Se discuten dos proyectos del Ejecutivo sobre procedimiento judicial para los casos de flagrancia y nuevas técnicas especiales de investigación policial.
La Cámara de Diputados sesiona desde las 14.41 para aprobar dos proyectos de ley en materia de seguridad, relativos al procedimiento judicial para los casos de flagrancia y las nuevas técnicas especiales de investigación policial.
Se trata de dos de las seis iniciativas que el presidente Mauricio Macri envió al Congreso a principios de abril, y que fueron dictaminadas en las comisiones de Seguridad Interior y de Legislación Penal.
La primera de las propuestas de ley establece un procedimiento especial para resolver con mayor rapidez y agilidad los delitos cometidos “in fraganti”, a través de modificaciones al Código Procesal Penal.
El segundo proyecto incorpora las figuras del agente encubierto, el agente revelador, el informante, la entrega vigilada y prórroga de jurisdicción, para la investigación de delitos complejos.
“Con estos procedimientos vamos a lograr defender al imputado en sus derechos, asistir a la víctima y atender el reclamo de la sociedad”, garantizó el presidente de la Comisión de Seguridad Interior, Luis Petri, quien abrió el debate.
El proyecto sobre flagrancia, que introduce modificaciones al Código Procesal Penal, consiste en lograr un juzgamiento rápido de los delitos en los cuales sus au
tores son aprehendidos en el momento mismo de su realización, permitiendo su condena.
El diputado de la UCR-Cambiemos explicó que también se considera delito en flagrancia inmediatamente después, “cuando (el delincuente) es perseguido por la autoridad policial, la víctima o el clamor popular”.
El mecanismo para estos casos establece que “el detenido será trasladado ante el juez a fin de participar de una audiencia oral inicial de flagrancia que deberá llevarse a cabo dentro de las 24 horas desde la detención”, prorrogables por otras 24.
A esa audiencia deberían asistir el Ministerio Público Fiscal, el imputado y su defensor, y la víctima también tendría derecho a participar, ser parte querellante y declarar sin la presencia del imputado, si lo solicita.
Por otra parte, la titular de la Comisión de Legislación Penal, Gabriela Burgos (UCR-Cambiemos) defendió el proyecto que crea las figuras del agente encubierto, el agente revelador, el informante, la entrega vigilada y prórroga de jurisdicción, para la investigación policial.
La jujeña indicó que se busca “la persecución a las organizaciones criminales que han penetrado en nuestro país, porque hace bastantes años tenemos fronteras sumamente permeables que han posibilitado, entre otras cosas, el desarrollo del narcotráfico”.
“Se ha cambiado la fisonomía del accionar delictivo, y los delitos que antes eran comunes se han transformado en complejos. Necesitamos herramientas útiles para poder afrontar este tipo de delincuencia, conformada por bandas altamente organizadas, muchas de ellas con un fuerte poder económico”, sostuvo Burgos.
Y agregó: “El paradigma del delito ha cambiado, ha evolucionado, y en muchos casos se ha perfeccionado, por eso necesitamos a su vez un cambio de paradigma para combatir este modus operandi”.
Myriam Bregman encabezó la oposición a los proyectos con sus dictámenes en minoría. Denunció que con la ley de flagrancia, el Gobierno busca darle “más poder para las fuerzas represivas” y que “se aumentan cualitativamente los mecanismos de control social contra los sectores populares”.
“Se le da un enorme poder a las fuerzas represivas del Estado. Bajo la forma de un proceso ‘más expeditivo’, se les da una enorme facultad para extorsionar, armar casusas, plantar pruebas”, alertó la diputada del PTS en el Frente de Izquierda.
Para la legisladora, “no se está buscando más justicia: se están buscando más condenas sin juicio”. “Las cárceles seguirán pobladas de jóvenes, de pobres… y seguirá habiendo detenidos por portación de cara”, auguró.
Con respecto a las nuevas figuras para la investigación policial, Bregman advirtió que “son requeridas desde hace años por Estados Unidos” y tildó al proyecto de “reaccionario”. La diputada incluso fue felicitada por Diana Conti, del FpV.
La kirchnerista formuló duras críticas contra los proyectos y pidió “que usen las fuerzas de seguridad para defender lo que corresponde”.
Para Conti, con estas iniciativas “se les baja la intervención a los fiscales” y “los jueces quedan a disposición de la Policía”.
El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, no participa del debate por encontrarse en París, Francia, por un seminario de capacitación para líderes políticos. No obstante, su bloque respalda en general ambos proyectos.
En este sentido, Mónica Litza remarcó la importancia de votar a favor de las dos leyes, pero advirtió que “si no avanzamos en la implementación del sistema acusatorio, vamos a seguir poniendo institutos nuevos en Códigos viejos”, en alusión a la puesta en marcha de la reforma procesal penal.
“La letra de una ley no dice nada si no hay voluntad política”, dijo la massista, y puso como ejemplo que “en la provincia (de Buenos Aires) prácticamente todavía no ha empezado el año judicial”. “Que cambie un ministro a veces no es suficiente”, aseveró al referirse a la renuncia del titular de la cartera de Justicia, Carlos Mahiques.
En la voz del demócrata cristiano Juan Fernando Brügge, el interbloque UNA sugirió dos modificaciones al proyecto de técnicas especiales de investigación. La primera consiste en que la ley sea de “orden público”, lo que permitiría que pueda ser aplicada en todo el país por jueces y fiscales tanto federales como provinciales.
El segundo cambio pedido por el Frente Renovador obedece a que, cuando un juez o fiscal federal quiera ingresar a un territorio provincial –con la prórroga de jurisdicción- tenga que comunicar al juez local, en 24 horas como máximo, su intromisión.
