argentina: en todo el mundo suelen aplicarse blanqueos, incluso en el Primer Mundo, donde países como Estados Unidos o Alemania han impulsado moratorias para atender razones como las que le asisten a nuestro país.

La historia en materia de blanqueos desde la recuperación democrática se inicia obviamente con Raúl Alfonsín, quien además de tener que lidiar con militares aún jóvenes y levantiscos, tuvo que vérselas con una economía en crisis, producto de una herencia calamitosa, una deuda externa colosal, y errores propios, claro está. La primavera alfonsinista alcanzó para superar con éxito las elecciones de 1985, con el Plan Austral como punta de lanza. Cuando los problemas amenazaban con desmadrarse, se decidió impulsar una ley de blanqueo de capitales, resistida en un principio incluso por el propio ministro de Economía Juan Vital Sourrouille, quien desbordado por los desequilibrios presupuestarios y la urgencia de recaudar fondos para atender el déficit del Tesoro y mantener vivo el Plan Austral terminó accediendo.

La Ley 23.495 fue aprobada el 11 de febrero de 1987 y promulgada el 3 de marzo venidero. El régimen establecido preveía la normalización de impuestos a las Ganancias, sobre los beneficios eventuales, sobre los capitales, al patrimonio neto; al impuesto al valor agregado e internos, y un régimen de condonación de sanciones y remisión de intereses.

Vale recordar que la gestión alfonsinista no logró enderezarse. Se impulsó una segunda fase de ese programa económico, en el que se buscó incrementar exportaciones y promover importaciones, manteniendo un delicado equilibrio. Paralelamente trataron de establecer flexibilizaciones, permitiendo un aumento controlado de tarifas y el tipo de cambio, más la autorización de incrementos salariales. Las cosas no resultaron como se esperaba, pues se produjo un rebrote inflacionario, llegando el costo de vida en julio de 1987 al 8,8% mensual. El año cerraría con una inflación del 80%, exportaciones en caída libre, y Argentina integrando junto a Brasil y México el grupo de los tres mayores deudores. Completaba el cuadro una derrota en las legislativas, incluida la pérdida de la provincia de Buenos Aires, resultados que comenzaban a edificar el camino de salida del poder del radicalismo.

Cuando para el blanqueo de 2013, diputados del Frente para la Victoria marcaron similitudes entre el proyecto impulsado entonces con la ley sancionada en tiempos de su padre, el diputado radical Ricardo Alfonsín diferenció en el recinto ambos casos, por cuanto el de su padre, dijo, “no se trataba de un blanqueo”, sino “una normalización tributaria. Los registros eran absolutamente insuficientes. Se podía decir que no existían registros por los defectos que tenían los registros existentes. El control de los registros tributarios en la Argentina era un desastre”.

Señaló entonces que en el blanqueo de su padre “no se permitía blanquear ningún fondo proveniente de una actividad distinta que fuera ajena a la empresa que se estaba regularizando; es decir, contenían normas que claramente impedían que se incluyeran recursos que no provenían de la empresa que se regularizaba”. Por otra parte, “se establecía una penalización, a diferencia de lo que ocurre con este proyecto que los premia pagándoles tasas de interés. Se los obligaba a pagar el 11 por ciento del total de lo que rectificaban en las declaraciones juradas, porque lo que había que hacer era una rectificación de la declaración jurada por las ganancias que se habían registrado desde 1980 hasta 1985”.

El blanqueo de 1992

El presidente que sucedió a Alfonsín también tuvo su blanqueo. Fue en 1992, a tres años de haber asumido; esto es, cuando transitaba la mitad de su mandato de 6 años. Carlos Menem impulsó ese blanqueo de capitales a través de su ministro de Economía, Domingo Cavallo, y supo ser comparado con el blanqueo de fondos que en 2013 se impulsó durante el segundo mandato de Cristina Kirchner, por cuanto los fondos no declarados quedaban exentos de penalidades tributarias.

A principios de la convertibilidad, Cavallo promovió aquel blanqueo de activos a través de avisos en los medios. En los diarios se proclamaba la consigna: “Tráigala de vuelta… y póngala a producir”.

El blanqueo sugería el retorno al país de ahorros en moneda extranjeras y depositarlos por un mínimo de 180 días en el Banco Nación, u otra entidad financiera que adhiriera expresamente a destinar esos fondos a créditos para la actividad productiva. Podía blanquearse además la tenencia de divisas en el país, siempre y cuando se tratara de valores iguales o inferiores a 500 mil pesos, y en esos casos tampoco era necesario declarar el origen de esos fondos.

