El miércoles 1ro de junio sesionará la Cámara baja para aprobar el procedimiento para los casos de flagrancia y las nuevas técnicas especiales de investigación. El oficialismo no reunió consenso para avanzar con la reforma del Ministerio Público Fiscal.
Los proyectos del Poder Ejecutivo en materia de seguridad acapararán la agenda legislativa de la Cámara de Diputados, que sesionará el próximo miércoles 1ro. de junio para aprobar el procedimiento para los casos de flagrancia y las nuevas técnicas especiales de investigación sobre delitos complejos.
Se trata de dos de las seis iniciativas que el presidente Mauricio Macri envió al Congreso a principios de abril, aunque Cambiemos aun no logró avanzar con la más polémica: la reforma del Ministerio Público Fiscal, hoy en manos de Alejandra Gils Carbó.
Esta última propuesta fue duramente criticada por la oposición dado que, entre sus puntos principales, recorta a cuatro años el mandato del procurador –hoy el cargo es vitalicio- y facilita el proceso de juicio político para su remoción.
Además, le resta poder al procurador de turno a través de la figura de cuatro subprocuradores generales en derecho penal, en delito organizado, en derecho público y en derecho privado.
El oficialismo no sólo decidió “freeezar” ese proyecto, sino que también desistió de avanzar con la regulación de la figura del arrepentido para casos de corrupción, que finalmente fue excluida del dictamen conjunto.
Los dictámenes sobre flagrancia y creación de figuras para la investigación de delitos complejos fueron consensuados en las comisiones de Seguridad Interior y de Legislación Penal, donde recibieron aportes de todos los bloques.
En cuanto al primero, se establece que “el detenido será trasladado ante el juez a fin de participar de una audiencia oral inicial de flagrancia que deberá llevarse a cabo dentro de las 24 horas desde la detención”, prorrogables por otras 24.
A esa audiencia deberían asistir el Ministerio Público Fiscal, el imputado y su defensor, y la víctima también tendría derecho a participar, ser parte querellante y declarar sin la presencia del imputado, si lo solicita.
El objetivo consiste en lograr un juzgamiento rápido de los delitos en los cuales sus autores son aprehendidos en el momento mismo de su realización, permitiendo su condena.
El segundo proyecto de ley incorpora las figuras del agente encubierto, el agente revelador, el informante, la entrega vigilada y prórroga de jurisdicción.
Según el dictamen de comisiones, “será considerado agente encubierto todo aquel funcionario de las fuerzas de seguridad autorizado, altamente calificado, que presta su consentimiento y ocultando su identidad, se infiltra o introduce en las organizaciones criminales o asociaciones delictivas, con el fin de identificar o detener a los autores, partícipes o encubridores, de impedir la consumación de un delito, o para reunir información y elementos de prueba necesarios para la investigación”.
En tanto, el agente revelador sería “aquel agente de las fuerzas de seguridad o policiales designado a fin de simular interés y/o ejecutar el transporte, compra o consumo, para sí o para terceros de dinero, bienes, personas, servicios, armas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o participar de cualquier otra actividad de un grupo criminal, con la finalidad de identificar a las personas implicadas en un delito, detenerlas, incautar los bienes, liberar a las víctimas o de recolectar material probatorio que sirva para el esclarecimiento de los hechos ilícitos”.
El proyecto consensuado aclara que “el accionar del agente revelador no es de ejecución continuada ni se perpetúa en el tiempo, por lo tanto, no está destinado a infiltrarse dentro de las organizaciones criminales como parte de ellas”.
La información que el agente encubierto y el agente revelador obtengan “será puesta de inmediato en conocimiento del juez y del representante del Ministerio Público Fiscal interviniente en la forma que resultare más conveniente para posibilitar el cumplimiento de su tarea y evitar la revelación de su función e identidad”.
Además, “el agente encubierto y el agente revelador serán convocados al juicio únicamente cuando su testimonio resultare absolutamente imprescindible”.
En cuanto al informante, se trata de “aquella persona que, bajo reserva de identidad, a cambio de un beneficio económico, aporte a las fuerzas de seguridad, policiales u otros organismos datos, informes, testimonios, documentación o cualquier otro elemento o referencia pertinente y útil que permita iniciar o guiar la investigación para la detección de individuos u organizaciones dedicados a la planificación, preparación, comisión, apoyo o financiamiento” de los delitos complejos.
Por último se establece que “cuando se encontrase en peligro la vida de la víctima o su integridad psíquica o física o la demora en el procedimiento pueda comprometer el éxito de la investigación, el juez y el fiscal de la causa podrán actuar en ajena jurisdicción territorial, ordenando a las autoridades de prevención las diligencias que entienda pertinentes, debiendo comunicar las medidas dispuestas al juez del lugar”.
Mientras tanto, se encuentran en tratamiento en el Senado otros tres proyectos, relativos al desvío de precursores químicos, al fortalecimiento de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal y la creación de un fuero específico para los casos de flagrancia.
