Las Comisiones de Derechos Humanos y Justicia de la Cámara baja no lograron reunir el quórum para la reunión conjunta, que se frustró por segunda vez.
La reunión conjunta entre las Comisiones de Derechos Humanos y Garantías y de Justicia, presididas por los diputados Victoria Donda (Libres del Sur) y Juan Pedro Tunessi (UCR), se frustró tras no alcanzar el mínimo de diputados necesarios para sesionar, al igual que el 29 de junio, cuando se había convocado por primera vez.
Por parte de la primera Comisión, apenas cinco legisladores se hicieron presentes. Su presidenta, Victoria Donda, no pudo acudir a la reunión por encontrarse declarando en la ESMA.
El tema a debatir era el resarcimiento económico a ex empleados del Estado “cesanteados, u obligados a renunciar, por motivos políticos o gremiales” durante la última dictadura militar.
La iniciativa en cuestión fue presentaba por los diputados oficialistas Roberto Robledo y Patricia Fadel, y establece que “todos los ex agentes y empleados del Estado nacional, provincial, municipal, empresas públicas, Universidades Nacionales y Asociaciones u Organismos intervenidos durante la última dictadura militar que hayan sido cesanteados, declarados prescindibles u obligados a renunciar, por motivos políticos o gremiales con anterioridad al 10/12/83” serán beneficiarios de indemnizaciones.
El monto será equivale “a treinta veces la remuneración mensual de los agentes Nivel A, Grado 8, del Sistema Nacional de la Administración Administrativa Decreto 993/91 t.o. 1995”.
Además, se establece la creación de un “Registro de Cesanteados Políticos”, en el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos, que tendrá como función “la confección de un padrón nacional de cesanteados sin causa justa”.
Cabe aclarar que la Comisión de Derechos Humanos se reunió apenas dos veces en el año, mientras que la de Justicia lo hizo en tres ocasiones.