El Estado ofrecía beneficios impositivos como anzuelo para atraer interesados. Así lo señalaba el aviso de marras: “En esta forma, usted invertirá legalmente esos fondos hasta ahora ocultos, regularizando plenamente su situación impositiva”.

Ese blanqueo se convirtió en la Ley N° 24.073, denominada “Modificación del Impuesto a las Ganancias. Impuesto sobre los Activos. Exteriorización de la Tenencia de la Moneda Extranjera, Divisas y demás bienes en el exterior”, sancionada el 2 de abril de 1992 y promulgada el día 8 de ese mismo mes.

El plan estuvo vigente hasta 1994, y tenía como condición que cuanto más se tardara en repatriar el dinero, más caro resultaba para quien lo hiciera, y según los especialistas, aportó entre 1,9 y 2,4 por ciento de la recaudación total durante esos años. A cifras de hoy, hubieran sido entre cinco y seis mil millones de dólares.

El primer blanqueo K

Promovido como “repatriación de capitales”, el impulsado en 2009 terminó siendo prácticamente un blanqueo de fondos que ya estaban en el país. Es que apenas el 4,3% de los 18.113 millones de pesos que fueron declarados por los argentinos en el marco de ese acuerdo fiscal correspondían a dinero y bienes que se encontraban en el exterior.

Fue impulsado por el Gobierno de Cristina Kirchner hacia fines de 2008, ya concluida la crisis con el campo y presentado en el marco de un paquete de medidas anticrisis que incluían cuestiones tributarias y laborales. Con la intención de sancionarlo en sesiones extraordinarias, fue presentado por el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y el titular de la AFIP, Claudio Moroni, el 2 de diciembre en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Legislación laboral de la Cámara de Diputados. En ese marco, Tomada aseguró que el proyecto constituía “una respuesta racional para enfrentar los posibles impactos de la crisis en el empleo y la actividad económica”.

El proyecto establecía que quienes blanquearan fondos sin repatriarlos, deberían abonar una tasa del 8% sobre el monto, en tanto que los que trajeran el dinero al país deberían pagar una alícuota del 6%. Si los invertían en compra de títulos públicos, la tasa bajaba al 3%, pero ascendía al 5% si se hacía en un plazo mayor a los tres meses, pero menor a los 24.

Si se destinaba el dinero a inversiones industriales, inmobiliarias o agropecuarias, la alícuota bajaba al 1%.

Como ahora con Carrió y los radicales, el Frente para la Victoria tuvo cuestionamientos de parte de sus aliados: los diputados que entonces conformaban el bloque Encuentro Popular y Social Ariel Basteiro, Vilma Ibarra, Cecilia Merchan y Victoria Donda, manifestaron su rechazo a la iniciativa de blanqueo por considerar que abría las puertas al ingreso de capitales de dudoso origen, premiaba a los grandes evasores y dejaba en peores condiciones frente al fisco a quienes han cumplido sus obligaciones legales. Sostenían que, además de ser desaconsejable desde el punto de vista de la legalidad, esa iniciativa iba a ser ineficaz para atraer capitales al país.

Exoficialistas como el diputado nacional Felipe Solá, el exministro Roberto Lavagna y el exgobernador José Manuel de la Sota, lanzaron por su parte una campaña contra el blanqueo de capitales, en cuyo marco proponían que, de aprobarse el proyecto oficial, se aplicara un seguimiento administrativo “de por vida” a quienes optaran por utilizar la herramienta que ofrecería el Estado durante seis meses. Y proponían una acción judicial, castigo legal y plena publicidad de los nombres y montos repatriados, “haciendo cumplir la Constitución Nacional, las leyes y los compromisos internacionales en materia de prevención del fraude, lavado de dinero y por lucha contra el narcotráfico”. Adhirieron a esa campaña el economista Javier González Fraga; el senador nacional Adolfo Rodríguez Saá y el entonces jefe del bloque de diputados del PRO Federico Pinedo, entre otros.

Le costó bastante al Gobierno de Cristina Kirchner aprobar ese blanqueo, debilitado como había quedado tras la guerra con el campo. El 11 de diciembre consiguió darle media sanción tras más 10 horas de debate y con polémica por la metodología de votación. Varios aliados no apoyaron la iniciativa y algunos kirchneristas no asistieron. Sin embargo, el Frente para la Victoria superó ese día los fantasmas de la resolución 125.

