“Acoso laboral. Persecución ideológica. Violencia laboral. Nunca más”, es el título del informe elaborado por la ONG Asociación Juntos por el Trabajo en Libertad, una recopilación de los casos relevados de situaciones detectadas durante los últimos años, que recibieron las diputadas Margarita Stolbizer y Liliana Schwindt.

Estas legisladoras presentarán un proyecto para crear una comisión investigadora en el Congreso de la Nación, a instancias de esta asociación creada en marzo de 2015 por un grupo de personas desplazadas de sus lugares de trabajo ubicados en la administración pública nacional, provincial o municipal.

Los desplazamientos se dieron por distintos motivos aunque supuestamente con un factor en común: la negativa del trabajador a brindar su obsecuencia al gobierno. Entre ellos, y a modo de ejemplo, hablan de la existencia de desplazamientos originados al denunciar casos de corrupción, arbitrariedad en el ejercicio de la función pública, manifestar abiertamente su oposición a la política sectorial aplicada por el gobierno, por mantener vínculos con personas consideradas opositoras por el gobierno de turno, o simplemente llevar apellidos castigados por el mismo”.

Las diputadas Stolbizer y Schwindt encabezaron en los últimos años la realización de dos audiencias públicas en el Congreso de la Nación adonde asistieron muchas de las personas cuyos testimonios fueron recogidos en el informe de la asociación para relatar sus situaciones personales.

“No solamente fuimos detectando las situaciones individuales de violación a los derechos humanos, violencia laboral en la administración pública, sino que pudimos concluir que se trataba de una práctica sistematizada que había tenido por fin cometer actos irregulares, de corrupción, corriendo de sus lugares a las personas que no aceptaban convalidar las prácticas. Y la consecuencia de ello fue el vaciamiento de las capacidades estatales por la pérdida del recurso humano calificado de las personas con conocimientos y experiencia”, dicen las diputadas, que a partir de este informe solicitarán a la Cámara de Diputados la conformación de una Comisión Especial Investigadora de los hechos que han implicado situaciones de violencia y acoso laboral en la administración pública, para determinar las responsabilidades políticas, administrativa o judiciales y recomendar las acciones a seguir.