Impulsan una ley que busca dar respuesta a una problemática creciente: familias y consumidores atrapados en deudas impagables. La iniciativa propone mediaciones, planes de pago y rehabilitación judicial para quienes no logran salir del ahogo financiero.
El diputado nacional Oscar Agost Carreño presentó un proyecto de ley para establecer en todo el país un Régimen de Prevención y Tratamiento del Sobreendeudamiento de las Personas Humanas, con el objetivo de dar una salida ordenada y equitativa a quienes enfrentan deudas imposibles de pagar. La iniciativa está dirigida exclusivamente a consumidores y familias trabajadoras, dejando fuera a empresas y actividades comerciales.
El texto propone medidas de prevención, como la obligación de bancos, tarjetas de crédito, billeteras digitales, mutuales y cooperativas de realizar evaluaciones objetivas de solvencia antes de otorgar créditos. También establece una instancia de mediación administrativa gratuita y optativa, previa a un juicio, para facilitar acuerdos con los acreedores. Allí se podrán negociar planes de reestructuración de hasta cinco años, con intereses limitados a la tasa activa del Banco Nación y sin capitalización.
En caso de no alcanzarse un acuerdo, el deudor podrá acudir a la justicia civil, comercial o de consumo, donde se abrirá un procedimiento especial. La sola apertura del proceso implicará la suspensión de ejecuciones, acumulación de juicios y freno a intereses punitorios, salvo en deudas alimentarias, laborales o tributarias.
El régimen prevé que el juez pueda aprobar planes de pago con quitas, reordenamientos y topes de hasta el 35% de los ingresos netos del deudor, con la posibilidad de imponerlos a los acreedores si resultan equitativos. Si el plan se cumple, o tras cinco años de iniciado el procedimiento, el deudor será declarado rehabilitado y los saldos remanentes quedarán extinguidos, salvo obligaciones alimentarias, laborales, tributarias o penales.
El proyecto también incorpora un capítulo de educación financiera obligatoria, con programas en escuelas secundarias y campañas públicas para adultos, en coordinación entre el Ministerio de Capital Humano, el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores.
En los fundamentos, Agost Carreño subraya que “el 91% de los argentinos está endeudado de algún modo y un porcentaje significativo lo está por cubrir gastos esenciales”, citando datos oficiales que muestran un fuerte aumento de la morosidad en tarjetas de crédito y préstamos personales. A su juicio, “no existe un procedimiento nacional que garantice un camino ordenado de rehabilitación para los deudores de buena fe”, y el proyecto busca cubrir ese vacío legal.