La votación estaba muy reñida y los tratados políticos con los sectores políticos afines al kirchnerismo habían fracasado, pero la conducción del bloque oficialista logró convencer a la peronista disidente Paola Spatola, al cordobés José Delich, a Lorenzo Borocotó, y a los legisladores del Partido Renovador de Salta. Con el apoyo de esos inusuales aliados, sumados al bloque de la Concertación, al Frente Cívico de Santiago del Estero y al Movimiento Popular Neuquino, el kirchnerismo obtuvo 131 votos a favor y 104 votos en contra.

Pero para mayor polémica, el sistema informático jugó una mala pasada y de los 236 diputados presentes, sólo registró el voto de 215 (131+75+9). A los 236 hubo que restarle el voto del presidente de la Cámara, Eduardo Fellner, ya que en una votación por mayoría simple no vota. Por lo tanto, faltaron 20 votos.

Los diputados con problemas en la votación fueron todos opositores: Fernando Iglesias, Patricia Gardella, Norma Morandini, Esteban Bullrich, Eugenio Burzaco, Omar De Marchi, Luis Galvalisi, Héctor del Campillo, Liliana Bayonzo, Luciano Fabris, Miguel Angel Giubergia, Alejandro Nieva, Pedro Morini, Silvia Lemos, Oscar Aguad, Heriberto Martínez Oddone, Daniel Kronenberger, Laura Montero, Margarita Beveraggi y Rubén Lanceta.

Tuvo que salir la Secretaría Parlamentaria a aclarar que la última versión de la votación nominal del título III obtuvo 128 votos a favor, 100 en contra y 1 abstención. La discusión se había desatado por distintas interpretaciones del reglamento y la necesidad de conseguir la mayoría absoluta. Si era necesario, el voto del presidente del Cuerpo, Eduardo Fellner, inclinaba la balanza a favor del Gobierno. Pero desde la oposición afirmaban que Fellner podía votar solo en caso de empate.

Para indignación del ARI, fueron clave para obtener el quórum los fueguinos Leonardo Gorbacz y Nélida Belaus, quien de todos modos votaron en contra de la ley. No apoyaron el proyecto anticrisis del Gobierno nacional Vilma Ibarra, Cecilia Merchán y Victoria Donda, pero también fueron claves para asegurar el quórum.

A estos nuevos críticos del kirchnerismo se sumaron entonces el diputado Miguel Bonasso y varios kirchneristas como los santafesinos Jorge Obeid, Ariel Della Fontana y Walter Agosto, que no asistieron a la sesión para no provocar una mayor debacle interna, por lo que costó aún más juntar el quórum pero no se puso en riesgo la votación en general.

Obviamente que la oposición más dura encarnada por la Coalición Cívica, la UCR y el Pro se opuso al proyecto realizando duras críticas a la iniciativa del Poder Ejecutivo. A estos bloques, se sumaron también los peronistas disidentes, los cobistas, el diputado Claudio Lozano, los socialistas y el SI que lideraba Eduardo Macaluse.

Una semana después ese paquete anticrisis fue convertido en ley en el Senado. La polémica repatriación de capitales se aprobó con 38 votos, y en esa misma sesión se eliminó por una unanimidad “la tablita” de Machinea.

Al defender el proyecto, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Fabián Ríos, hoy intendente de la capital correntina, señaló que la moratoria impositiva para fondos no declarados “no abarca al dinero ilegal o dinero sucio” y apuntó que el bloque oficialista “tiene perfectamente claro que aquel que exteriorice capitales no está eximido de ser penado si esos capitales tienen origen doloso, o se originan en el narcotráfico, o son blanqueo de dinero”.

Al cuestionarlo, la salteña Sonia Escudero -que integraba el bloque FpV, pero que solía votar en contra del oficialismo en proyectos clave- advirtió que si se aprobaba el blanqueo “Argentina será un paraíso fiscal por unos cuantos años”. Se quejó entonces porque “hay tanto dinero negro proveniente de delitos que ya hay un problema físico de donde guardarlo fuera de los bancos”. El kirchnerista neuquino Marcelo Fuentes rechazaba estos argumentos: “Me alegra que habremos logrado al menos la mitad, el paraíso”, enreferencia al planteo sobre la Argentina como un “paraíso fiscal”.

