Con un debate que previamente se acordó acotar a un número limitado de oradores, la Cámara baja debate una modificación a la Ley 26.122, la que reglamentó el uso de los decretos de necesidad y urgencia, delegados y de promulgación parcial de leyes.

Un tema previsible y fuertemente rechazado por el Gobierno nacional, dado que apunta a al corazón del mecanismo oficial en materia legislativa: la potestad de legislar por la vía del decreto, para compensar la gran endeblez legislativa que padece esta administración.

En el arranque del debate, la diputada de Unión por la Patria Mónica Litza aseguró que esta reforma “no es quitarle las facultades al presidente (Javier) Milei de dictar decretos de necesidad y urgencia como estuvieron diciendo victimizándose”, al hacer hincapié en la minoría parlamentaria con la que cuenta La Libertad Avanza, y recordó que “tuvieron demasiada ayuda, dadores voluntarios de gobernabilidad no les faltaron” en el Congreso.

La massista recordó que desde la introducción de esta herramienta en la Constitución de 1994 hasta la Ley 26.122 que los reglamentó “pasaron 12 años”. Y apuntó que Cristina Fernández de Kirchner como senadora fue su impulsora y, más tarde, como presidenta, “fue quien menos uso hizo de DNU”.

“No es el instrumento, es cómo se han usado”, remarcó y cuestionó el DNU 70/23 de 366 artículos con el que Milei inauguró su gestión. “No todos los DNU fueron iguales, hay DNU que ampliaron derechos, la AUH fue hecha por DNU, y hay DNU que vinieron a destruir el Estado, que es una de las funciones que tenía el presidente Milei como objetivo”, agregó.

El jefe de Encuentro Federal, Miguel Pichetto, recordó que él participó del debate de la Ley 26.122 en 2006 y subrayó: “Había ocurrido recientemente el 2001 y había que darle instrumentos de gobernabilidad a un gobierno que había surgido del 22% de los votos de la primera vuelta. Así que hay que analizar el contexto, los tiempos y la mirada histórica”.

“Cada uno de los gobiernos ha utilizado este instrumento en exceso”, señaló y afirmó que “esta no es una iniciativa contra el Gobierno y el presidente de la Nación” sino “un elemento necesario e imprescindible en la resolución de la crisis económica que vive la Argentina”.

Para Pichetto, “este modelo de DNU está agotado, es imprescindible volver a recuperar el marco de debate institucional en el Congreso. Recuperar el consenso en el Congreso y salir del conflicto institucional, que nos lleva a aumentar el caos”.

A su turno, el legislador de Democracia para Siempre Fernando Carbajal expresó que “no somos enemigos de los DNU” pero “todos los presidentes de todos los signos políticos han abusado de manera consciente de esta herramienta”. Según el formoseño, esta modificación busca “un punto de solución hacia el futuro” y “no es contra el presidente Milei”, reiteró en línea con sus pares.

El radical crítico manifestó que se trata de “empezar a caminar el camino de la normalidad institucional” porque “los DNU tal como han funcionado no han respetado el espíritu de la Constitución”. “Olvidemos las diferencias y alcancemos el consenso de volver al régimen de nuestra Constitución”, pidió y al presidente Milei le sugirió -de cara a un posible veto- que tenga “una mirada histórica”.

Por el dictamen de minoría, la tucumana Paula Omodeo, aliada del oficialismo, habló de una “agenda de desestabilización” impulsada desde la oposición, por quienes “están buscando generar un clima de incertidumbre”. Recordó que ella compite contra el partido del presidente en su provincia, pero aclaró que “primero está la república. Es el momento de pensar en los argentinos en vez de pensar en las elecciones. No hay conveniencia de votar esta ley en este momento”.

A continuación, el oficialista Nicolás Mayoraz cuestionó el proyecto y arrancó: “Nadie puede acá pecar de ingenuo y creer realmente que todos los que hablaron antes, y después el kirchnerismo, realmente quieren mejorar las instituciones de la República”.  Por el contrario, consideró que “quieren desestabilizar al Gobierno, generar la mayor inseguridad jurídica que puedan y lo hacen a través de este proyecto de ley que modifica de la peor manera la ley”.

Sobre los DNU, el santafesino indicó que “la urgencia es una valoración política, no jurídica, y los DNU tienen naturaleza legislativa, entonces no se les puede aplicar una regla que no se le aplica más que a los proyectos de ley”. “No pueden a través de una ley modificar el diseño constitucional, porque cuando se le da atribuciones al Congreso para legislar sobre los decretos de necesidad y urgencia, de ningún modo implica eso que el Congreso pueda erigirse en constituyente”, afirmó.

El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales advirtió que “lo que están instalando es el gobierno del Congreso, una suerte de democracia parlamentaria, donde ya no va a ser el Ejecutivo el que tome las decisiones; si el Poder Legislativo se convierte no solo en el árbitro, el controlador de la validez de los DNU y los delegados, a través del simple silencio o incluso violando el sistema bicameral, queda entonces instalado este poder”.

