Por Juan Carlos Tomasetti. Un verdadero sistema de seguridad social para el largo plazo también exige un largo plazo de estudio y debate político.
Consideramos que en todo estudio del tema y formas de solucionar la problemática a resolver, no podemos permitirnos más acciones improvisadas de corto plazo y tampoco proponernos grandes transformaciones con objetivos que pueden en sus fundamentos ser integrales, como ya hubo en nuestra historia en la materia, pero que luego, su instrumentación e implementación, significo la aplicación de calmantes a una dolencia terminal o remiendos con agujeros y no una nueva vestimenta.
No debemos continuar transitando el estrecho y corto sendero de la solidaridad grupal limitada al presente; es una obligación de la sociedad toda instaurar una plena solidaridad social y generacional, donde universalidad, integralidad e inmediatez, se cumplan razonablemente y con justicia.
Los objetivos políticos de largo plazo a debatir y definir deben fundamentarse en los datos de herramientas matemáticas y estadísticas, simples y sofisticadas, aplicadas con conocimiento e imaginación, producto de estudios, del pasado, del presente y con proyecciones graduales en el largo plazo, y evaluaciones de equipos interdisciplinarios especializados
Establecer un financiamiento factible y sostenible en el mediano y largo plazo, es el problema difícil de resolver, pero es la base de sustentación de un nuevo sistema. Debemos evitar nuevas experiencias fallidas que causaron injusticia a quienes luego de muchos años de ahorrar parte de sus ingresos y restar calidad de vida presente, para que acumulados en un sistema de solidaridad social y generacional, mejorara su calidad de vida futura. Esa y otras causas, provocaron y provocan en la sociedad, una falta de vocación previsional y desincentivan incorporarse al sistema. Es una preocupación la cantidad de desocupados; de trabajadores informales; no registrados; registrados en jornadas reducidas y otros procederes legales o ilegales. Este tema nos ocupa a muchos estudiosos desde hace décadas, y especialmente en los aspectos, actuariales, económicos y financieros, respecto de los cuales hemos publicado periódicamente nuestra opinión. Así, oportunamente expresamos que la problemática de los haberes jubilatorios, tema reiterado en comentarios públicos y privados, no ha generado la realización de estudios integrales (demográficos – actuariales – financieros – sociales) y factibles en el mediano y largo plazo, para el financiamiento del régimen jubilatorio nacional. Sólo se han planteado soluciones superficiales, parciales y coyunturales que postergaron la difícil e ineludible decisión de definir el sistema financiero y las fuentes de financiamiento del régimen jubilatorio nacional en particular y de la seguridad social en general. En este tema también hemos planteado lo impostergable de un estudio respecto de la integración nacional de la multiplicidad de sistemas, en un único sistema, no uniforme, donde la solidaridad social reemplace a la solidaridad grupal hoy vigente. Respetando fundamentalmente el verdadero federalismo, y la justicia social.
Actualmente, ya nadie duda de que el haber jubilatorio, es un sustituto del salario, por ello el monto a percibir por el jubilado debe tener una relación directa con la remuneración que percibe el trabajador por igual categoría, oficio o función. Pero debemos ser precisos ya que cumplir esa relación ajustada a lo establecido en el Art. 14 bis de la Constitución Nacional de manera universal e integral en el largo plazo, exige que el régimen tenga los recursos financieros suficientes y sostenidos en el tiempo. Hoy no está garantizado actuarial y financieramente y tampoco hay acciones de posibles soluciones, lo más integrales y universales posibles, que contemplen una justa y equitativa distribución generacional del costo de esas soluciones. Debemos asumir la insuficiencia de los recursos propios del sistema, y la tendencia descendente derivada del crecimiento de las expectativas de vida y de la reducción del colectivo de cotizantes por razones coyunturales y estructurales. Tema significativamente agravado, cuando la dolencia- inflación- está presente.
Un importante porcentaje de los recursos anuales de la ANSES, son asignaciones específicas de recursos tributarios, por tiempo determinado. (Cuánto tiempo?) Estamos seguros que cuando la Constitución Nacional establece – tiempo determinado – no lo hace con definición matemática. (500 años es un tiempo determinado matemáticamente).