La senadora justicialista disidente Liliana Negre de Alonso, como otros legisladores de la oposición, hizo una fuerte advertencia sobre el posible lavado de dinero proveniente de la droga que ingresaría al país gracias al blanqueo de capitales que impulsa el kirchnerismo. “¿No sabemos que el narcotráfico está invadiendo Latinoamérica? Nosotros le estamos abriendo la puerta, y estamos sacrificando a nuestros niños, que van a ser envenenados por la droga”, remarcó la senadora puntana.

Para el radical Juan Carlos Marino, con el blanqueo de capitales se abría la puerta “al ingreso de dinero del narcotráfico”, al hablar durante la sesión en que se trata esa iniciativa del oficialismo.

Ya al frente de la AFIP, Ricardo Echegaray sostuvo al finalizar el blanqueo que la Ley 26.476 había permitido el ingreso al sistema de 4.700 millones de dólares. Bastante menos de los 19.000 millones de dólares que el Gobierno esperaba repatriar. Los críticos advirtieron que se trataba de una parte ínfima de los 45.000 millones que se habían fugado entre 2008 y 2009.

Blanqueo K, parte II

Cuando el kirchnerismo quiso poner en marcha un nuevo blanqueo, ya en el segundo período de Cristina Kirchner, gozaba de amplias mayorías que no impidieron las críticas, pero sí consiguieron aprobaciones holgadas.

El proyecto impulsado por el entonces ministro Hernán Lorenzino autorizaba al Ministerio de Economía a emitir el Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo Económico (BAADE) y el Pagaré de Ahorro para el Desarrollo Económico, que estaban denominados en dólares. Se autorizaba además al Banco Central a emitir lo que se conoció como el Certificado de Depósitos para Inversión (CEDIN) en dólares, endosable como un medio de pago para cancelar obligaciones en moneda estadounidense.

El anuncio fue hecho el 7 de mayo en una conferencia de prensa brindada por el ministro de Economía Hernán Lorenzino, su viceministro Axel Kicillof, el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray y la presidenta del BCRA Mercedes Marcó del Pont.

“La idea es transformar ahorros en nuevas inversiones”, sostuvo entonces Lorenzino, mientras que Kicillof indicaba que “la poca confianza en la moneda ha llevado a atesorar fortunas no declaradas en dólares” y que la intención era “encauzar (esos ahorros) hacia el activo más rentable de nuestra economía, que es la inversión en energía y en construcción”. El viceministro de Economía explicó que “hubo 50 años donde han ocurrido devaluaciones recurrentes” por las cuales “la moneda argentina fue perdiendo solidez” y los argentinos incorporaron una “tendencia a ahorrar en dólares”.

Ese mismo día el diputado de la Coalición Cívica Alfonso Prat-Gay salió al cruce de la medida afirmando que el Gobierno estaba dando otra señal de que el modelo y el relato se estaban desmoronando. “Busca amortiguar la fuerte caída de reservas de us$8.000 millones desde el inicio del cepo cambiario, tentando a los ahorros en negro”, manifestó, advirtiendo que se trataba del segundo blanqueo de capitales del kirchnerismo y, sugestivamente, “lo anuncian en medio de crecientes escándalos por presunto lavado de dinero de gente muy cercana al poder”.

“Por primera vez se presenta todo el equipo económico en pleno -dijo- y lo hacen con una medida absolutamente coyuntural que busca comprar tiempo y que no resuelve ninguno de los problemas de fondo que aquejan a la economía nacional: la inflación, el atraso cambiario, la caída del empleo y los inaceptables niveles de pobreza que siguen casi tan altos como cuando asumió Cristina Fernández en 2007”.

Desde ese mismo partido, pero por entonces en la Legislatura porteña, Fernando Sánchez recordaba entonces que “ya en el 2008, siendo diputado nacional, miembro informante de la Comisión de Lavado de Dinero, anticipé en la discusión del Congreso que este Gobierno iba a hacer una ley que sólo facilita la impunidad a los corruptos y que carga al pueblo argentino con la degradación moral que esto significa”. Y concluía: “Lázaro Báez y Cristóbal López le van a agradecer al Congreso por el favor que les hagan”.

El proyecto comenzó a ser tratado en el Senado dos días después de haber sido anunciado, y al defenderlo en el debate en las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Economía Nacional e Inversión, y de Justicia y Asuntos Penales, Kicillof expresó: “Ahora que la economía ha recobrado un proceso de crecimiento con inversión, busquémosle una salida productiva, por el lado bueno de la economía”. Negó en ese sentido que el proyecto de blanqueo de capitales fuera una “amnistía no legal, porque no vamos a pasar por alto aquellos relacionados con delitos como la trata”. “Les decimos que ese dinero úsenlo para algo que le sirva a todos los argentinos”, expresó Kicillof.

