Mediante el decreto 659/21, el Poder Ejecutivo reglamentó este martes la Ley Diana Sacayán-Lohana Berkins (N°27.636), que establece un cupo del 1% dentro del Estado Nacional para la contratación de personas travestis, transexuales y transgénero.

En la medida, publicada en el Boletín Oficial, se designa al Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad como autoridad de aplicación y se lo faculta a “dictar las normas aclaratorias y complementarias que resulten necesarias para su efectiva implementación”.

Además, se indica que el “Registro de Anotación Voluntaria de Personas Travestis, Transexuales y/o Transgénero aspirantes a ingresar a trabajar en el Sector Público Nacional”, creado por el artículo 6 de la Ley pasará a denominarse “Registro Único de Aspirantes Travestis, Transexuales y/o Transgénero Diana Sacayán-Lohana Berkins”.

Por otra parte, se faculta a la AFIP “a dictar en el marco de sus competencias las normas aclaratorias y/o complementarias que sean pertinentes para hacer efectivo los beneficios impositivos” previstos en el artículo 11 de la norma.

La ley, sancionada en junio pasado por el Senado, establece que “el Estado Nacional, comprendiendo los tres poderes que lo integran, los Ministerios Públicos, los organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas y sociedades del Estado, deben ocupar en una proporción no inferior al 1% de la totalidad de su personal con personas travestis, transexuales y transgénero, en todas las modalidades de contratación regular vigentes”.

Entre sus principales puntos, prevé que “el requisito de terminalidad educativa no puede resultar un obstáculo para el ingreso y permanencia en el empleo”. En caso de que los aspirantes no hayan completado sus estudios, se les “permitirá su ingreso con la condición de cursar el o los niveles educativos requeridos y finalizarlos”, para lo cual la autoridad de aplicación deberá garantizar el acceso.

Además, “los antecedentes penales de las/os postulantes, que resulten irrelevantes para el acceso al puesto laboral, no podrán representar un obstáculo para el ingreso y permanencia en el empleo considerando la particular situación de vulnerabilidad de este colectivo”.

Asimismo, se establece que tendrán prioridad en las contrataciones del Estado aquellas empresas que cumplan con el cupo trans; en tanto se estipulan incentivos para el sector privado, tales como que “las contribuciones patronales que se generan por la contratación de las personas beneficiarias de la ley podrán tomarse como pago a cuenta de impuestos nacionales”.

Dicho beneficio tendrá la duración de un año y, en el caso de micro, pequeñas y medianas empresas el plazo se extenderá a dos años. En tanto, el Banco de la Nación promoverá “líneas de crédito con tasa preferencial para el financiamiento de emprendimientos productivos, comerciales y/o de servicios, individuales o asociativos, destinados específicamente a personas solicitantes travestis, transexuales y transgénero”.