Legisladores y especialistas en ciencia política abordaron el impacto de la reforma en el sistema político, el Pacto de Olivos y los desafíos pendientes.
En el marco de la conmemoración del 25° aniversario de la reforma constitucional sancionada en el año 1994, el Congreso Nacional continúa con la realización de distintos espacios de reflexión con la participación de destacados referentes constitucionales.
Esta tercera jornada centró su eje de debate en torno al impacto que generó la Reforma Constitucional en el sistema político, con especial énfasis en el Pacto de Olivos y sus consecuencias.
El doctor en Ciencia Política y docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Miguel De Luca, explicó que “en principio, la modalidad de reforma basada en el Pacto de Olivos no fue bien recibida porque carecía de la participación ciudadana”.
No obstante, De Luca destacó el consenso que garantizó la nueva Carta Magna: “El presidencialismo aprendió a convivir dentro de un régimen democrático”.
Además, analizó los cambios en la duración del mandato del presidente, la incorporación del ballotage como instancia electoral decisoria y la elección de los senadores. “En líneas generales, el balance es absolutamente positivo”, concluyó.
A continuación, el politólogo y senador nacional mandato cumplido Juan Manuel Abal Medina consideró que “el resultado del proceso de reforma ha sido hibrido y con contradicciones internas”.
Aunque evaluó que “el impacto más importante de esta reforma es que hoy tenemos una Constitución aceptada, creída y respetada por todos”.
Por su parte, la directora del departamento de Ciencia Política y Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella, Ana María Mustapic, expresó que “para que una democracia perdure es fundamental que se ejercite el mecanismo de la autorestricción por parte de los actores institucionales”.
Por último, el diputado nacional Juan Brügge (Córdoba Federal) consideró que “la reforma fue un proceso imperfecto producto de traspolar modelos de constituciones extranjeras a nuestro país”.
En este sentido, Brügge dijo que si bien la reforma introduce, por ejemplo, la figura del Defensor del Pueblo, el Consejo de la Magistratura y el jurado de enjuiciamiento para jueces, “ninguno de estos mecanismos funciona de forma óptima producto de la discrecionalidad política”.
El panel estuvo moderado por el abogado Ricardo Gil Lavedra, diputado nacional mandato cumplido y conjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien aseveró que “esta fue la reforma más legitima que tuvo Argentina”.
Posteriormente, Eduardo Fidanza, sociólogo y analista político, y Antonio María Hernández, constituyente en la reforma del ´94, expusieron en el panel “Cuestiones pendientes de la Reforma Constitucional de 1994”, con la moderación del secretario parlamentario del Senado, Juan Pedro Tunessi.
Fidanza mostró los resultados de un estudio sobre los conocimientos de la sociedad civil acerca de la Constitución, donde se destacaron los números negativos.
Sin embargo, consideró que “en una perspectiva comparada, la democracia argentina tiene un problema mucho más grande en el plano económico que en el plano constitucional”.
“Las democracias están sufriendo procesos de deslegitimación en el mundo. En cambio, en Argentina acaba de tener un proceso electoral: podrá cambiar el gobierno, pero está cambiando dentro de los límites del sistema”, dijo.
Por su parte, Antonio María Hernández sostuvo que “la Constitución une a los argentinos, es nuestro proyecto político mayor, es la Nación argentina hecha ley. Hay que colocarla arriba, como tablero, como enseñaba Domingo Faustino Sarmiento”.
“La Argentina cambiará cuando haya un cambio de cultura política democrática, cuando la ética política sea una realidad, cuando la vigencia plena de la Constitución termine de hacer realidad a los sueños de los próceres fundadores”, finalizó.
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