Un grupo de diputados muy cercanos al Gobierno presentó un proyecto para reducir el costo de la energía eléctrica en el Norte Grande y el norte de Santa Fe y Entre Ríos durante los meses de mayor calor. La iniciativa busca aliviar el impacto en los hogares más vulnerables y garantizar equidad territorial.
Poco antes de que el bloque Liga del Interior se desarme para que sus integrantes concluyan sus mandatos o se sumen al bloque oficialista, presentaron un proyecto de ley que crea el Régimen de Tarifa Diferencial Estival para Zonas Cálidas. El objetivo es atenuar el costo del consumo residencial de energía eléctrica durante los meses de mayor temperatura, en regiones donde el uso de climatización es indispensable.
La propuesta contempla su aplicación en las diez provincias del Norte Grande (Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán) y en departamentos del norte de Santa Fe y Entre Ríos. El beneficio regirá entre el 1° de noviembre y el 28/29 de febrero, con un tope de 1.000 kWh mensuales por punto de suministro para evitar consumos excesivos.
La iniciativa impulsada por los diputados nacionales Mariano Campero, Martín Arjol, Francisco Monti y José Federico Tournier —también conocidos como “radicales peluca” por su alineamiento con el oficialismo en temas económicos— establece que el esquema será progresivo según ingresos: mayores reducciones para hogares de bajos recursos y alivio marginal o nulo para los de ingresos altos. Las rebajas oscilarán entre el 20% y el 60% sobre la tarifa plena. Además, el régimen será compatible con la Tarifa Social y otros programas de eficiencia energética.
Para financiar la medida, se creará el Fondo de Compensación Estival para Zonas Cálidas, que se integrará con una afectación específica del Impuesto a las Ganancias (entre 0,5% y 1% de la recaudación neta) y un aporte estacional de rentabilidad de las empresas eléctricas cuando sus márgenes aumenten en verano. El fondo tendrá cuenta específica, auditoría de SIGEN y AGN y reportes trimestrales para garantizar transparencia.
Los autores del proyecto sostienen que la iniciativa responde a una “realidad climática y socioeconómica verificable” y que busca evitar que el costo energético se convierta en un factor de exclusión o endeudamiento. “Es una respuesta federal, focalizada y responsable a un problema real y recurrente”, afirman en los fundamentos.