Mercedes Marcó del Pont defendió el proyecto relacionado con el blanqueo de capitales al destacar que el sistema “se ha utilizado en la Argentina y se utiliza en el mundo”, ya que “es válido para poner recursos nacionales que han quedado fuera del circuito de la producción”. En cuanto al Certificado de Depósito para Inversión (CEDIN), Marcó del Pont sostuvo que estaba orientado “a movilizar parte de esos dólares ociosos y transformarlos en ahorro potencial que puede financiar sectores importantes para sostener la inversión y el crecimiento económico”.

Desde la oposición, el senador Gerardo Morales advertía que no correspondía tratar una iniciativa de esas características “cuando están apareciendo datos concretos que demuestran de qué manera se ha institucionalizado un sistema de corrupción en algunas áreas”.

El bloque de diputados nacionales de la UCR, en tanto, emitió un durísimo comunicado en el que consideró “una burla que poco tiempo después de conocer las andanzas financieras del expresidente y sus testaferros, el Gobierno comunique su intención de aprobar el proyecto que necesita para garantizar, finalmente, la total impunidad de todos sus amigos. El proyecto prevé que quienes no hayan declarado activos ni hayan pagado los impuestos correspondientes, puedan blanquearlos comprando bonos del Estado, sin decir cuándo ni de dónde consiguieron los fondos”. Señalaban que “la ley dice que los fondos provenientes de delitos de corrupción, el lavado de dinero, trata, narcotráfico y financiamiento del terrorismo van a seguir siendo perseguidos”, y se preguntaban: “¿Cómo es que se espera saber si el dinero blanqueado está vinculado con esos delitos si no hay que indicar el origen de los fondos ni la fecha de su adquisición?”.

Se hacían también otras preguntas, a saber: “Se supone que los funcionarios públicos y personas imputadas de otros delitos quedan excluidos del régimen del proyecto. ¿Qué impide que los Báez, los Fariña y los Cirigliano puedan blanquear sus activos usando testaferros como los que ya usan?”.

Tal era el rechazo de la oposición a ese blanqueo, que aun antes de que llegara a la Cámara baja, los diputados nacionales se reunieron en conferencia de prensa para expresar su firme rechazo, anticipando que derogarían la futura ley en caso de recuperar la mayoría parlamentaria en las elecciones de ese año. Así opinaron representantes de la UCR, el PRO, el Frente Peronista, el FAP y la CC-ARI sobre la iniciativa que otorgaba bonos para financiar a YPF y el sector inmobiliario a cambio de dólares de declarados.

“Esta ley no va a reactivar la economía, sino que abrirá una puerta peligrosísima en Argentina para que se convierta en un paraíso fiscal y consagrará la impunidad de los delitos de corrupción”, lanzaba el jefe del bloque radical, Ricardo Gil Lavedra. En el mismo sentido se quejó Gabriela Michetti (Pro), al sostener que “este Gobierno avasalla todas las normas que tiene nuestro país” y que “se está destruyendo tanto la Justicia como la libertad de expresión”, mientras Prat-Gay sentencoaba que “esta ley quiere llevar a los amigos del poder, los testaferros, del purgatorio al paraíso fiscal”, al tiempo que Patricia Bullrich (Unión por Todos) consideraba “insólito” que “la Justicia esté investigando el lavado de dinero y el Gobierno proponga una ley de este tipo”, a la vez que manifestó la intención de la oposición de “que se procese a todos los funcionarios que permitieron este delito”.

El 22 de mayo de 2013 el proyecto recibía media sanción del Senado por 39 votos positivos contra 28 negativos, en un debate en el que el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Aníbal Fernández, afirmaba que el proyecto permitiría al país “seguir en la senda del crecimiento y la generación del empleo”.

Apenas siete días después el proyecto fue convertido en ley en Diputados, donde el oficialismo lo aprobó por 130 votos contra 107. “No es una ley que busca recaudación fiscal ni que aumenten las reservas”, aclaró en esa sesión que se extendió por casi doce horas el presidente del bloque del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, quien también garantizó que el GAFI “va a terminar aprobando” el blanqueo, tal como lo hizo en 2008.

