El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Alfonsín, expresó que “darle estatus de refugiado político al señor Apablaza, impidiendo que se someta a la Justicia chilena a una acusado de haber cometido crímenes en democracia, representa un verdadero agravio para la República chilena”.

Al igual que Francisco de Narváez, Alfonsín aseguró que “la decisión argentina sólo puede justificarse frente a gobiernos persecutorios o autoritarios, que niegan Estado de Derecho o la independencia o imparcialidad de la Justicia. Obviamente, no es este el caso de Chile”.