La Legislatura porteña aprobó una actualización de los montos cobrados por violar las clausuras impuestas por autoridad judicial o administrativa.
Se aprobó el proyecto de ley impulsado por el vicepresidente 1° Cristian Ritondo (Pro) y del diputado Francisco Quintana (Pro) que plantea sanciones desde $5.000 a $20.000 pesos de multa o 5 a 20 días de cárcel para quienes violen clausuras impuestas por autoridad judicial o administrativa, o incumplan sanciones sustitutivas o accesorias impuestas por infracción al régimen de faltas por sentencia firme de autoridad judicial. La votación en el recinto fue de 35 votos a favor y 17 en contra.
En los fundamentos del proyecto se expresa que “la necesidad de modificar esta sanción se refleja en el alto nivel de incumplimiento a las medidas de clausura que se producen en nuestra Ciudad. Para ilustrar la situación, la Agencia Gubernamental de Control del Gobierno (AGC) de la Ciudad detectó que durante 2011 se registraron más de 915 violaciones de clausuras, sobre 3.240 fajas colocadas en locales comerciales. Es decir que en ese año, y con otra realidad económica, ya en el 30% de los comercios clausurados se producía esta contravención. Cifra que encabezaban los bares nocturnos y pubs, seguidas por kioscos y maxikioscos y que resulta sumamente preocupante”.
El proyecto hace referencia a algunos casos de incumplimiento de clausuras que la AGC detectó, como el de un boliche del barrio de Palermo que sólo en 2013 ya contaba con 19 violaciones de clausura, continuaba en funcionamiento, pese a estar clausurado por graves fallas de seguridad, como cables expuestos y salidas de emergencia obstruidas.
“Estos son algunos de los hechos que sirven para mostrar el problema que enfrentamos, pero cabe recordar que en todos los casos la clausura a los locales comerciales se produce como sanción frente a una situación que puede poner en riesgo en forma directa o indirecta a la población”, puntualizan los legisladores en el proyecto.
Ante el cuestionamiento del diputado Jorge Taiana (Frente para la Victoria) sobre la graduación de la sanciones a quienes cometan infracciones, el diputado Francisco Quintana (Pro) remarcó que “el Código Contravencional debe ser analizado de manera integral, ya que el artículo 26 del mismo se refiere a la graduación de sanciones en función a la capacidad económica de quien la cometa”.
