Con 140 votos a favor y 72 en contra se aprobó en la Cámara baja el proyecto del oficialismo que busca castigar con nuevas sanciones la concentración monopólica. Se crea la Autoridad Nacional de la Competencia, que estará conformada por un tribunal compuesto por cinco miembros.
Cambiemos logró alzarse este miércoles con la media sanción de la nueva Ley de Defensa de la Competencia, un proyecto que unificó propuestas presentadas por Mario Negri (UCR) y Elisa Carrió (CC). En la votación, la iniciativa cosechó 140 votos a favor, 72 en contra y ninguna abstención.
La norma busca castigar la cartelización, a través de nuevas sanciones, y crea la Autoridad Nacional de la Competencia, que estará conformada por un tribunal con cinco miembros. A pedido de la oposición, el oficialismo aceptó en la discusión en particular una serie de modificaciones.
En el arranque, la massista Liliana Schwindt consideró que “todos conocemos que si queremos una Argentina de competencia, esta ley va a permitir eso. Va a permitir que no haya abusos y evitar la cartelización”.
La titular de la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia dijo que en la actualidad “no” hay una norma “que actúe, controle, sancione y multe”, y por eso consideró que este proyecto será de “gran importancia” para el país en relación a su imagen frente a la OCDE.
Por último, la legisladora insistió con la propuesta de su espacio para que se avance con “una ley de góndolas” porque hay “diez rubros en los que hay una clara falta de competencia, y van desde el sector automotriz hasta los servicios de salud”.
En rechazo al dictamen de mayoría, el kirchnerista Juan Cabandié cuestionó la “excesiva autoridad que va a ejercer” el presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia, que se crea mediante la ley. “Nos parecería más conveniente que se ejerza de una manera más colegiada”, añadió.
El diputado también advirtió sobre la creación “de una sala especializada con tres jueces en el marco de la Cámara Nacional de Apelación Civil”. Señaló que en este punto “se produce una flagrante contradicción y hasta una inconstitucionalidad”, porque “se va a aplicar normativa penal” y “estaríamos ante jueces civiles que tienen que aplicar el Código Penal”.
Además reclamó que “no” se define “ningún porcentaje” para determinar “quién está incurriendo en una actitud de concentración económica”. Y reprochó que el Gobierno nacional “desarticuló” un “paquete de proyectos de ley que se sancionaron en 2014 y que estuvieron relacionados en la defensa de los consumidores y usuarios”. Respecto del “Programa de Clemencia” expresó que “nos parece un eufemismo” en medio de “una época de moda de los arrepentidos”.
“Falta la ley de góndolas. Creemos que tiene que ser un punto central porque, si no está, la ley queda trunca”, reiteró a su turno el massista Marco Lavagna. Miembro informante del dictamen de minoría presentado por su bloque resaltó que “hoy en Argentina tenemos muchas prácticas anticompetitivas que no se están controlando”.
El referente económico del FR subrayó que “hace falta tener una decisión política muy fuerte de realmente avanzar sobre este tipo de prácticas y empezar a regularlas de una vez por todas y en serio”. En ese sentido, manifestó que “lo del Tribunal no es nuevo; el problema es que nunca se constituyó” e incluso tiempo después “se anuló”.
Desde el Frente de Izquierda, Pablo López (PO) consideró a la ley como “una enorme hipocresía” por parte del “gobierno de los monopolios” que “ha colocado a los CEO’s de las empresas de monopolios como funcionarios”. “Es algo ridículo decir que con esto se van a solucionar los grandes problemas económicos del país”, sostuvo a continuación Juan Carlos Giordano (PTS).
Por el oficialismo defendió el proyecto el radical Mario Negri, quien aseguró que “la cartelización es la enfermedad que termina ahogando al consumidor” y sostuvo que la nueva norma será “un aporte sustancial a la transparencia de los mercados”.
Por segunda vez desde que es diputado nacional, Máximo Kirchner habló el recinto. Increíblemente elogió el proyecto original de Elisa Carrió, al decir que establecía un porcentaje que determinaba a partir de cuándo existía una posición dominante y que ahora, en cambio, “se deja al libre albedrío de este tribunal”. Por otro lado, reconoció el “gran error” de su padre en la fusión Multicanal-Cablevisión y cuestionó la concentración en los medios para criticar al Grupo Clarín.
Tras el discurso de su compañero de bloque, el kirchnerista Axel Kicillof remarcó que, desde que asumió, el gobierno de Cambiemos “no ha dejado de generar políticas adversas a la competencia”. En esa línea, enfatizó que “retiraron todos los elementos que tenía el Estado para controlar”, como el programa de “Precios Cuidados”, implementado en la gestión anterior. “Hay que accionar desde el Estado para defender al consumidor”, agregó el exministro de Economía.
En respuesta a Máximo Kirchner, quien cuestionó a los medios privados, Graciela Camaño destacó que “el gobierno anterior tampoco promovió la competencia entre privados” y “con el dinero de los contribuyentes argentinos hizo el monopolio de medios K que implosionó, y por estos días vemos”.
Sobre la ley, la presidenta de la bancada del FR alertó que “nada de esto servirá, y todo quedará en el terreno de las buenas intenciones, si no se constituyen los órganos que crea esta ley”. Insistió con “el escandaloso manipuleo que en las góndolas hacen las grandes cadenas de supermercados” y contó su experiencia personal en Bariloche, en un supermercado de la firma ‘La Anónima’, de la familia de Marcos Peña. “En el supermercado ‘La Anónima’ tomé un dulce que se produce en El Bolsón. ¡Más caro que en el Jumbo de Villa Ballester!”, relató.
“No veo ningún elemento de inconstitucionalidad”, apuntó Diego Bossio (Justicialista) en referencia a los señalamientos del FpV. Tampoco coincidió en que fuera necesario un porcentaje que indique cuándo existe posición dominante, porque de hecho “hubo casos del gobierno anterior donde, con bajo porcentaje en el mercado, ciertos sectores tenían posición dominante, como el caso del cemento”.
Puntos principales
La iniciativa crea la Autoridad Nacional de la Competencia, como organismo descentralizado e independiente en el ámbito del Poder Ejecutivo, que estará conformada por el Tribunal de Defensa de la Competencia, el titular de la Secretaría de Instrucción de Conductas Anticompetitivas y el titular de la Secretaría de Concentraciones Económicas.
El tribunal estará integrado por cinco miembros, quienes deberán tener “idoneidad técnica” en la materia y presentarse a concurso público. Luego de la pre-selección, el Ejecutivo deberá enviar los pliegos para que el Senado les dé acuerdo. Esto último fue incorporado a pedido de la oposición.
En el recinto, el diputado Fernando Sánchez (CC) aceptó la propuesta de Marco Lavagna para que la relección de los integrantes del tribunal sea “por única vez”. En tanto, rechazó el planteo del macrista Daniel Lipovetzky para que los integrantes sean de profesión abogados.
A su vez, se prevén multas según tres criterios objetivos: el del monto del beneficio ilícito -la sanción podría ser hasta el doble-; el porcentaje de volumen de negocios del grupo económico; y multas de hasta 200 millones de Unidades Móviles (equivalentes a 20 pesos cada una).
Otro punto importante es la creación de un Programa de Clemencia, que exime de sanción al primer integrante de un cartel que aporte las pruebas necesarias para detectarlo y sancionarlo; y reduce la multa entre el 20% y el 50% para algún otro miembro que aporte una prueba adicional.