Desde el oficialismo aseguraron que la norma permitiría volcar el ahorro a la reactivación del sector energético y sobre todo al inmobiliario, uno de los más resentidos en los últimos tiempos. “Se busca generar la posibilidad y las condiciones para que una parte de ese dinero que se fue pueda volver y ponerse al servicio de proyectos productivos”, explicó el titular de Finanzas, Carlos Heller, quien recordó que “el modelo tiene como pilar que el financiamiento del crecimiento se base en el ahorro interno y no en el endeudamiento externo”.

La oposición volvió a advertir que quienes blanqueen sus dólares gozarían de exenciones impositivas y no estarán obligados a informar a la AFIP el origen de los fondos. “Se le está otorgando un traje a medida a los evasores, más atractivo (que el blanqueo de 2008), porque es sólo para los que tienen dólares y no le pedimos nada a cambio”, arguyó el expresidente del Banco Central, Alfonso Prat-Gay, y añadió que “al que esté fuera de la ley se le pone la alfombra roja para que no pague impuestos a la AFIP”.

Roberto Feletti, miembro informante del oficialismo, aclaraba por su parte que “cuando (la moneda no declarada) ingresa en el circuito bancario formal, las instituciones financieras de Argentina tienen la obligación de aplicar íntegramente la normativa de lavado de dinero”. A su vez, Heller recordaba que quienes ingresen en el régimen de exteriorización deberán cumplir a fin de año con las obligaciones de los impuestos a las Ganancias, a la Ganancia Mínima Presunta y sobre los Bienes Personales.

Pero la oposición rechazó los argumentos. “Esta ley solamente puede atraer a los grandes delincuentes, no van a conseguir que el pequeño evasor saque la plata del colchón para obtener el CEDIN”, opinó el jefe del bloque radical, Ricardo Gil Lavedra, mientras que el macrista Federico Pinedo sentenciaba que “Argentina será un país financiado por la delincuencia” y vinculó el proyecto a la caída de reservas del Banco Central y a “una fuga de capitales que superó los 100 mil millones de dólares”.

Por su parte, la socialista Alicia Ciciliani interpretaba que “el objetivo es llegar a octubre más aliviado y garantizar impunidad a algunos grupos”. “No queremos una devaluación brusca que perjudique a los sectores populares, pero tampoco queremos poner a Argentina en riesgo de financiarse en actividades ilícitas”, justificó.

De los votos afirmativos, 110 correspondieron al Frente para la Victoria y el resto a sus aliados tradicionales. Siete del Frente Cívico Santiago, cuatro de Nuevo Encuentro y dos del Partido Justicialista La Pampa. El Movimiento Popular Neuquino aportó sólo dos votos a favor, ya que José Brillo se inclinó por la negativa. También acompañaron el proyecto los salteños María Cristina Fiore Viñuales (Partido Renovador) y Walter Wayar (Frente Peronista Federal). Asimismo el kirchnerismo recuperó los votos de Mariana Veaute (Frente Cívico Catamarca), el bonaerense Julio Ledesma (Corriente de Pensamiento Federal) y Jorge Garramuño (Movimiento Popular Fueguino), que en la sesión anterior habían sorprendido con su rechazo a la reforma al Consejo de la Magistratura.

El bloque oficialista también perdió el voto de Alfredo Olmedo (Salta Somos Todos), aunque contó con su ayuda para el quórum. Sin embargo la sorpresa la dio un diputado propio, Oscar Martínez. Distanciado de Agustín Rossi en Santa Fe por las alianzas para las próximas elecciones, el diputado que en el futuro se sumaría al massismo, prefirió no participar de la sesión.

Además de Brillo y Olmedo rechazaron el blanqueo de capitales la Unión Cívica Radical, el interbloque Frente Amplio Progresista, el Frente Peronista, el Pro, Proyecto Sur, la Coalición Cívica-ARI, la bancada de Felipe Solá y un puñado de monobloques. Completaron los votos negativos los díscolos del Frente para la Victoria: Omar Plaini y Facundo Moyano de la CGT opositora y la diputada Blanca Blanco de Peralta, esposa del entonces gobernador santacruceño.

No dio quórum, pero tampoco participó de la votación, Alberto Roberti recurriendo así a una estrategia que buscaba no poner en aprietos a su jefe político, Sergio Massa, quien por entonces no dejaba entrever si se cortaría solo en las elecciones venideras.

Ahora ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay puso fin a ese blanqueo el último día hábil de 2015. Lo hizo al cabo de nueve prórrogas y un magro resultado. De los 4.000 millones que se había propuesto conseguir el Gobierno, apenas lograron captarse 2.022 millones de dólares en Cedin y 349 millones de dólares en Baade.