Por Pablo Winokur

Se sabe que dentro de cinco o diez años más del 50 por ciento de los argentinos no podrá jubilarse. ¿Por qué? Las explicaciones son variadas según el color ideológico de quien responda, pero la cuestión de fondo es que desde hace muchísimos años la previsión social no es una política de Estado en la Argentina.

Más allá de esta explicación global, se hace ahora necesario resolver el problema, y para esto es necesario ir desatando los nudos uno por uno. Ahí es donde aparecen distintas miradas sobre los orígenes de esta difícil situación y -por ende- distintas soluciones propuestas, las cuales no necesariamente son excluyentes entre sí, al menos la mayoría de ellas.

¿Qué hacer con las AFJP? ¿Hay que seguir así o permitir volver al régimen de reparto? ¿Cómo hacer que el sistema se refinancie? ¿Qué pasa con aquellos trabajadores que -por culpa de situaciones externas- no llegaron a los 30 años de aportes? ¿Y con los que nunca trabajaron en blanco? ¿Qué pasa con la movilidad de las asignaciones? ¿Es posible pasar a un seguro universal?

Sobre la base de todo esto aparecen tres debates principales: el rol que cumplen las AFJP, el de las personas que no llegan a los 30 años de aportes, y el de los que no aportaron nunca.

Con la frente marchita

Cuando en 1994 el Congreso de la Nación sancionó la reforma al sistema previsional impulsada por el entonces zar de la economía, Domingo Cavallo, muchos previeron cómo terminaría el asunto. No había que ser un experto para darse cuenta de que había que seguir pagándoles a los jubilados de entonces y que nadie aportaría para financiar el sistema, con lo cual el Presupuesto nacional estallaría por los aires tarde o temprano. Así sucedió en 2001, cuando el Estado tuvo un déficit récord y tuvo que acudir a las AFJP para refinanciarse, con lo cual -otra vez- volvió a desfinanciar el sistema, que esta vez era privado. Con el default, los afiliados a las AFJP obtuvieron una quita importante en sus jubilaciones futuras.

El gran problema es que aquellos que se vieron defraudados por el sistema propuesto por Cavallo ahora no tienen escapatoria. La ley vigente prohíbe la vuelta al sistema de reparto. “En la Argentina uno se puede divorciar de la mujer o del esposo pero no se pude divorciar de la AFJP”, comentó Eduardo Semino, defensor de la Tercera Edad de la Nación.

Al respecto existen varios proyectos en el Congreso que tienden a revisar este tema. De hecho, a fines de 2002 se aprobó una iniciativa de María América González y Graciela Camaño, entre otros, que permitía -por única vez- volver al sistema de reparto. En ese entonces Eduardo Duhalde era presidente y Camaño ministra de Trabajo. El tema murió durante la presidencia de Néstor Kirchner, cuando las AFJP aceptaron el canje de la deuda, a cambio de que no se hable de la reforma al sistema previsional.

Los proyectos en cuestión están trabado mayoritariamente en el Senado, donde hasta el año pasado presidía la Comisión de Previsión Social el radical Carlos Prades. Sin embargo, desde el radicalismo desmintieron que el problema sea del titular de esa comisión. “Yo soy autor de un proyecto en ese sentido”, aclaró el jujeño Gerardo Morales, y dijo que no avanza “porque el Gobierno lo tiene parado. No hay una responsabilidad difusa en las cosas. Aunque un radical la presidía, la mayoría es del bloque justicialista. Nosotros tenemos iniciativas presentadas y firmadas por todo el bloque”.

Por su parte, su correligionario en Diputados Alejandro Nievas también presentó un proyecto de similares características. “Las cuentas en las AFJP deberían quedar como opcionales, para que el trabajador puede aportar en una cuenta individual, por encima de los aportes estatales. Pero no como el sistema actual, en que los trabajadores quedaron atrapados en la AFJP, aun cuando no resulte conveniente para sus intereses. Nosotros pedimos que los trabajadores puedan volver al régimen de reparto”, explicó Nievas.

