En el marco de la última sesión ordinaria, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionó con 52 votos positivos, uno negativo y tres abstenciones una ley que establece la capacitación obligatoria en la temática de discapacidad para todas las personas que se desempeñan en la función pública, bajo cualquier modalidad de contratación, en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del distrito capitalino.

Según se desprende del documento, dicha capacitación deberá darse en conformidad con lo estatuido por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y podrá ser brindada bajo la modalidad virtual y de autogestión.

“Las personas que se nieguen sin justa causa a realizar las capacitaciones previstas en la presente ley serán intimadas en forma fehaciente por la autoridad de aplicación a través y de conformidad con el organismo de que se trate. El incumplimiento de dicha intimación será considerado en la evaluación de desempeño anual”, sostiene el texto recientemente aprobado.

En los fundamentos de la iniciativa, los legisladores porteños recordaron que en la Ciudad “viven más de 300 mil personas con alguna discapacidad conformando la mayor minoría, y ellos y sus familias necesitan que toda la sociedad tome conciencia de la necesidad urgente de una verdadera y plena inclusión” e indicaron que “los problemas que enfrentan cada día las personas con discapacidad son consecuencia de las barreras en la sociedad, las cuales pueden ser físicas, actitudinales, jurídicas, informativas, o de cualquier otro tipo, que provienen de las falencias de una sociedad o cultura para hacer lugar y brindar los apoyos necesarios a todos sus miembros”.

“Generar políticas públicas que fomenten y garanticen el acceso a la información, conocimiento y desarrollo de habilidades sobre equidad, inclusión y convivencia en el entorno laboral, es fundamental para crear ambientes de trabajo positivos y productivos”, remarcaron y precisaron que “esta capacitación es una herramienta más para lograr el objetivo de tener una sociedad completamente inclusiva, sin barreras ni prejuicios; en donde la plena participación de sus partes esté garantizada y los derechos de todos y todas sean respetados”.

Finalmente, los legisladores concluyeron señalando que “la formación en materia de discapacidad de los empleados públicos de los tres poderes, incluye al cuerpo de agentes de la Policía de la Ciudad, los bomberos, los trabajadores de la educación y la salud representando así un avance significativo para ese objetivo”.