El proyecto de ley de reforma penal impulsado por el Gobierno bonaerense sería modificado, en sintonía con algunos de los reclamos planteados por sectores del Poder Judicial que objetaron algunos de los cambios que, según el Ejecutivo, apuntan a “agilizar los procesos y a evitar que la mayoría de los presos que están alojados en las cárceles no tengan condena firme”.

La decisión de introducir algunas modificaciones al proyecto original surgió luego de las reuniones que diputados y senadores -del oficialismo y la oposición- mantuvieron con representantes del Tribunal de Casación y de los Colegio de Magistrados y Funcionarios Judiciales y de Abogados. En esos encuentros, los legisladores respaldaron la postura del Ejecutivo de eliminar el Tribunal de Casación y de crear juzgados orales de juicio unipersonales, pero coincidieron con sus interlocutores en “la necesidad de realizar algunos cambios” a la iniciativa redactada por los ministros de Seguridad y de Justicia, León Arslanián y Eduardo Di Rocco.

Una de las variantes en estudio es “mejorar la redacción del recurso extraordinario de apelación ante la Corte” y otra es “ampliar” el espectro de causas que tendrían bajo su órbita los 210 tribunales de juicio unipersonales que se crearían al dividir los 70 tribunales penales que funcionan actualmente con tres miembros cada uno.

El proyecto original prevé que los juzgados unipersonales sólo podrán encargarse de las causas cuyas penas sean menores a los 20 años de prisión, mientras que en el resto seguirán actuando los tribunales de tres miembros, y los legisladores intentarán definir hoy un esquema “más compensado”. Ese sistema pasaría por habilitar la participación de los tribunales unipersonales en causas en las que se investiguen delitos con penas mayores a las previstas inicialmente en el proyecto enviado por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados.

Otra modificación en estudio apunta a dejar en manos de la Corte la decisión de que los jueces deban cumplir tareas rotativas para cubrir vacantes en cualquier juzgado sin importar a qué tipo de ellos pertenecen (Correccionales o Criminales).

Además de la eliminación del recurso de revisión de sentencias ante el Tribunal de Casación, la reforma propuesta dispone que la resolución de apelaciones por incidentes -como nulidades, prisiones preventivas o excarcelaciones- sean resueltas por un solo juez en lugar de una cámara como ocurre actualmente.

Las sentencias quedarán firmes con las resoluciones de las Cámaras (primera apelación) y no con los fallos de la Corte como lo dispone el sistema actual. Así se busca que las condenas o absoluciones queden firmes en mucho menos tiempo.