La diputada de la Coalición Cívica Patricia Bullrich presentó una denuncia en la Oficina Anticorrupción, a fin de que el organismo a cargo de Julio Fernando Vitobello tome la intervención de ley que le corresponde, por el presumible “arbitrario” reparto de la publicidad oficial en la TV.

La vicepresidenta de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados de la Nación acudió a ese organismo para pedir que se investiguen posibles violaciones al artículo 2° de la Ley N° 25.188, y de la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera, por parte del Poder Ejecutivo Nacional, a través de la Secretaría de Medios, de la SIGEN y de los entes descentralizados ANSES y AFIP.

En su presentación, Bullrich se respalda en el informe publicado en diferentes medios este miércoles, según el cual el Gobierno nacional gastó 107 millones de pesos en publicidad oficial en medios televisivos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante 2010, y del cual surge lo que presume como “un discrecional y tendencioso manejo de la misma” al beneficiar con el 67,5% del total del monto invertido a Canal 9, seguido a sideral distancia por Canal 11 Telefé (16,7%), y Canal 13 El Trece (5%).

“Tamaña diferencia entre la pauta oficial dirigida a Canal 9 y los restantes canales televisivos más importantes de la Ciudad de Buenos Aires, manifiesta la abierta discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos a favor de un medio que contiene en su programación diaria emisiones propagandísticas dirigidas a apoyar directamente al Gobierno nacional”, puntualiza la diputada, que recuerda que la programación del 9 contiene los programas Duro de Domar y Televisión Registrada, ambos de la productora Pensado para Televisión (PPT) -“de claro corte oficialista”, acota-, quien concentró cerca de 20 millones pesos en publicidad oficial.

Se hace eco asimismo de que los millones en publicidad oficial le llegan a Canal 9 a través de la ANSeS y la AFIP, organismos que invirtieron un total de $45,8 millones, siguiendo la misma decisión política que la Secretaría de Medios en distribución de pauta. “No es razonable que las informaciones de organismos como ANSeS y AFIP sean transmitidas primordialmente por este canal”, acota Bullrich, quien pide investigar la posible violación de la norma que impone un comportamiento ético de todo funcionario público.

“La decisión de inversión es arbitraria, discrecional, no sigue criterio alguno que pueda beneficiar a la población, discrimina a los medios pequeños y concentra casi el 70 % en un solo medio”, puntualiza Bullrich. Entiende la diputada que “es claro que la publicidad oficial es propaganda política. El Gobierno confunde el dinero público con el dinero partidario y con ello genera un grave perjuicio a los ciudadanos que ven que sus recursos son usados de manera discrecional y arbitraria. Este mal uso de fondos públicos se encuadra en las funciones de la Oficina Anticorrupción. Además lo hace con un fin muy claro: financiar los programas oficialistas, lo que significa también una grave distorsión a la libertad de expresión consagrada en nuestra Constitución nacional”.

Para la diputada de Unión por Todos, las sindicaturas internas de los organismos deberían analizar “esta actitud monopólica en el uso de recursos públicos y señalárselo a quienes emiten las órdenes. Sin embargo parece no existir, de parte de los síndicos de los organismos el uso de los criterios de razonabilidad y eficiencia a los que deben someterse los recursos públicos”.