El diputado nacional Gerardo Milman (Pro) presentó un proyecto de ley que busca garantizar la recuperación rápida y efectiva de la propiedad privada en casos de ocupación ilegítima o incumplimiento grave de obligaciones contractuales, respetando en todo momento el derecho de defensa de los ocupantes.

"La propiedad privada ha dejado de ser un mero tema técnico-jurídico para convertirse en el eje central de la disputa política, económica y cultural de nuestro país", observó el legislador, al tiempo que remarcó que "la propiedad no es solo un derecho subjetivo de los individuos, sino también un pilar de la convivencia social, la prosperidad económica y la vigencia misma del Estado de Derecho".

En esa línea, el bullrichista explicó que la iniciativa "busca subsanar un problema constante para quienes reclaman la restitución de una propiedad privada: la lentitud, ineficacia y, en muchos casos, la inoperancia del sistema judicial para restituir con rapidez la posesión a quien es titular legítimo de un inmueble".

"La demora judicial en restituir inmuebles usurpados constituye una forma de expropiación fáctica por vía de la tolerancia, donde la ley se vuelve cómplice de la ocupación ilegal", señaló y agregó que "allí donde el Estado fracasa en garantizar la propiedad, lo que se erosiona no es solamente la economía, sino la libertad misma".

Milman sostuvo que "no insistimos en la defensa de la propiedad por un capricho elitista ni por ni un resguardo patrimonialista, sino porque es la condición mínima para el ejercicio de cualquier proyecto de vida autónomo y nuestra República se sostiene sobre la igualdad ante la ley".

"Sabemos que el problema de la vivienda es complejo y que existen déficits habitacionales en la Argentina, pero la justicia social no puede edificarse sobre la injusticia particular de despojar", expresó el diputado aliado de La Libertad Avanza.

Para el bonaerense, "no podemos seguir tolerando un régimen donde usurpar resulta más rentable que invertir. La democracia argentina tiene hoy la oportunidad de elegir entre dos caminos: o la convalidación de la ilegalidad bajo el pretexto de la sensibilidad social, o el restablecimiento de un orden de libertad donde la ley ampare al justo y no al injusto".

Mediante el proyecto se crea un "procedimiento de desalojo exprés aplicable a los casos de ocupación ilegítima de inmuebles, cuando el propietario acredite de manera fehaciente la titularidad del dominio o un título que le otorgue derechos ciertos sobre la propiedad, debidamente inscripta en el Registro de la Propiedad Inmueble".

El procedimiento especial tendrá carácter sumarísimo y se aplicará con preferencia a cualquier otro trámite ordinario o especial.

De acuerdo a la iniciativa, el ocupante será notificado dentro de los 5 días corridos desde la admisión del procedimiento y se otorgará un plazo de 5 días hábiles para que el ocupante presente descargo y ofrezca pruebas documentales que avalen su derecho. Vencido este plazo, el juez deberá dictar sentencia dentro de los 10 días hábiles siguientes.

Si se confirma la ocupación ilegítima o el incumplimiento contractual, el juez ordenará la restitución inmediata del inmueble al propietario, con auxilio de la fuerza pública si fuere necesario. "La ejecución del desalojo deberá respetar la integridad física y los derechos básicos de los ocupantes, incluyendo la derivación a servicios sociales cuando corresponda", agrega el texto.