Toda una historia en la que los aspectos de organización administrativa, demográficos, actuariales, financieros y económicos estuvieron totalmente ausentes en los cambios del sistema previsional. Solo soluciones coyunturales y muchas veces políticamente-demagógicas.
No significa que deban subordinarse los principios básicos de la seguridad social a principios economicistas, al contrario, se trata de utilizar adecuadamente instrumentos de la demografía, sociología, matemática y de la economía para que el sistema cumpla, de la más razonable y justa forma posible, los principios y objetivos propios.
En los años 2006/2008 la reforma del sistema de pensiones de Chile se desarrolló a partir de un proceso participativo que incluyó a un grupo de expertos nacionales e internacionales.
La presidenta Bachelet nombró un consejo asesor multidisciplinario y políticamente diverso, para responder a las preocupaciones y consultas de los ciudadanos. El objetivo era anticipar los posibles problemas que pudiera presentar el sistema y sugerir cambios o volver a diseñar el sistema vigente. El consejo organizó sesiones públicas con tantos representantes de los ciudadanos como fuera posible y su objetivo fue analizar las fortalezas y debilidades del sistema vigente, los principales desafíos que no podía resolver el sistema vigente y formular propuestas para mejorarlo. Al respecto lo que vale analizar, es cuanto avanzo el sistema chileno y no pretender compararlo de manera lineal con nuestra seguridad social.
Una vez más, ratificamos la afirmación, respecto de la insuficiencia de las actuales fuentes de recursos corrientes para atender razonablemente los principios de universalidad, integralidad e inmediatez como así también cumplir con un preciso régimen de movilidad automática de haberes. Respetando razonablemente el concepto sustitutivo de los haberes jubilatorios, respecto de los salarios.
Por ello nos parece necesario reproducir el texto del artículo 14 bis de la Constitución Nacional y recordar las reiteradas sentencias de la C.S.J. sobre la materia.
El número de nuevos cotizantes y el de nuevos beneficiarios, son parámetros de significativa importancia para el financiamiento. La tasa de fecundidad y los balances migratorios netos, constituyen un factor de crecimiento de nuestra población, su distribución por edad, los niveles de empleo registrado y otras razones, hacen a la fuente de nuevos cotizantes, y de acuerdo a su actividad (regímenes diferenciales) función o especialidad, de su profesión o de su empleador, definen la incorporación a uno u otro de los múltiples regímenes indicados. La esperanza de vida de la mujer y del hombre, es una característica demográfica definitoria de las erogaciones por prestaciones de todo régimen de jubilaciones. Cuanto más elevada es la esperanza de vida, mayores serán las erogaciones relacionadas con las prestaciones abonadas, ya que el régimen tendrá que pagar prestaciones durante un mayor periodo de tiempo.
Todos esos valores deberían proyectarse por períodos no menores a 20 años, a partir del conocimiento de la distribución actual de la población según su sexo, edad, actividad, pasividad y otras cualidades demográficas.
Investigaciones académicas y estudios sobre la materia en el mundo, indican de países que han creado regímenes complementarios (usando nuestro léxico) y fondos de reserva para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de esos regímenes y disponer de una salvaguarda para periodos de dificultad, incluyendo expresamente otros recursos en las fuentes de financiamiento.
Todos esas elaboraciones coinciden y ratifican la condición de que esos regímenes deban tener una administración eficiente, rigurosa y sólida, a la hora de definir la inversión de los fondos, para hacer frente a un contexto complicado dominado por instrumentos financieros complejos y con eventuales crisis en los mercados financieros. Las administraciones de los regímenes tienen la difícil tarea de minimizar estos riesgos, por ello no olvidemos la experiencia de los resultados en el mediano y largo plazo en nuestro país.
Bienvenido un proyecto integral del sistema, pero pensamos no debería evitar las anteriores reflexiones.
El licenciado Tomasetti fue profesor de grado y post-grado Seguridad Social en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNCBA. Exfuncionario Recaudación Previsional.
