En una muestra más del dogmatismo ideológico que guía al gobierno de Javier Milei, el nombramiento de Federico Sturzenegger como “ministro de Desregulación” no tardó en mostrar su faceta más cruda. En nombre de un supuesto orden económico, se cerró primero la Agencia Nacional de Seguridad Vial y luego se inició el desmantelamiento de Vialidad Nacional, dos organismos clave para el control, mantenimiento y seguridad de las rutas argentinas. Las consecuencias no se harán esperar: más accidentes, más muertes, rutas destruidas, y un Estado que vuelve a mirar hacia otro lado mientras el país se desangra por sus caminos.

Argentina tiene una red vial de más de 230 mil kilómetros, de los cuales apenas el 13% está pavimentada. Ya en condiciones normales, la infraestructura vial sufre un deterioro crónico producto de años de subinversión.

Ahora, al eliminar los organismos que diseñaban políticas preventivas, fiscalizaban el tránsito pesado, coordinaban controles de alcoholemia y gestionaban obras prioritarias, el gobierno no solo le suelta la mano a millones de usuarios, sino que pone en riesgo la vida de miles. La desregulación, cuando se aplica sin criterio, sin planificación y sin responsabilidad social, deja de ser una herramienta de eficiencia para convertirse en un acto de abandono.

El relato liberal de Milei insiste en que el mercado resolverá todo, incluso lo que históricamente ha sido función indelegable del Estado: garantizar caminos seguros, señalizados y transitables. Pero el mercado no invierte donde no hay ganancia inmediata. Las rutas del interior profundo, que no aparecen en las planillas del Excel libertario, son vitales para las economías regionales, el turismo, la producción agropecuaria y la integración nacional. Desfinanciar Vialidad Nacional o trasladar sus funciones a las provincias, sin recursos ni planificación, es como tirar un enfermo a la calle con la excusa de que “algún hospital privado lo va a atender”.

Además del impacto económico y humano, la eliminación de la Agencia de Seguridad Vial deja en un limbo institucional a miles de agentes capacitados que coordinaban operativos junto a fuerzas federales y provinciales. Esta medida representa una peligrosa señal: que la vida en ruta, que los controles, que la educación vial, ya no importan. Justo cuando los siniestros viales son la principal causa de muerte en menores de 35 años en Argentina, el Estado decide desentenderse del tema, amparado en una lógica de planilla de cálculo y cinismo burocrático.

Esta decisión, lejos de significar una modernización, es una regresión brutal. Es un error estratégico, político y ético. Porque desregular no es arrasar. Porque achicar el Estado no puede ser sinónimo de desarmar funciones esenciales. Y porque un gobierno que no cuida sus rutas ni a quienes las transitan, está condenando al país a un aislamiento aún más profundo del que ya padece. Gobernar no es solo recortar: es elegir qué se preserva y qué se potencia. Y en esa elección, Milei y Sturzenegger han fallado. Gravemente.

Vallone es diputado nacional (MC)