El diputado nacional Jorge Mario Álvarez (UCR – Santa Fe), quien recorrió junto a un grupo de diputados nacionales y provinciales las obras que realizó en el Chaco la Fundación Madres de Plaza de Mayo, denunció que “a la Fundación la usaron de pantalla para cometer ilícitos”.

Además, agregó que “toda la operatoria fue una sumatoria sistemática de violaciones al federalismo, al régimen de coparticipación, a las autonomías municipales, a la ley de Obras Públicas, a la ley de FONAVI, consumando un desmanejo de los fondos públicos”.

Álvarez informó que los legisladores pudieron corroborar “cómo se utilizan los recursos públicos en la Argentina”, y denunció que “ésta es la punta del ovillo de cómo se maneja la obra pública nacional”.

“Estas son viviendas que se construyen sin ningún tipo de licitación, y lo más grave es que el propio gobernador Capitanich reconoce que estos son convenios entre el Gobierno nacional y el provincial, con contratación directa con la Fundación Madres de Plaza de Mayo, sin licitación ni ninguna otra compulsa de precios”, explicó.

Álvarez señaló que Capitanich fundamentó ante los diputados que “por cuestiones de emergencia había que darle la construcción de viviendas a la Fundación”, ante lo que le planteó que no es casualidad que no sólo la provincia del Chaco, sino todos los municipios y todas las provincias que han hecho convenios fueron con la Fundación, usando su prestigio para puentear la ley de obras públicas de la Nación.

“No es entendible que alguien te diga con qué empresa se tiene que hacer una determinada vivienda, esto no es justificable”, razonó el lesgislador.

Álvarez, presidente de la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara baja, destacó que “el monto que se contrató con la Fundación, es equivalente al presupuesto del FONAVi de la Nación. Las viviendas que deberían hacerse con participación de las provincias y de los municipios, se adjudicaron directamente a una organización no
gubernamental”.

Incluso, describió que “en algunos municipios, lo corroboró la propia intendenta de Resistencia cuando manifestó que empezaron a ejecutar los planes sin ningún tipo de autorización por parte del municipio y lo están haciendo en una zona baja, sin defensas, no respetando las planificaciones urbanas locales y, lo que es más grave aún, violando las autonomías municipales prescriptas en la Constitución Nacional”.

“Sin dudas comparto el ‘qué’, que es la importancia de construir viviendas para la inclusión social, pero no puedo aceptar el ‘cómo’. Si se hubieran realizado las licitaciones correspondientes, la cantidad de soluciones habitacionales sería mayor, sería muy grave aceptar que el fin justifica los medios”, concluyó Álvarez.