De los gobernadores que este 1° de mayo debutaron ante las asambleas legislativas de sus provincias hay que contar a la catamarqueña Lucía Corpacci, quien al inaugurar el 123 período ordinario de la Legislatura de su provincia anunció un incremento salarial del 20 por ciento para los empleados públicos y jubilados.

Siguiendo con las noticias salariales, dijo que esta semana su gobierno llamará a los gremios docentes a una nueva paritaria a fin de negociar un aumento que se sume al 12,5 por ciento otorgado en febrero del presente año.

La ex senadora nacional señaló que su Gobierno se identifica “plenamente” con el proyecto de Cristina Fernández de Kirchner, lo que permite la “reconstrucción de la relación con el gobierno nacional”.

Señaló en su discurso su convencimiento de que “la cooperación es la herramienta para superar el atraso de nuestro pueblo, tenemos la voluntad de recuperar esta situación y comenzamos en diciembre cuando logramos incorporarnos al programa federal de desendeudamiento”.

“Queda prohibido el servicio de préstamos de dinero y para eso se crea el Comité Ejecutivo para erradicar la usura integrado por funcionarios profesionales de distintos organismos provinciales”, dijo en otro pasaje.

Reivindicó también la minería, que definió como “una política de Estado”. Asimismo aseguró que serán creados centros de “control minero-ambiental” en el interior provincial.

Por otra parte informó que su gobierno suspendió 700 pedidos presentados por empresas mineras porque no cumplieron con lo pactado para el desarrollo de la actividad.

“La deuda pública flotante es de 700 millones de pesos y la deuda total supera los 1.300 millones”, señaló en otro pasaje, puntualizando que encontró “múltiples problemas” en el sistema educativo con una “complejidad” que fue “cubierta por el velo de las palabras grandilocuentes e ingeniosas”.

Corpacci agregó que su gestión heredó también “deudas con proveedores de todo tipo de bienes y servicios, a quienes simplemente se eligió no pagarles, transfiriendo las obligaciones e intereses a esta gestión”.

Detalló haber recibido 87 obras en “estado inconcluso”, con el proceso de ejecución interrumpido por distintos motivos, donde un 37 por ciento corresponde a educación y un 28 por ciento a salud. A propósito de la salud pública, señaló que “no puede funcionar en el marco de un sistema donde, si había infraestructura, faltaba equipamiento y donde, si había equipamiento, faltaba personal”.