Legisladores opositores realizaron presentaciones legislativas para reclama que se de marcha atrás con la Resolución del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos bonaerense Nº 281/05 y sus modificatorias.
El senador radical Enrique Honores consideró que “los aumentos en la tarifa de la luz son irrazonables desde el punto de vista jurídico y económico” y presentó una iniciativa en la Cámara alta bonaerense mediante la cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial que dimita la Resolución del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos Nº 281/05 y sus modificatorias que establece la adhesión de la provincia de Buenos Aires al Programa de Uso Racional de la Energía Eléctrica (PUREE).
Honores argumentó que “el PUREE se aplicó antes de determinados impuestos, lo que luego implicó que sobre el PUREE se cargaran otras obligaciones nacionales y provinciales, que tornó las tarifas extremadamente gravosa”.
Por cuerda separada, el presidente del bloque de diputados provinciales de la Coalición Cívica, Jaime Linares, calificó como un “disparate” la insistencia por parte del Poder Ejecutivo de mantener la adhesión al Programa de Uso Racional de la Energía Eléctrica (PUREE), “que lo único que hace es favorecer a las empresas prestadoras del servicio, y perjudica abiertamente a los productores rurales de alto consumo como son los tambos, fábricas de alimentos balanceados para feed-lot, riegos intensivos, productores frutihortícolas, etc., aplicándoles un incremento del orden del 150 por ciento “, por lo que sugirió imitar a las provincias de Córdoba y Santa Fe que no han suscripto el mencionado programa.
Linares sostuvo que “el PUREE se ha convertido en una “caja” para las distribuidoras, por lo que las medidas que se adopten tanto desde el punto de vista del control (auditar las obras necesarias que garanticen al abastecimiento) como propiciar su modificación y aún su eliminación, resultará sumamente dificultosa”.
A lo largo de la presentación, el senador Honores recordó que “a nivel Nacional, se presentó desde la Defensoría del Pueblo a cargo de Mondino un amparo colectivo para denunciar subas en las tarifas de electricidad de hasta el mil por ciento, superiores a las autorizadas por el Gobierno, que fueron habilitadas por varias resoluciones de la Secretaría de Energía”.
Desde el gobierno nacional se han ratificado los aumentos al afirmar que “no retrocederá con el nuevo esquema porque sólo afecta al 8% de los clientes residenciales del país”, mientras que tanto Edesur como Edenor salieron a descomprimir la afirmaron: “quienes no puedan cancelar la última boleta tendrán planes de pago de hasta un año”.