Por su parte, la diputada del ARI María América González también insistió en la necesidad de que trate su propuesta. “Tenemos la obligación de liberar desde el Congreso a todos aquellos que aún no tienen beneficios jubilatorios y que están presos de las AFJP”, observó.

¿Por qué entonces no se permite la libre opción? Ningún diputado oficialista de los consultados por Parlamentario se animó a responder el tema. Sin embargo, dos opositores -uno a favor y uno en contra- intentaron explicaciones.

El diputado y economista de la CTA Claudio Lozano señaló que existe una serie de acuerdos “no escritos” para “el mantenimiento del sistema de administración de fondos de pensión”. En tal sentido, opinó que “es arbitrario que las AFJP tengan la mitad de su padrón con aquellos que no han optado por un sistema o por otro y que por una cuestión reglamentaria quedaron en una de las administradoras” y cuestionó la actitud del Gobierno al respecto.

Pocos se animaron a defender ante un grabador las causas de esta actitud. Especialmente aquellos voceros de un gobierno que se presenta como de “centroizquierda”. Sin embargo, desde la “derecha”, sí quisieron defender el sistema. El ex diputado de la UCeDé Mauricio Bossa sostuvo que “el Gobierno se ha dado cuenta de que las AFJP son aliadas y creo que los conflictos se dieron porque las AFJP querían que les devolvieran lo que habían prestado en dólares, pero solucionado eso…”, dijo a Parlamentario.

– ¿Entonces el proyecto para volver al sistema de reparto nunca va a prosperar?

– No le veo futuro. Sobre todo porque el Gobierno tiene la visión de preservar el superávit y la vuelta al reparto volvería a producir un agujero negro en las cuentas públicas.

– ¿Por qué si se habla tanto de libertades individuales no se le puede dar libertad a las personas de volver al régimen de reparto si así lo desean?

– Es una decisión política que ha tomado el Congreso en su momento. Se decidió que no haya más sistema de reparto en la Argentina, lo cual me parece correcto porque las AFJP pueden ser un elemento potenciador de la economía. Chile creó un mercado nacional de capital gracias a las AFJP. Entonces, yo quiero terminar con este debate y que se usen esos fondos para verdaderos proyectos de desarrollo.

Cuestión filosófica

Conocer el origen de un problema permite intentar posibles soluciones. La vuelta o no al sistema de reparto parece basarse en cuestiones filosóficas. ¿De quién es la responsabilidad del futuro de las personas? ¿De las personas o de la sociedad? ¿Del todo o de las partes?

Tanto radicales como aristas o duhaldistas coinciden en que el sistema debería ser “solidario”. “Cualquier sistema previsional debería ser solidario por dos razones. Primero, el que aporta hoy está siendo solidario con el que hoy cobra y, en segundo lugar, se debe pensar en un sistema redistributivo en que el que más tiene ayuda al que menos tiene”, opinó el diputado y ex ministro de Trabajo Alfredo Atanasof. Al respecto, el legislador duhaldista recordó que hoy existen 700 mil excluidos que no adhieren a ninguno de los dos sistemas.

Esta tesitura, compartida por María América González, es rechazada por Bossa, quien sostuvo: “Yo no soy partidario de diluir las responsabilidades individuales dentro de la sopa del dominio social, porque si no todos somos inocentes. Parte de la cultura previsional de la AFJP es que cada uno tiene que imaginar que hay que conseguir buenos empleos, en las mejores condiciones, y aportar para su futuro. Y el Estado debe dar la estructura legal para que esos aportes vayan a una AFJP sólida. Después hay temas estructurales que escapan y los que estamos acá tenemos que pensar en eso.

– Pero la mitad de la población es pobre, no tiene presente y es difícil pedirles que piensen en el futuro…

– Ese es el gran flagelo de la Argentina…

– ¿Entonces qué hacemos con el corto plazo?

– Hay propuestas para ir revisando. Por ejemplo, hemos votado una ley para que se jubilen personas que no tienen todos los aportes, y desde Diputados le hemos dado un punto de vista muy práctico.