En esta línea, resaltó que en el Senado hoy “la construcción de mayorías para obtener la media sanción de un DNU es prácticamente imposible; le están dando en esa cámara al kirchnerismo el poder para que decida cómo poder gobernar el Poder Ejecutivo”.

Por la Coalición Cívica, el presidente del bloque Juan Manuel López presentó el dictamen de minoría que labró su espacio y explicó que “los DNU no estaban previstos en la Constitución histórica, pero ya se habían usado antes de la reforma del 94”. Como repaso de gestiones anteriores, acusó que “durante los gobiernos de Carlos Menem y del matrimonio Kirchner se hizo uso y abuso de los DNU con el agravante de que tenían mayorías en el Congreso”.

Lejos de mostrarse amable con los integrantes de La Libertad Avanza, señaló que “el Poder Ejecutivo no puede emitir disposiciones legislativas y la pena es la nulidad absoluta e insanable”. Del mismo modo, cargó que “este presidente corrió una línea del DNU 70/2023”, y advirtió que “Juan Grabois dijo que Axel Kicillof, si es presidente, tiene derecho a su DNU 70”. “Pensemos qué vamos a hacer con nuestras instituciones”, concluyó.

A través de una breve intervención, el diputado mendocino Julio Cobos se defendió de las acusaciones libertarias vinculadas a una supuesta ausencia de proyectos de índole en los gobiernos kirchneristas y contestó: “En La Libertad Avanza dicen que nadie dijo nada, pero hemos presentado proyectos en el radicalismo, le traje un resumen”. Sobre el espíritu de la Ley 26.122, añadió que “las excepciones que propone la Constitución deben ser excepciones y no la normalidad de la regla” porque “con la ley vigente estamos transformando la bicameralidad en unicameralidad”. “Esto es un avance”, consideró.

El diputado nacional Ricardo López Murphy recordó que este tema fue uno de los primeros temas que planteó cuando asumió en diciembre del 2021, pero a la vez se mostró preocupado por una potencial resolución judicial que considere “inconstitucional” a esta reforma. Crítico de la Ley, cargó que “hemos contado por cientos los DNU como si el Congreso no existiera”, y aclaró que “nuestra institución se llama Parlamento porque es parlar, nos hemos olvidado de dialogar”.

Con un visible cartel que decía “narcotráfico nunca más”, Marcela Pagano de Coherencia señaló que este proyecto “busca el equilibrio porque el Congreso no fure creado para obedecer, para debatir, para representar y para preguntar”. Definió, además, que “esto es un debate moral”, y cargó que “el Congreso es un puente y si ese puente se rompe, nadie cruza”. También sostuvo que “no se trata de colores políticos, se trata de principios”, y cerró: “Cuando el Congreso se arrodilla, la Nación se apaga”.

Pablo Juliano, presidente del bloque de Democracia para Siempre, sintetizó el contexto de este debate: “Pocas veces el Congreso tiene la oportunidad de retomar un debate que tiene su epicentro con la reforma de la Constitución Nacional y pocas veces un poder constituido como loes este Poder Legislativo tiene la oportunidad de entrar en un diálogo con los constituyentes”.

En favor de esta reforma de ley, Juliano consideró que “es este el mejor Congreso para debatir esta ley porque fue el primero que rechazó un decreto”. Sin embargo, cuestionó las intervenciones de los legisladores del Pro y La Libertad Avanza: “Esto no da lugar a un sector de acusar ánimos golpistas”. Para terminar, afirmó que “el hiperpresidencialismo es una de las grandes enfermedades de la Argentina”, y criticó la reforma de los organismos de inteligencia a través de un decreto de necesidad y urgencia.

Qué dice la ley

El proyecto convertido en ley este miércoles establece que los DNU deberán versar sobre una única materia a fin de que sean tratados individualmente. Este artículo se contrapone a lo que sucedió con el DNU 70/2023 que modificó y derogó más de 300 leyes bajo el propósito de la desregulación de la economía argentina.

El segundo ítem distintivo de esta reforma planteada es la que habilitaría a ambas cámaras a abocarse aún durante el receso parlamentario al expreso e inmediato tratamiento de futuros decretos. Si bien la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo está habilitada a reunirse en el período que va del 1° de diciembre al 28/29 de febrero, esta modificación autoriza a abrir a los recintos una vez que se cumplan los diez días hábiles desde el ingreso del DNU.

El otro cambio sustancial de la Ley 26.122 es el trámite legislativo de blindaje a los DNU: en caso de que prospere este nuevo régimen, los decretos se considerarán aprobados cuando ambas Cámaras se expresen por mayoría absoluta de los presentes en un plazo de 90 días desde la publicación en el Boletín Oficial. El último antecedente es el DNU 179/2025 que aprobó el nuevo Acuerdo con el FMI y quedó blindado con solamente el aval de la Cámara baja.

La última propuesta de cambio a la Ley de DNU es establecer que el rechazo de una de las dos Cámaras signifique la derogación total del decreto quedando imposibilitado de dictar otro que verse sobre la misma materia durante ese año parlamentario. Este artículo, contempla, además, que en caso de no ser tratados en el plazo de los primeros 90 días por alguna de las dos Cámaras también signifique la caída total del decreto de necesidad y urgencia.

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