La Cámara de Diputados bonaerense sancionaría el proyecto que prohíbe a gobernantes poner sus nombres en obras públicas o vehículos oficiales. Además avanzaría en dos iniciativas de interés para el Ejecutivo: la baja del impuesto a los Ingresos Brutos a los créditos hipotecarios y la habilitación a proyectos de obras bajo la modalidad de contrato de participación “pública-privada”. Las bancadas avanzan en debates subrepticios sobre estas cuestiones y pulen detalles del temario sobre la base de unos mil proyectos en espera en el Cuerpo legislativo.

En el caso de la “Ley Antiploteos”, la iniciativa ya cuenta con la aprobación por unanimidad de la Cámara de Senadores, y prohíbe “incluir en las placas inaugurales o de identificación de las obras públicas o servicios relacionados con las mismas el nombre o sobrenombre e imagen del gobernador, o funcionario público que participe en la ejecución de la misma”.

En tanto, la rebaja de Ingresos Brutos a los servicios financieros de las entidades bancarias y no bancarias para los créditos hipotecarios, no presentaría mayores problemas al existir cierto consenso generalizado sobre la cuestión. Pues de esta forma se estima que se podrán ofrecer cuotas más bajas a aquellos que requieran de estos servicios para la adquisición de la vivienda única familiar. La reducción en la alícuota del 8 a 1,5 %, podría reducir en un 10 % la cuota de los créditos.

Por último también tiene lugar la sanción por parte de los diputados del proyecto de ley de adhesión a la normativa nacional para impulsar en la provincia contratos de participación Público Privada. La normativa fue presentada en el senado, donde se aprobó, por el presidente de la bancada de Cambiemos, Roberto Costa, pero ahora debe ser considerado por los diputados.

Por el momento el gobierno de la provincia de Buenos Aries viene desarrollando obras básicamente a través de la colocación de deuda pública, tanto en el mercado nacional como en el internacional; la idea de la administración de Vidal es tratar de pensar alternativas a esta realidad y desarrollar proyectos en los campos de infraestructura, vivienda, actividades y servicios, inversión productiva, investigación aplicada e innovación tecnológica a través de esta herramienta de gestión, tal como resulta el contrato con participación público-privada.

Se trata de la adhesión al régimen de Participación Público Privada nacional. La norma busca desarrollar proyectos en los campos de infraestructura, vivienda, actividades y servicios, inversión productiva, investigación aplicada e innovación tecnológica.