50/60

“Demasiado viejos para trabajar, demasiado jóvenes para jubilarse”. Con este lema, la ONG 50/60 comenzó a impulsar hace unos años una campaña para lograr la jubilación anticipada. ¿En qué consiste esta propuesta?

Para obtener ese beneficio las personas deben ser mayores de determinada edad -60 las mujeres, 65 los hombres- y acreditar 30 años de aportes. La propuesta de la ONG estipula que una persona desocupada, que no llegue a cumplir uno de los dos requisitos pueda obtener los beneficios proporcionales.

La ley 25.994 fue aprobada por el Congreso en 2005, y durante todo ese año se suscribieron al beneficio 124 mil personas, según un informe presentado por el titular de la ANSeS, Sergio Massa. Hasta ahora sólo 61 mil están cobrando, pero el funcionario aseguró que el resto concluirá sus trámites en pocos meses.

Uno de los principales impulsores en el Congreso de esta iniciativa, el diputado Nievas, explicó a Parlamentario los alcances de la medida, pero aclaró que -desde su punto de vista- los beneficios todavía son insuficientes.

“Por el trabajo en negro, por el trabajo precario y todo lo que ha ocurrido en los últimos años, de acuerdo con las proyecciones para 2015, más del 60% de los trabajadores que llegue a los 60 años no van a poder cumplir con la ley y no va a poder jubilarse”, observó, tras lo cual agregó: “Por eso, nosotros hemos promovido un proyecto de jubilación proporcional, a los efectos de que los trabajadores se puedan jubilar, aun cuando no puedan cumplir con los 30 años de aportes. Que con 10, 15 ó 20 años pueda acceder a una jubilación proporcional”.

-¿Cuando usted dice “proporcional” significa que van a cobrar mucho menos?

-Nosotros partimos de que tiene que haber una jubilación básica para todos, y a partir de allí con escalas que vayan reconociendo los aportes que el trabajador puede comprobar en el sistema.

Universal

El tema nos remite al ex diputado y senador Baglini, y a su afamado teorema: cuando un partido está lejos del poder puede prometer lo que sea, pero a medida que se va acercando el margen para cumplir esas promesas se achica.

No es casual entonces que la mayor parte del arco opositor diga tener una solución para el mayor problema previsional que tiene la Argentina. Como se explicó al comienzo de esta nota los cálculos aseguran que el 60% de los argentinos no podrá jubilarse.

Para solucionarlo, tanto el radicalismo como el ARI y el duhaldismo tienen una misma propuesta. Un haber mínimo universal, que se financie con el superávit que hoy posee el Tesoro Nacional.

“Nosotros proponemos una reforma integral del sistema jubilatorio que tenga un primer pilar de beneficio ‘universal, uniforme, incondicional e individual’ para todos los mayores, independientemente de su historia contributiva. Con esto se garantiza que todas las personas de tercera edad tengan lo mínimo para vivir”, explicó a Parlamentario María América González. El plan del ARI se complementaría con otros dos pilares: un aporte personal a un régimen de reparto y uno voluntario que podría ser al sector privado para quienes posean sueldos más elevados.

Desde el radicalismo comparten la propuesta, aunque pocas veces los ha escuchado unirse para proponer un cambio. No obstante, Nievas insistió en que sin una reforma integral que contemple un piso mínimo de ingresos el futuro será difícil. “Indefectiblemente vamos a tener que ir a una reforma porque ningún país aguanta tener al 60% de su población fuera del sistema de seguridad social. Por lo tanto, tenemos que trabajar en una reforma que contemple la inclusión de la mayoría de los argentinos”, observó el legislador radical, quien además denunció que hoy la ANSeS tiene un superávit suficiente para promover una reforma, y que incluso le está comprando bonos al Tesoro Nacional.

Hoy el tema no parece ser prioridad para nadie. Tanto el Gobierno como la oposición parecen estar más ocupados con otros asuntos. Sin embargo, Nievas se mostró optimista. “Me parece que más allá de la voluntad política, la fuerza de las cosas se va a imponer y el reclamo social se va a oír en el Congreso”.