Los decretos establecieron inicialmente una doble indemnización para quiénes fueran despedidos dentro del período de emergencia, la cual fue reducida luego al 80 y al 50 por ciento sucesivamente.

El proyecto fue defendido por el titular de la Comisión de Legislación del Trabajo, Héctor Recalde, quién destacó que la norma apunta a "dar seguridad jurídica a una decisión del ejecutivo" y puso de relieve "la necesidad de proteger la fuentes de empleo desvastada por la enorme desocupación".

Se trata de los decretos 883/02; 662/03; 256/03; 1351/03 y 369/04 que establecen la doble indemnización para casos de despidos sin causa justa, que fueron ratificados por 161 votos a favor, 2 en contra y 14 abstenciones.

La indemnización agravada no rige para los trabajadores que hayan ingresado a sus puestos a partir del 1 de enero de 2003 y luego despedidos sin causa.

Para ser ratificados y convertidos en ley los decretos que están siendo cuestionados en numerosos juicios laborales en curso, deberán ser aprobados ahora por el Senado.

Los diputados aprobaron además otro proyecto que obliga a los empleadores a emitir un certificado de aportes hasta una vez al año y agrega el derecho del trabajador de exigir al empleador el certificado de trabajo con constancia de los aportes efectuados cuando el contrato se extinguiera por cualquier causa. En el recinto, los diputados agregaron que el empleador tendrá que entregar esos certificados dentro del mes de solicitado y de no hacerlo, será sancionado con una indemnización equivalente a tres veces la mejor remuneración mensual, normal y habitual, devengada por el trabajador durante el último año.

En cambio, si el contrato laboral se extinguió el empleador deberá entregar en un plazo de cinco días hábiles el certificado con la constancia de los aportes.