Por José Angel Di Mauro. Tanto se le reclamó a Cristina que volviera a usar la cadena oficial que lo hizo al comenzar y concluir la semana. En la primera, dio sus conclusiones sobre la muerte de Nisman; en la siguiente, volvió a derramar elogios sobre su gestión.
Pasado el desconcierto de la primer semana, el gobierno puso toda su voluntad en retomar la iniciativa. Era imperioso hacerlo para que la Presidenta pudiera viajar a China habiendo corrido del centro de la escena al menos un poco la cuestión Nisman. Por eso arrancó el mismo lunes con la cadena nacional que tanto se le había reclamado, dedicándose de lleno a la muerte del fiscal, y anunciando medidas políticas que desviaran en la medida de lo posible el tema.
Con la reforma de la Ley de Inteligencia pone a trabajar al Congreso en sesiones extraordinarias. Senadores y diputados tendrán ocupado todo el mes de febrero para convertir en ley el proyecto que de entrada encontró resistencias de parte de la oposición. De paso, el gobierno aprovecha para hacerlos tratar otras cuestione. El temario de la convocatoria enviado por el PEN abarca la consideración de “acuerdos para designaciones y promociones”, así como de “tratados, convenios y acuerdos Internacionales”, léase darle la media sanción que le falta al acuerdo con China.
“Se oponen antes de conocer el proyecto”, fue el reproche que hicieron los voceros oficiales del kirchnerismo. Los reparos opositores tenían su razón de ser: se informó que el director y el vice de la Agencia Federal de Inteligencia recibirían acuerdo del Senado y tendrían un mandato de 4 años, lo que implicaba que el próximo presidente debería convivir con un jefe de inteligencia heredado de este gobierno, cosa que en principio sucederá con los titulares del Banco Central, la AFIP y la tan polémica Alejandra Gils Carbó.
Ese cuestionamiento quedó de lado al conocerse el viernes el texto del proyecto enviado por el Ejecutivo. En el artículo 8° de la iniciativa se establece que el cese del director y el subdirector de la AFI “deberá ser dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional”, sin necesidad de intervención del Senado, lo que sí se requiere para su nombramiento. Tiene lógica: no se sostenía que el comando de la inteligencia estuviera en manos de alguien de signo distinto al del presidente. Contrariamente a los 4 años que se mencionaron al principio, esos mandatos no tendrán límites de tiempo, pero obviamente no excederán el período que esté el presidente que los designe.
Sorteado ese cuestionamiento, no hay por qué pensar que la oposición apoyará el proyecto, que establece que la Dirección de Observaciones Judiciales pasará a manos de la Procuración General de la Nación. Precisamente esa es una de las principales críticas de la oposición, que no quiere saber nada con otorgarle más poder a su titular, Alejandra Gils Carbó, en cuyas manos quedaría el tema de las escuchas telefónicas.
En las disposiciones complementarias queda establecido que se transfiere la totalidad del personal, bienes, activos y patrimonio de la actual SI a la AFI -con la mencionada excepción de la Dirección de Observaciones Judiciales-, lo cual merecerá el previsible cuestionamiento que tanto se oirá en el recinto, respecto de estar simplemente ante “un cambio de nombre”.
Para maquillar su oposición, los diferentes bloques de la oposición presentarán proyectos alternativos que no tendrán que elaborar contrarreloj, pues muchas iniciativas sobre el tema presentaron en los últimos años, pero nadie duda de que la nueva AFI saldrá casi sin modificaciones.
Otra medida oficial de esta última semana en la que el gobierno buscó retomar la agenda fue la presentación del penalista Roberto Carlés para reemplazar a Zaffaroni en la Corte Suprema. A diferencia de lo que pasará con el proyecto de Inteligencia, las perspectivas del discípulo de Zaffaroni en el Senado son bastante remotas, habida cuenta de la postura opositora exteriorizada en noviembre pasado de rechazar que este gobierno designe integrantes para el Tribunal Superior. Y el nombre elegido no contribuye para alterar esas perspectivas. Con ese panorama, todo indica que lo que el gobierno busca con esta movida es victimizarse y sumar elementos para sus argumentos de desestabilización.
La Presidenta cerró la semana con una nueva cadena nacional -más parecida a las habituales-, en la que buscó dar una vuelta de página y así partir más tranquila hacia el Lejano Oriente. Con ese objetivo obvió el tema Nisman -salvo ciertas alusiones tangenciales- y se ocupó de “las buenas noticias”. Habló de un día “pleno de gestión”, enfatizando el objetivo de esa cadena nacional de mostrar al gobierno “recuperando” el centro de la escena. El elemento convocante era la firma de convenios de desendeudamiento con las provincias afines, una excusa para poblar de gobernadores el auditorio, pero el eje del discurso presidencial fue por otros andariveles.
Arrancó con otra inauguración ferroviaria, con un sonriente Florencio Randazzo que se ilusiona con ser el elegido presidencial. La cara circunspecta del gobernador bonaerense, sentado entre Amado Boudou y Sergio Urribarri, lo decía todo. Las caricias presidenciales al ministro del Interior y Transporte, protagonista de la videoconferencia previa y citado puntualmente durante la cadena presidencial, contrastaron con la leve referencia que Cristina le dedicó a Daniel Scioli promediando el acto.
“Alguien me decía recién, entre vos en la silla (de ruedas), José Luis (Gioja) operado, y a mí que me falta un brazo, no podemos dar tanta ventaja. Se imaginarán quién me lo dijo cuando se acercó a saludarme”, fue el comentario presidencial.
En tren de formular anuncios, el gobierno “gastó” el del aumento para los jubilados correspondiente al mes de marzo. Insistió varias veces en que se trata del “incremento más grande” desde que se aprobó la Movilidad Jubilatoria, y aclaró que lo anunciaba porque tenía la obligación de hacerlo pues se paga a partir del 1° de marzo. “Que quede claro por qué lo anuncio hoy”, remarcó, aunque normalmente lo hubiera hecho en febrero, a no ser por la necesidad de generar noticias que contribuyan a cambiar el clima.
La fiesta en la Casa Rosada contrastó con las imágenes conmovedoras del día anterior en el sepelio de Alberto Nisman, a quien no se nombró en la cadena del viernes. Como el de Scioli, los rostros de algunos otros gobernadores mostraron una parquedad más acorde a los tiempos políticos que se viven. Se especuló durante la semana con la resistencia de algunos a concurrir, molestos por el tenor del documento que debieron firmar en el Consejo Justicialista, dadas las circunstancias, pero al final allí estuvieron. Y allí estarán en abril, cuando deban firmar otra vez el mismo convenio. Las estrecheces económicas de sus distritos no les dejan mayor margen de maniobra.
Así como los hechos de dominio público contribuyeron a apagar el entusiasmo del gobierno por la “explosión turística” que hubiese deseado fuera “el tema” del verano, difícilmente el importante viaje presidencial a China monopolice la atención general como hubiese deseado. Un hecho bisagra ha dejado heridas cuya profundidad se verificará con el paso del tiempo. Pero que pudo percibirse en la semana cuando ningún funcionario nacional concurrió al acto por el Día del Holocausto en la sede de la AMIA, y por primera vez ningún miembro de las principales entidades judías fue al realizado ese mismo día en la sede de la Cancillería.
