El bloque de senadores provinciales de Cambiemos Entre Ríos denunció un “retroceso en la investigación de la corrupción estatal”, luego de que se conociera la decisión del procurador general de la provincia, Amílcar García, de desplazar al fiscal de la Unidad Fiscal de Investigación y Litigación (UFIL) que tiene, entre otros temas a su cargo, las denuncias por supuesto enriquecimiento ilícito del exgobernador Sergio Urribarri.

Según los senadores, “un amplio sector de la sociedad entrerriana ha quedado absorta, y hasta muda, frente al desplazamiento intempestivo y rodeado de secretismo” del fiscal Santiago Brugo, del que los legisladores destacan su trayectoria “como portador de una experiencia intelectual y práctica extraordinarias en la investigación de delitos de criminalidad compleja y vinculada al poder político estatal”.

En una solicitada el bloque destacó que fue la intervención de Brugo la que permitió “avanzar en investigaciones de supuestos delitos cometidos por altos funcionarios del anterior gobierno provincial (incluso del actual), como son los que se les atribuyen al exgobernador Sergio Urribarri, y su entorno familiar, incluido el caso Sidecreer y sus derivados, por enriquecimientos ilícitos”, señalaron.

En tanto, para la procuradora adjunta Cecilia Goyeneche el cambio respondió a “las muchas demoras en las causas, y decidimos hacer un cambio para lograr más eficiencia, no por otra cosa”, precisó la funcionaria, que confirmó que en lugar de Brugo fue designado Gonzalo Badano, quien hasta ahora secundaba al fiscal desplazado.

En el documento, los legisladores aseguraron que resulta “una falacia” el argumento de la Procuraduría de “dinamizar, eficientizar y reorganizar la Unidad Fiscal vinculada a la pesquisa de casos de corrupción administrativa”.

Y observaron que los integrantes de la Procuraduría, “durante muchos años, o miraron para otro lado o, derechamente, tuvieron paralizadas, sin sustanciarse a muchas de las causas emblemáticas”, entre las que mencionaron varias que tienen como protagonistas a encumbrados dirigentes locales.

Finalmente indicaron que la medida “deja muchas más dudas que certezas acerca de las reales y objetivas motivaciones invocadas para ello, por lo que no se puede ser indiferente, y es ello lo que genera mucha preocupación en un amplio sector de la sociedad entrerriana”, y se comprometieron públicamente a “seguir de cerca estos asuntos que son connaturales al estado de derecho y a la ética republicana”.