La presidenta Cristina Fernández de Kirchner dejará el gobierno con la cuenta de inversión 2011 aprobada por el Congreso. El tema podría haber pasado desapercibido de haberse tratado de la cuenta inversión de otro año. Pero sucede que aquel fue el período en que Cristina debió gestionar por decreto, por no haber contado con una ley del Parlamento.

El informe de aplicación del Presupuesto 2011 fue aprobado por la Cámara de Diputados, dos semanas después de que el Senado le diera su aval. La votación resultó favorable por 129 votos positivos del Frente para la Victoria, contra 75 en contra de la oposición.

De esta manera, Cristina podrá dejar el gobierno con las cuentas en claras en lo que hace al año en que el oficialismo desistió de negociar un Presupuesto con la oposición. No obstante todavía le queda aprobar las cuentas de inversión de 2012, 2013, 2014 y 2015.

La iniciativa fue defendida enfáticamente por el diputado kirchnerista Eric Calcagno, quien aprovechó su discurso para fustigar muy duramente a la oposición que en 2010 se resistió a aprobarle al Gobierno de Cristina Kirchner el presupuesto. En un discurso cargado de ironía, el diputado bonaerense dijo haberse puesto a verificar “qué habíamos puesto en ese presupuesto tan terrible. Comparé las grandes variables macroeconómicas que se nos discutían”, dijo, con la proyección del Grupo A. “Ahora se llaman otra cosa, el marketing cunde”, deslizó, y en tren de asimilar su discurso con la actualidad política dijo que entonces ya se hablaba de “fin de ciclo” y advirtió que “no se les dan los fines de ciclo”.

“Estuvieron obligados, almas sensibles ellas, a elaborar un proyecto de presupuesto”, comentó Calcagno, que luego de detallar las proyecciones elaboradas por la proyección, luego comparó los datos oficiales con los que daban otras instituciones como el FMI o la JP Morgan, demostrando que “tenían cifras más cercanas al proyecto que nosotros presentamos y ustedes rechazaron”.

Reprochó a la oposición que por primera vez en democracia se hubiera dejado a un Gobierno sin presupuesto, y advirtió que “los objetivos fueron cumplidos satisfactoriamente, tal lo dice el dictamen de la AGN, con la excepción de los auditores radicales”.

Calcagno se quejó de “la incongruencia de que auditen un presupuesto que no existe… Es inadmisible políticamente. Eso tiene un costo y lo pagaron en 2011, como quizás vuelva a ocurrir en 2015”.

Remarcó lo que sucedió con los anteriores gobiernos, como el de Alfonsín, a quien aun fuera de tiempo se le aprobaron los presupuestos. “También ‘el Carlos’ tuvo su presupuesto cuando fue minoría. También De la Rúa, vaya si lo tuvo, y también tuvo esa cosita que fue la Ley de Déficit Cero. A todos les aprobaron los presupuestos, salvo a nosotros, salvo en el 2010, salvo en la época del grupo A”.

Luego, al año siguiente, dijo que la oposición no puso reparos y se preguntó, siempre con ironía: “¿Qué pasa, ya se estaban repartiendo cargos? Guiso de liebre antes de cazar la liebre… ya veremos”.

“Si se critican las subvenciones, me parece bien, me parecería más lógico que nos digan como las van a sacar y digan cuánto va a valer el transporte y cuanto va a valer el servicio público. Pero también bajaron salarios, no hay malas nuevas…”.

En su discurso, el miembro informante del oficialismo se refirió hasta a Shakespeare. “La cultura es como la mermelada, cuanto menos se tiene, más se pone en la tostada”, deslizó. Es que señaló que al leer el dictamen de minoría “pensé un poco en Shakespeare”. Se refirió a un diálogo entre Polonio y Hamlet, en el que el primero le pregunta al otro qué estaba leyendo: “Un libro”. ¿Y qué hay en el libro? “Palabras, palabras, palabras…”. A continuación, Calcagno dijo que “pasamos al ser o no ser cuando pasamos al tema del desendeudamiento”. Ahí señaló que en su dictamen, la oposición señaló que al momento de la presentación de ese informe “la Argentina se encuentra en la necesidad de cerrar el capítulo de la deuda iniciada en 2005, con un resultado negativo”, y advirtió que “no estamos previsionando lo que hay que pagar a los holdouts, por lo tanto me parece que votar el dictamen de minoría es votar el pago a los fondos buitre. Eso me parece que supera lo que debería ser un tratamiento de cuentas de inversión”.

A su turno, el diputado Manuel Garrido sostuvo que “no es una discusión ficticia, hubo una discusión presupuestaria”, y destacó que las críticas en cuestión “no son algo que haya ocurrido solo en 2011, sino que es algo que sistemáticamente viene haciendo el Poder Ejecutivo, tal como ocurrió en el año 2011”.

Como réplica a Calcagno, dijo que “esto no queda saneado por la difusión de cifras de entidades públicas que se basan en datos del Estado nacional. Eso muestra que ese proyecto de presupuesto era un dibujo y el planteo de la oposición se basa en atribuciones que tiene el Congreso nacional”.

A modo de ejemplo, detalló la inflación que contemplaba por parte del oficialismo ese proyecto en cuestión y la comparó con la inflación real, que estimó entonces del orden 24% un 169% más. Lo mismo con el crecimiento previsto por el oficialismo en poco más del 4% y que luego superó el 8%, con un 107 por ciento de diferencia, lo cual permitió “que se ajustaran esas cifras mediante decisiones administrativas”.

A su turno, el también radical Enrique Vaquié puso énfasis en los gastos previstos y los comparó con las realizaciones. Luego destacó que “nos tomamos el trabajo, con el diputado Garrido, de ver no solamente el 2011, sino los cuatro años previos”. Y en ese sentido detalló datos de obras previstas y obras ejecutadas, habiéndose gastado siempre el 100% de lo presupuestado.

Luego aclaró que “nosotros no hicimos ninguna oferta, la hizo el Gobierno”. Y reprochó que “uno observa en el Gobierno que no aprende de los temas, que no leen”, lo cual redunda en “corrupción o malgasto que terminan en los juzgados. Lo interesante de los debates es que aprendamos”.

Con las cuentas de inversión los gobiernos rinden cuentas de cómo se obtuvieron y gastaron los fondos públicos en un año calendario. Por eso es considerada como un acto administrativo de control, en el sentido de que es un medio idóneo para verificar el real cumplimiento por parte del Ejecutivo de lo normado en la ley de Presupuesto y constituye una herramienta para el análisis y evaluación de la gestión gubernamental.