La diputada nacional del bloque Coherencia presentó un pedido de informes para conocer con precisión la cantidad, ubicación, operaciones y costos asociados al oro que integra las reservas internacionales, así como también el circuito de exportación del oro de origen minero.
En un contexto de creciente interés por la composición y administración de las reservas internacionales, pero sobre todo tomando nuevamente distancia del Gobierno del que se ha distanciado, la diputada nacional Marcela Pagano presentó un proyecto de resolución solicitando al Poder Ejecutivo un amplio informe sobre el oro monetario que integra el balance del Banco Central de la República Argentina (BCRA), así como sobre las exportaciones de oro de origen minero.
El pedido, dirigido al Ministerio de Economía y al propio BCRA, abarca desde la cantidad de oro en poder del Estado —con detalle de pureza, ubicación y custodia— hasta las operaciones realizadas desde 2015 a la fecha, incluyendo ventas, swaps, repos y otros instrumentos financieros. También se requiere información sobre los costos asumidos por el Estado en concepto de transporte, seguros y almacenamiento, especialmente en el exterior.
Además, el proyecto pone el foco en el circuito de exportación del oro extraído en el país. Pagano solicita datos desagregados por provincia, empresa exportadora y país de destino, así como la relación entre los precios declarados y los valores internacionales de referencia. También se pide identificar las refinerías y bóvedas receptoras, junto con sus certificaciones internacionales.
La iniciativa busca arrojar luz sobre aspectos clave de la trazabilidad del oro argentino, tanto monetario como minero, y apunta a verificar el cumplimiento de estándares internacionales como los de la OCDE y la London Bullion Market Association (LBMA). En esa línea, se solicita información sobre los controles aduaneros, permisos de exportación, tributos liquidados y empresas contratadas para el transporte y aseguramiento del metal.
“El oro es un activo estratégico de la Nación, y su gestión debe estar sujeta a los más altos estándares de transparencia y control parlamentario”, argumentó Pagano en los fundamentos del proyecto, que ya comenzó a circular en comisiones.